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Editorial

La presidenta del CGPJ sucumbe a las presiones del Gobierno por Begoña Gómez: atropello institucional

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló

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La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha cruzado una línea roja sin retorno. Este domingo convocó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para estudiar la apertura de un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado. Su “delito”: incluir en el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una medida cautelar razonada como la retirada del pasaporte, advirtiendo del riesgo de fuga y mencionando la posible colaboración —por iniciativa propia o por órdenes superiores— de los escoltas asignados.

Es un escándalo intolerable. Mientras el ministro Marlaska elevaba su “más enérgica queja” por un supuesto “cuestionamiento” a las Fuerzas de Seguridad, Perelló se ponía en marcha un domingo para responder al clamor del Ejecutivo. La reunión acabó sin acuerdo y se aplaza a este lunes, pero el mensaje ya está enviado: el CGPJ actúa como departamento de bomberos del Gobierno cuando la esposa del presidente se ve en apuros.

Aunque las medidas impuestas por el juez Peinado (retirada de pasaporte y otras cautelares) pudieran considerarse excesivas o desproporcionadas, eso ha de seguir el cauce normal: el recurso ante la instancia superior, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, que es a quien, en todo caso, corresponde corregirlo o ratificarlo. No cabe una sanción a un juez por una apreciación que pudiera ser incorrecta. Solo cabe la corrección de la medida. Desde luego no tiene que entrar ahí el CGPJ y mucho menos hacerlo para satisfacer las demandas políticas del Ejecutivo.

Este atropello revela la sumisión del CGPJ. Mientras ignora o responde con tibieza a los ataques sistemáticos del Gobierno contra el Tribunal Supremo y los jueces independientes —acusaciones de lawfare, descrédito público y presiones continuas—, Perelló se moviliza con urgencia para proteger a la primera dama. No defiende la independencia judicial: la traiciona. No ampara a los jueces: los disciplina cuando incomodan al poder.

La independencia judicial agoniza bajo una presidenta que ha convertido el Consejo en un escudo del Ejecutivo. Abrir expediente al juez Peinado por hacer su trabajo no es defensa de la Policía. Es pura rendición ante Moncloa. España merece jueces libres, no un órgano domesticado que responde a las presiones del sanchismo con diligencia sospechosa.

Perelló ha elegido bando. La historia registrará este domingo como el día en que la presidenta del Poder Judicial se arrodilló ante el Gobierno. Un atropello institucional en toda regla.

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