La “prioridad nacional” o la normalización del sentido común

Todos los partidos del espectro político coinciden en defender la existencia de impuestos a empresarios y trabajadores para sufragar los servicios sociales prestados por el Estado a los ciudadanos. Sin embargo, las divergencias entre los distintos partidos políticos del arco parlamentario empiezan a aparecer cuando se intenta establecer el grado de presión fiscal idóneo para sufragar el llamado Estado del Bienestar. 

Así, los partidos políticos liberal-conservadores apoyan una presión fiscal mucho más reducida que los partidos socialcomunistas, ya que mientras los primeros defienden entornos laborales que favorezcan la creación de empleo con el consiguiente aumento de ingresos por parte del Estado, los segundos defienden que es el Estado por la vía impositiva el que debe sostener los servicios sociales, de tal forma que se sienten habilitados para gastar dinero público con independencia de los ingresos generados.

En España, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, estamos padeciendo las consecuencias de unas políticas económicas fundamentalmente expansivas que originan que el crecimiento económico este fundamentalmente impulsado por el gasto del Estado y no, como debería ser, por la productividad del sector privado, lo cual a medio plazo compromete la viabilidad del sistema de pensiones, del sistema nacional de salud y del sistema educativo público. 

A ello debe sumarse el hecho de que alrededor de 60.000 millones de euros del gasto público, es decir, un 14% del PIB, resulta ineficiente y por ello superfluo, ya que no mejora la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la población. Para comprender la gravedad de la situación económica baste señalar que en el año 2026 España ha superado la barrera de los 1,7 billones de euros de deuda pública, razón por la cual el gobierno socialcomunista no ha hecho otra cosa desde 2018 que elevar la presión fiscal sobre una ciudadanía que cada vez tiene más dificultades para llenar la cesta de la compra. Obviamente, todo ello dibuja un cuadro macroeconómico que compromete no solo la adecuada prestación de servicios por parte del Estado, sino también la prosperidad de las futuras generaciones.

Pues bien, en este contexto en el que los españoles estamos asfixiados por unos impuestos confiscatorios y el futuro es cualquier cosa menos halagüeño, a Pedro Sánchez no se le ha ocurrido nada mejor que promulgar un Real Decreto para regularizar a más de 500.000 inmigrantes que han entrado en España de manera ilegal. 

Para más inri, a pesar de que un proceso de regularización masiva como éste cambia de facto la política migratoria, P. Sánchez ha optado por tramitar dicho decreto con carácter ordinario, evitando de esta forma que su propuesta pase por el Congreso de los Diputados que es precisamente el lugar donde reside la soberanía popular, demostrando con ello su desprecio a los legítimos representantes del pueblo español. 

Evidentemente, cualquiera puede entender que este proceso de regularización, debido a su enorme magnitud, provocará un considerable deterioro de los servicios públicos, un estancamiento de los salarios de los trabajadores menos cualificados y una dificultad sobreañadida en el acceso de los jóvenes a la vivienda. 

En consecuencia, solo cabe pensar que este nuevo palo de ciego del psicópata monclovita no es otra cosa que una fraudulenta medida que responde, por un lado, a la intención de crear un nuevo caladero de voto socialista y, por otro lado, al inicio de una nueva campaña de agitación y propaganda orientada a desacreditar a la derecha política que por razones obvias se opone a tan nefasta iniciativa. 

Confirmando el despropósito de esta política migratoria la Unión Europea -que actualmente está defendiendo más control migratorio y más expulsiones de inmigrantes ilegales- se ha puesto en alerta, señalando que todo inmigrante procedente del territorio español será devuelto con cargo a la administración española, lo cual no hace otra cosa que demostrar que en el ámbito europeo las políticas llevadas a cabo por P. Sánchez en el tema migratorio como en otros tantos temas están condenando a España a la marginalidad en el seno de la Unión Europea.

Enlazando con el proceso de regularización de inmigrantes P. Sánchez ha encontrado en los pactos suscritos entre el PP y Vox en Extremadura, Aragón y próximamente en Castilla y León un nuevo ariete con el que arremeter contra la derecha y seducir a la izquierda más radical y sectaria, la cual, a estas alturas de la tragicomedia nacional que ante nuestros ojos se está desarrollando, es la única que le queda en las alforjas electorales.

Así, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones de derechas contempla, entre otras cuestiones, lo que se ha dado en llamar “prioridad nacional”, esto es, una medida que en la práctica es un criterio político que establece un sistema de acceso a las ayudas públicas, consistente en la baremación de una serie de circunstancias personales entre las que fundamentalmente se encuentran los años de arraigo en territorio español y la situación de vulnerabilidad. 

Por lo tanto la “prioridad nacional” no establece una discriminación directa por nacionalidad, sino que favorece a aquellas personas que más tiempo lleven viviendo en España, que más han contribuido al fortalecimiento de los servicios públicos y que más necesitadas están. 

En consecuencia, una medida como la “prioridad nacional” no es de ningún modo fruto del racismo del PP y Vox, como pretende hacernos creer la izquierda, sino que es la normalización del sentido común, ya que no hay nada más anormal ni más insensato que el hecho de pretender que aquellas personas que llevan años en España trabajando y pagando impuestos para mantener el Estado del Bienestar no tengan preferencia a la hora de recibir ayudas de las administraciones públicas en relación a aquellas otras personas que han entrado ilegalmente en España y no han contribuido para nada a la sostenibilidad del sistema asistencial español, sino más bien todo lo contrario.

Decía el otro día Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados “Que sería de este Gobierno sin su guerracivilismo. Dicen no a la guerra, pero cada día se la declara a media España” y efectivamente así es, ya que a P. Sánchez, en su deriva radical, ya no le basta con insultar a los políticos de la oposición, sino que también necesita penalizar a esa inmensa mayoría de españoles que no está de acuerdo con su ignominiosa y corrupta forma de hacer política.