Sánchez da plantón al Senado y se anuncia guerra: posibles consecuencias jurídicas para el aprendiz de caudillo

En un nuevo episodio de lo que parece una huida sistemática de la rendición de cuentas, Pedro Sánchez ha decidido ignorar la citación del Senado este jueves para comparecer en un pleno extraordinario sobre los graves accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y las líneas R1 y R4 de Rodalies en Cataluña. El presidente del Gobierno, en lugar de asumir su responsabilidad, ha delegado en el ministro de Transportes, Óscar Puente, una maniobra que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán (PP), califica de inaceptable. Es su enésimo desplante a la Cámara Alta y parece que esta vez ha colmado la paciencia del presidente. En una carta remitida este miércoles, Rollán invoca los artículos 110 y 111 de la Constitución, así como los 70 y 182.1 del Reglamento del Senado, advirtiendo de "consecuencias jurídicas" si no se justifica debidamente esta ausencia.

El artículo 110 de la Carta Magna establece que "las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno" y que estos tienen acceso a las sesiones, mientras que el artículo 111 dispone que "el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras", regulando el control parlamentario directo, incluidas comparecencias obligatorias.

Por su parte, el Gobierno invoca el artículo 108, que afirma que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados". Sánchez interpreta esta norma a su antojo. Considera que le permite decidir qué miembro del Ejecutivo acude a informar en el Senado —en este caso, el ministro competente en vez del presidente—. Este argumento choca con la literalidad de los artículos 110 y 111, que otorgan a ambas Cámaras (incluido el Senado) el derecho a requerir directamente la presencia de cualquier miembro del Gobierno, incluido Sánchez.

Este "plantón" no es un mero desaire protocolario. El presidente del Senado, en su carta al jefe del Ejecutivo señala que la incomparecencia sin causa podría derivar en medidas parlamentarias e incluso acciones legales por incumplimiento de obligaciones constitucionales.

Las implicaciones van más allá de lo político. Si Sánchez persiste en esta actitud, podría enfrentarse a un recurso ante el Tribunal Constitucional o sanciones por obstrucción parlamentaria. Este desafío al equilibrio de poderes revela una arrogancia que erosiona la democracia: un presidente que se cree por encima de las instituciones. El Senado debe actuar con firmeza para recordar que nadie, ni siquiera Sánchez, está exento de la ley. De lo contrario, el Estado de Derecho quedará en entredicho.