Begoña Gómez tiene pánico al juez Peinado y al jurado popular: intenta evitarlo a toda costa

A Begoña Gómez le da pánico el jurado, no quiere verlo ni en pintura. De hecho, ha presentado un recurso de reforma contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que acumula todas las piezas de su causa y la remite a un tribunal del jurado popular. Su abogado, Antonio Camacho, denuncia “argumentos falaces”, “conjeturas” sin indicios y “demasiados olvidos”. Asegura lo de siempre, que solo se la investiga “por ser cónyuge del presidente del Gobierno” y advierte que un jurado, en un asunto “muy mediático”, podría generar un “juicio paralelo” y lesionar su derecho a un juez imparcial. En resumen: Begoña no quiere que la juzguen ciudadanos corrientes.

La paradoja es tan evidente como demoledora. La progresista Begoña Gómez, esposa del progresista Pedro Sánchez, y el propio progresista PSOE, que se autoproclaman abanderados de la “democracia participativa”, le tienen pánico a la institución más progresista del ordenamiento español: el jurado popular. Eso nos dijeron, que el jurado era muy progresista, como ellos. Fue el Gobierno de Felipe González, en 1995, quien lo impuso pese a la oposición de numerosos juristas que advertían de sus riesgos. Era la gran bandera contra el “elitismo judicial” heredado de la dictadura, el símbolo de que la justicia no solo la administran técnicos con toga, sino el pueblo soberano.

Pues bien, ahora ese pueblo soberano asusta a Begoña. El juez Peinado le imputa cinco delitos –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida– y, tras la corrección de la Audiencia Provincial, insiste en llevarla ante nueve ciudadanos que decidirán con sentido común, sin enredos procesales ni vericuetos jurídicos. Un jurado no se detiene en sutilezas de letrados: absuelve o condena mirando a los ojos de la realidad.

Y ahí está el nudo de la cuestión. Begoña Gómez sabe que los españoles la ven culpable. Siente pánico porque un jurado popular no comprará la narrativa de la persecución política; aplicará la lógica de la calle. Por eso intenta evitarlo “a toda costa”. Prefiere un juez técnico que quizá encuentre el resquicio legal. Lo que no quiere es justicia del pueblo. La misma que su partido vendió como conquista democrática. La izquierda, cuando le conviene, huye de sus propias banderas. Begoña no quiere que la juzgue España. Prefiere que la salve un despacho.