Los fiscales estallan contra los tejemanejes de la cloaca de Sánchez y la Fiscalía General

La indignación entre los fiscales españoles ha alcanzado niveles máximos. La Asociación de Fiscales, a través de su presidenta Cristina Dexeus, ha calificado en una entrevista en ESdiario de “insuficientes” y “esquemáticas” las explicaciones ofrecidas por la Fiscalía General del Estado sobre las reuniones secretas mantenidas en su sede con Leire Díez, la conocida “fontanera” del PSOE implicada en la trama de las cloacas socialistas. No es un simple malestar corporativo: es la voz de una carrera fiscal harta de ver cómo la institución que debe defender la legalidad se convierte en un apéndice opaco al servicio del poder político.

Según las investigaciones en curso, Díez y su socio Jacobo Teijelo se reunieron al menos en dos ocasiones, en marzo y abril de 2025, con Diego Villafañe, entonces número dos de Álvaro García Ortiz. No constan en registros oficiales, ni expedientes, ni libros de visitas. Unos encuentros “inusuales” que, según la versión oficial, fueron inocuos. Nadie lo cree. La ausencia total de trazabilidad administrativa levanta sospechas legítimas sobre quién las autorizó, bajo qué criterio y con qué objetivo. La presidenta Dexeus ha sido clara: no basta con un comunicado vago. Se exigen respuestas completas, verificables y públicas sobre el papel de la cúpula fiscal en esos contactos.

Este escándalo no es aislado. Forma parte de un patrón preocupante bajo el Gobierno de Pedro Sánchez: la colonización sistemática de las instituciones. García Ortiz, ya inhabilitado por filtraciones irregulares, dejó una herencia envenenada que ahora arrastra a Teresa Peramato. La Fiscalía General, en lugar de ser un dique contra la corrupción, aparece salpicada por presuntas maniobras para boicotear causas incómodas para Ferraz. Los fiscales no denuncian un “ataque del Poder Judicial al Gobierno”, como repite la propaganda oficial. Denuncian la falta de transparencia, la politización y el riesgo de que la credibilidad del Ministerio Público se derrumbe.

La sociedad española tiene derecho a una Fiscalía independiente, no a un instrumento al servicio de una cloaca. Exigir explicaciones detalladas no es politizar la Justicia: es defenderla. Si Peramato y el Gobierno siguen escudándose en comunicados tibios, la brecha de confianza será irreversible. Los fiscales han hablado con claridad. Ahora toca que las instituciones respondan con hechos, no con más opacidad. La democracia lo exige.