Cuando fallan las infraestructuras, falla el Estado. Cuando se gobierna a golpe de titular, el sistema acaba fallando.

La comparecencia del pasado 3 de febrero del presidente de ADIF en el Senado ha confirmado lo que muchos ciudadanos sospechábamos y lo que el Gobierno se empeña en negar: el colapso del sistema ferroviario y el gran apagón eléctrico no fueron accidentes inevitables, sino el resultado de una cadena de decisiones políticas erróneas, advertencias ignoradas y una gestión irresponsable de infraestructuras críticas del Estado.

No hablamos de hechos aislados ni de mala fortuna. Hablamos de incidencias eléctricas previas perfectamente documentadas, de sobretensiones, de activación reiterada de sistemas de protección, de fallos en catenarias y señalización y de una red ferroviaria operando al límite de sus márgenes de seguridad. Hablamos de señales claras, persistentes y reiteradas de estrés en el sistema, que exigían prudencia, refuerzo operativo y medidas extraordinarias. Nada de eso se hizo.

El Gobierno ha querido correr más de lo que las infraestructuras podían soportar. Se ha forzado la electrificación y la descarbonización del transporte como bandera ideológica, sin acompañarlas de la inversión necesaria en redes, mantenimiento y resiliencia. Se han perseguido récords propagandísticos mientras se descuidaban los cimientos técnicos que sostienen el servicio público. Cuando se gobierna a golpe de titular y de anuncio, el sistema acaba fallando.

Y cuando falla, las consecuencias no son abstractas ni estadísticas. Son apagones masivos, caos ferroviario, trenes detenidos durante horas, ciudadanos abandonados en estaciones sin información ni asistencia, pérdida de confianza en los servicios públicos y, en el peor de los casos, tragedias humanas irreparables, como la ocurrida en Adamuz.

Adamuz no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la manifestación más cruel de una cadena de fallos, de alertas desatendidas y de decisiones que no se tomaron cuando debían haberse tomado. Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno responde siempre igual: decretos a posteriori, anuncios urgentes y promesas tardías. Se actúa cuando el daño ya está hecho. La prevención brilla por su ausencia; la rendición de cuentas, también.

ADIF gestiona una infraestructura crítica del Estado. Eso implica una obligación reforzada de anticipación, diligencia y transparencia. Sin embargo, tras las incidencias eléctricas previas al apagón, no consta la activación de protocolos extraordinarios, ni una revisión profunda de la operación ferroviaria, ni una evaluación preventiva acorde con la gravedad de los hechos. Comparecer después no sustituye a actuar antes. Y dar explicaciones tarde no compensa la falta de decisiones a tiempo.

A esta irresponsabilidad se suma un hecho especialmente grave: el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos en las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados aprobó por mayoría la realización de una auditoría externa e independiente de las infraestructuras ferroviarias, así como la puesta en marcha de un plan de atención y compensación a los ciudadanos afectados por incidencias graves en la red ferroviaria. Ninguna de estas medidas se ha ejecutado. Los mandatos parlamentarios se ignoran y los ciudadanos siguen pagando las consecuencias del caos sin respaldo, sin información y sin ayuda.

Lo más preocupante es que no se trata de una falta de recursos, sino de una clara elección política de prioridades. Mientras se destinan en torno a 5.000 millones de euros al mantenimiento de la red ferroviaria, una cifra claramente insuficiente para garantizar seguridad, fiabilidad y resiliencia, el Gobierno ha aprobado más de 3.000 millones de euros para el IDAE, destinados a proyectos de hidrógeno verde que en muchos casos están fracasando por falta de mercado, y ha anunciado hasta 10.000 millones de euros para un llamado “fondo soberano”, con el que se pretende intervenir, condicionar y colonizar empresas estratégicas al servicio de un proyecto político.

Se destinan miles de millones a experimentos ideológicos, a fondos opacos o a políticas de imagen, mientras se deja sin recursos suficientes a las infraestructuras que sostienen la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El resultado es un sistema ferroviario frágil, tensionado y cada vez menos fiable, que se mantiene a base de parches y que solo recibe atención cuando colapsa.

Cantabria ilustra con crudeza este abandono estructural. Una comunidad prácticamente aislada, sin tren de altas prestaciones ni electrificación que la conecte con Bilbao, sin AVE —ni siquiera hasta Reinosa— y con un servicio ferroviario de cercanías incapaz de garantizar normalidad, seguridad y fiabilidad. Pero el problema no es solo Cantabria. Extremadura, y otros territorios del país, sufren el mismo desprecio inversor y la misma falta de planificación, lo que revela un modelo que margina regiones enteras, degrada servicios públicos y erosiona la cohesión territorial y social de España.

Mientras tanto, se normaliza el caos ferroviario, se pide paciencia a los ciudadanos y se elude cualquier asunción de responsabilidades. Pero la seguridad ferroviaria no admite relativismos ni excusas. No puede depender de la suerte ni de la resistencia de un sistema llevado al límite. Por eso resulta inaplazable un plan de choque extraordinario, inmediato, verificable y evaluable, con medidas concretas, calendario y presupuesto suficiente. Un plan que priorice el mantenimiento, la resiliencia y la seguridad por encima de la propaganda. Pero resulta igualmente imprescindible algo que el Gobierno evita de forma sistemática: asumir responsabilidades políticas.

Porque cuando fallan las infraestructuras críticas, cuando se ignoran las alertas, cuando se incumplen los mandatos del Parlamento y cuando se normaliza el caos, el problema no es técnico. Es político. Un Estado que no protege sus infraestructuras esenciales no protege a sus ciudadanos. Y eso no puede —ni debe— seguir siendo aceptable.