Sánchez interfiere en el juicio de las mascarillas: su fiscal general impide rebajar la pena a Aldama

Una vez más, Pedro Sánchez demuestra que las instituciones no son para servir a los españoles, sino para servirle a él. En la vista oral del juicio de las mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, había valorado la colaboración de Víctor de Aldama como “esencial” y “no autoexculpatoria”. El comisionista destapó la trama con testimonios y pruebas que han puesto patas arriba La Moncloa y Ferraz. Señaló directamente a Sánchez como “el escalafón uno” de la organización criminal, implicó a su esposa Begoña Gómez y destapó el presunto flujo de comisiones que, según su relato, acababa financiando al PSOE. Esa verdad incómoda le está costando cara.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato -digna sucesora en servilismo de Álvaro García Ortiz-, intervino de forma directa y ordenó a Luzón que no rebajara más la pena de Aldama. Así, se mantiene la petición de siete años de prisión, frente a los 24 que pide para Ábalos y los 19,5 para Koldo García. La atenuante muy cualificada por colaboración intensa se esfuma. Aldama, que ha colaborado desde fases tempranas y ha permitido conocer la auténtica dimensión de la corrupción en el Gobierno, se tiene que conformar con la pedrea. Señaló al presidente y a su entorno y paga el precio.

No es casualidad. Es marca de la casa. Sánchez ha convertido la Fiscalía en un instrumento al servicio del poder. Cada vez que alguien se atreve a mirar hacia arriba, aparece la mano del Ejecutivo para corregir el tiro. Mientras tanto, la acusación popular del PP ha solicitado rebajar la condena de Aldama en dos grados, aplicando la atenuante muy cualificada de confesión y colaboración. De ser aceptada por el juez, esa rebaja colocaría las penas por debajo de los dos años por delito y evitaría su entrada en prisión. El contraste es elocuente: el PP defiende la proporcionalidad de la Justicia; Sánchez, la impunidad propia.