editorial
La UCO 'sentencia' al fiscal general: el juicio no ha salido como Sánchez esperaba
García Ortiz, despojado de toga y sentado en el banquillo como el primer fiscal general en la historia democrática en hacerlo, ha optado por el silencio selectivo: solo ha respondido a su defensa
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha sido testigo este miércoles de un mazazo que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, no vio venir. Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) han ratificado con frialdad quirúrgica su informe demoledor: el borrado "voluntario" del móvil y la cuenta de Gmail del fiscal el mismo día de su imputación, el 16 de octubre de 2024, no fue casualidad, sino un acto consciente que huele a encubrimiento.
El teniente coronel Antonio Balas, responsable del análisis, ha desmontado las excusas: "Todo lo filtrado estaba en manos de la Fiscalía General", y su "participación preeminente" en la obtención del correo de Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso- es "evidente" por su dominio jerárquico y las instrucciones nocturnas impartidas.
García Ortiz, despojado de toga y sentado en el banquillo como el primer fiscal general en la historia democrática en hacerlo, ha optado por el silencio selectivo: solo ha respondido a su defensa, negando filtraciones y alegando que su "obsesión era proteger a los fiscales, no perjudicar a González Amador".
Justificó los borrados como medida de "seguridad institucional" y se presentó como víctima de una "venganza", pero las declaraciones de la fiscal provincial Pilar Rodríguez y los agentes de la UCO han pintado un cuadro de filtrador serial: el correo fiscal, usado como arma contra Ayuso en plena campaña, llegó íntegro a Cadena SER y El Plural sin filtros técnicos posibles.
Pedro Sánchez, que designó a dedo a este guardián de la justicia, esperaba un trámite exprés para blindar su relato de inocencia. En cambio, el Supremo ha expuesto la fragilidad de su control: arremetidas contra el tribunal por "presionar" no bastan ante indicios que gritan culpabilidad.
La UCO no acusa directamente -"no hay pruebas", admiten-, pero sus deducciones son un veredicto moral: el poder no filtra la verdad, la pervierte. Ayuso emerge indemne, el PP olfatea debilidad en Moncloa, y García-Page, barón socialista, tilda la instrucción de "impecable" mientras cuestiona el "relato político" del Ejecutivo. Este juicio, lejos de cerrarse en falso, resquebraja el sanchismo: la Guardia Civil ha recordado que la ley no se doblega al relato oficial. Sánchez tiembla.