La corrupción socialista provoca muertos

El cobrizo atardecer cordobés del pasado domingo 18 de enero se tiñó de luto cuando, en la localidad de Adamuz, el tren de alta velocidad de Iryo, procedente de Málaga con destino a Madrid, descarriló y cruzó a la vía opuesta. Apenas unos segundos después, con el luctuoso siniestro aún palpitante, el tren Alvia de Renfe que circulaba por la vía opuesta de Madrid a Huelva impactó contra los restos de los vagones descarrilados, provocando todo ello uno de los mayores desastres ferroviarios de la Historia de España.

De hecho, la magnitud del desastre quedó pronto en evidencia, contabilizándose finalmente 45 muertos y 120 heridos con distintos grados de gravedad, añadiéndose además, tras la escalofriante frialdad de los datos, el punzante dolor de cientos de familias destrozadas por el adiós prematuro de sus seres más queridos.

En medio de la tragedia los servicios de emergencias de la Comunidad de Andalucía trabajaron sin descanso, en un intento de paliar los efectos de la catástrofe y localizar los cuerpos de los fallecidos entre los restos de los vagones, algunos de los cuales tardaron días en encontrar por estar enterrados bajo toneladas de hierro y tierra.

Aunque inicialmente surgieron diferentes hipótesis para explicar las causas del accidente, finalmente los informes técnicos de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios enviados al juzgado señalan una fractura previa del carril de la vía como la causa que motivó el accidente, pudiéndose por tanto haberse evitado la tragedia si se hubieran seguido los protocolos de seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria mínimamente exigibles. Tras dichas conclusiones periciales, las críticas de una sociedad convulsionada por tan enorme drama se han focalizado en el Ministerio de Transporte y en la empresa pública Adif, responsable del mantenimiento de las vías de alta velocidad. 

A su vez, justificando el elevado grado de indignación social provocado por el accidente, diferentes expertos en gestión de crisis y emergencias han coincidido en señalar que los fallos detectados en la comunicación entre los centros de control ferroviarios y los servicios externos de respuesta provocaron que la atención a los pasajeros del tren Alvia se demorara dos horas, lo cual trajo consigo fatales consecuencias. Por lo tanto, solo cabe concluir que el Ministerio de Transportes y Adif son los organismos directamente responsables de la tragedia ferroviaria, debido a las múltiples negligencias que en el desarrollo de sus correspondientes responsabilidades han incurrido.

En este sentido, en primer lugar, es necesario resaltar que la selección de los ministros de Transporte por parte de Pedro Sánchez ha sido cualquier cosa menos razonable y exitosa, algo que se podía prever cuando primero eliges a un putero corrupto, como José Luis Ábalos, y luego le sustituyes por un macarra poligonero, como Óscar Puente. Así, bajo la égida de estos dos impresentables ministros hemos podido comprobar cómo la dirección de Adif ha estado marcada por designaciones de carácter político y no por cuestiones meritocráticas, de tal forma que en los últimos años se ha producido el nombramiento de altos cargos ferroviarios sin experiencia en el sector, presentando como único mérito destacable ser amiguetes del ministro de turno, lo cual ha llevado, como no podía ser de otra forma, al descuido y la degradación de las infraestructuras ferroviarias. 

No debe extrañar a nadie por tanto el que diferentes expertos en la materia hayan señalado sin ningún tipo de subterfugios que la gestión de la red ferroviaria ha perdido rigor técnico y supervisión profesional bajo la égida de un ministro como Oscar Puente, más ocupado en proferir en redes sociales insultos a la oposición que en llevar a cabo sus labores ministeriales, probablemente porque sus habilidades intelectuales no dan para más. De hecho, los datos que acompañan la gestión de este deplorable ministro son contundentemente paupérrimos, como demuestra el que durante su mandato el gasto total destinado al mantenimiento de las infraestructuras haya sido tan solo el 16% de la inversión ferroviaria total, a lo cual debe añadirse que el gasto por viajero en lo relativo a la conservación de la red ferroviaria ha caído un 30% desde la llegada de P. Sánchez al poder, todo lo cual, lo mires como lo mires, no deja de resultar una auténtica fechoría, ya que no ha hecho otra cosa que poner en riesgo la seguridad de los empleados y usuarios del tren, como desgraciadamente se ha demostrado de forma atroz en el accidente de Adamuz.

Como era lógico que ocurriera, las deficiencias en la gestión y mantenimiento de Renfe se han dejado notar en la percepción que de dicha compañía tienen los viajeros. Así, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el descrédito de Renfe no ha hecho más que aumentar en los últimos años, mostrando los usuarios del tren un alto nivel de insatisfacción tanto con los trenes de cercanías como con los trenes de alta velocidad. A su vez, la página web de Renfe obtuvo malas calificaciones en un informe emitido por un organismo europeo, a lo que Óscar Puente respondió, con su habitual chulería y vacua prepotencia, que la calificación otorgada había sido enormemente generosa, quedando así inhabilitado no ya para desempeñar el cargo ministerial que ostenta, sino también para presidir una comunidad de vecinos.

A la luz de todo lo expuesto, parece evidente que la corrupción socialista no solo esquilma el bolsillo de los ciudadanos, sino que también provoca muertes, razón por la cual tanto P. Sánchez -por ser el responsable no solo de la elección de los ministros, sino también del seguimiento de su actividad- como Óscar Puente -por ser el máximo responsable de la tragedia ferroviaria- deberían dimitir inmediatamente, sin perjuicio de que con posterioridad se proceda a la depuración de posibles responsabilidades penales.

Obviamente, dada la profunda amoralidad que adorna a ambos sujetos, no cabe esperar que dimitan voluntariamente, por lo que corresponde al pueblo español la gratificante tarea de expulsarlos para siempre de la vida pública, ya que, como dijo el filósofo francés Jean Jacques Rousseau, “Una de las ventajas de las buenas acciones es la de elevar el alma y disponerla a hacer otras mejores”, si bien es cierto que en la España actual resulta difícil pensar en algo mejor que acabar con el psicópata monclovita y su cuadrilla de maleantes.