Las lágrimas de una víctima
Marison Burón, madre de la asesinada Marta Calvo, en una imagen de archivo
Durante este último pleno del Congreso de los Diputados se vivió una escena estremecedora que nos dejó a muchos sumidos en un desgarro muy doloroso, y fueron las lágrimas de Marisol Burón, madre de la joven valenciana Marta Calvo, que suplicaba con la mirada desde la tribuna de la cámara que se aprobara la proposición de ley sobre la ampliación de los supuestos penados con prisión permanente revisable, defendida magistralmente por la secretaria del grupo popular la diputada alicantina Macarena Montesinos.
La petición fue clara, modificar el artículo 140 del Código Penal y la ampliación en dos supuestos para los que se prevé esta pena: la ocultación de cadáver y la reincidencia del delito de asesinato.
Marta Calvo desapareció la madrugada del 7 de noviembre de 2019 en la población valenciana de Manuel, y tras un juicio fue condenado por asesinato Jorge Ignacio Palma, que fue descrito en la sentencia como un asesino en serie que buscaba placer sádico en la contemplación de la agonía de la víctima. Hasta la actualidad, este asesino condenado se ha negado a confesar donde se encuentra el cuerpo de la joven valenciana.
Igualmente, Antonio del Castillo, padre de la joven Marta del Castillo, siguió telemáticamente la sesión del Congreso ya que tanto él como Marisol Burón, impulsaron esta iniciativa ya que llevan 6.257 y 2.320 días con sus terribles noches, respectivamente, preguntándose donde están sus hijas. Las lágrimas de una madre no conmovieron a la izquierda y a sus socios nacionalistas, que unieron sus votos para evitar que se aprobara esta proposición de ley, poniendo de manifiesto la indecente conducta de unos diputados que pulsaron el botón del no sin ningún tipo de remordimiento. Para unos la defensa de las víctimas es algo relativo y para otros depende de quién es víctima para considerar si deben o no atender sus reclamaciones, como manifestaron los portavoces del "no" durante el debate parlamentario.
En España hemos llegado a un punto en el que lo elemental, proteger a los inocentes y garantizar que los crímenes más atroces reciban una respuesta proporcional, se ha convertido en motivo de disputa ideológica. Y eso, en un Estado de Derecho serio, es inaceptable.
La prisión permanente revisable no es un invento caprichoso ni un gesto simbólico. Es una herramienta jurídica imprescindible para preservar la seguridad colectiva y para asegurar que quienes han demostrado una peligrosidad extrema no vuelvan a destruir vidas. Su finalidad es clara: “impedir que salgan de prisión quienes no están en condiciones de reintegrarse evitando que reincidan en sus actos y vuelvan a causar dolor y sufrimiento”. No hay nada más garantista que proteger a quienes ya no pueden defenderse.
Resulta estremecedor escuchar en sede parlamentaria que hay familias que llevan “2.320 y 6.257 días, con sus noches, preguntándose dónde está su hija”. Esa es la realidad que algunos prefieren ignorar mientras hablan de humanismo selectivo, un humanismo que siempre parece inclinarse hacia el delincuente y nunca hacia la víctima.
La ampliación de la prisión permanente revisable a supuestos como la ocultación de cadáver o la reincidencia en asesinatos de extrema gravedad no es una cuestión ideológica: es una exigencia moral. Y lo mismo ocurre con la necesidad de extenderla a depredadores sexuales y violadores reincidentes. En un país donde la ley del "Solo sí es sí" ha permitido la excarcelación de agresores sexuales y pederastas, donde fallan mecanismos tan básicos como las pulseras antimaltrato y donde se ha puesto en libertad a asesinos terroristas sin miramiento alguno, la resistencia a reforzar la protección de las víctimas resulta incomprensible.
La izquierda habla de principios, pero practica lo que el propio debate definió como “principios morales discontinuos”. Se indigna ante el endurecimiento de penas, pero guarda silencio cuando se excarcela a asesinos terroristas. Se envuelve en discursos de superioridad ética, pero olvida que la primera obligación de un Estado democrático es garantizar justicia, seguridad y dignidad a sus ciudadanos.
La prisión permanente revisable no es venganza. Es justicia. Es proporcionalidad. Es prevención. Y es, sobre todo, respeto hacia quienes han perdido lo más valioso que tenían, como ha puesto de manifiesto el propio Tribunal Constitucional.
España no puede permitirse seguir atrapada en debates ideológicos que ignoran el sufrimiento real de las víctimas. La defensa de la vida y de la dignidad humana no admite relativismos. Y quienes hoy se oponen a reforzar esta figura penal deberían recordar que la verdadera humanidad no consiste en mirar al delincuente con indulgencia, sino en mirar a las víctimas con responsabilidad.
Así lo puso de manifiesto una madre derramando sus lágrimas en la tribuna del Congreso frente a la gélida mirada de los socialistas, de los comunistas y sus socios nacionalistas. Muchos sentimos ese día náuseas.