Venezuela: la Reconstrucción obligada

Venezuela ha sufrido este 24 de junio una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente. No solo por la magnitud de los daños, todavía en proceso de evaluación, sino por el momento en que ocurre: un país exhausto, empobrecido, institucionalmente debilitado y con una capacidad de respuesta pública muy inferior a la que exige una emergencia de esta naturaleza.

Los desastres naturales no se pueden evitar del todo. Se previenen, se mitigan y se gestionan. La diferencia entre una tragedia y una catástrofe nacional suele estar en la fortaleza de las instituciones, en la disponibilidad de crédito, en la capacidad logística del Estado y en la confianza de la sociedad para organizarse alrededor de una respuesta común. Esa es, precisamente, la gran fragilidad venezolana.

En diciembre de 1999, el país vivió la llamada Tragedia de Vargas, causada por lluvias torrenciales que durante más de catorce días azotaron el norte del país y provocaron enormes pérdidas humanas y materiales. Las estimaciones de fallecidos varían ampliamente, pero se suele hablar de una cifra de entre 10.000 y 30.000 personas. Fue una herida profunda en la memoria nacional. Sin embargo, aun en medio de la conmoción, Venezuela conservaba entonces una infraestructura económica, financiera e institucional capaz de amortiguar parte del golpe.

Aquel país ya incubaba la hecatombe política que lo conduciría al deterioro actual. Pero todavía existían empresas con músculo, administraciones públicas con mayor capacidad operativa, banca funcional, seguros, crédito, redes de distribución y una riqueza material acumulada durante décadas. Había margen para responder, reconstruir y asistir. Hoy, la realidad es radicalmente distinta.

La ocurrencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 encuentra a la sociedad venezolana desprovista de los instrumentos elementales para enfrentar una emergencia de escala nacional. Miles de familias pueden quedar sin hogar en un país donde el patrimonio privado ha sido pulverizado por años de hiperinflación, depreciación, controles, informalidad y empobrecimiento masivo. Para muchas personas, perder una vivienda no significa solo perder un techo: significa perder el último activo que les quedaba.

A ello se suma un problema decisivo: la ausencia de crédito. En una economía normal, una familia afectada por un desastre puede recurrir a seguros, hipotecas, préstamos personales, líneas de emergencia, subsidios o programas de reconstrucción. En Venezuela, buena parte de esas herramientas no existen o funcionan de manera muy limitada. Endeudarse para reconstruir una vivienda, reparar un edificio o mudarse a un lugar seguro no es una alternativa real para la mayoría. La tragedia natural se convierte así en tragedia patrimonial.

Durante las primeras 24 horas, según lo recogido en medios de comunicación y redes sociales, la percepción predominante ha sido la de una respuesta institucional débil e insuficiente. Lo más grave no es únicamente que el Estado no llegue: es que muchos ciudadanos parecen haber dejado de esperarlo. Esa resignación es una forma extrema de deterioro institucional. Cuando la gente ya no reclama ayuda pública porque asume que no vendrá, la emergencia deja de ser solo humanitaria y se convierte en una evidencia política.

Los daños reportados son mayúsculos. Varias ciudades han sido afectadas, en especial Caracas y el estado vecino de La Guaira, una zona que ya carga con el recuerdo traumático de 1999. La destrucción impresiona incluso a quienes han visto a Venezuela atravesar crisis de todo tipo. Se habla de edificios colapsados, familias atrapadas, servicios interrumpidos y comunidades obligadas a improvisar refugio, asistencia y protección en medio del desconcierto.

Esta tragedia se suma al océano de calamidades por el que ha navegado el venezolano durante más de dos décadas. Pero introduce una dimensión nueva en el debate nacional. Hasta ahora, cuando hablábamos de reconstrucción de Venezuela, solíamos referirnos a la reconstrucción institucional: restablecer el Estado de derecho, recuperar la independencia de poderes, estabilizar la economía, reabrir el crédito internacional, profesionalizar la administración pública, reconstruir la seguridad y devolver confianza a la sociedad.

Todo eso sigue siendo indispensable. Pero ya no basta. La reconstrucción venezolana ha pasado a ser también física, urbana, habitacional, logística y territorial. Hay que reconstruir instituciones, sí; pero también viviendas, hospitales, escuelas, puertos, vías, redes eléctricas, acueductos, sistemas de emergencia y capacidades técnicas de protección civil. Venezuela necesita algo más que un programa económico: necesita una operación nacional de reconstrucción.

El país financiero y político ya venía entrando, al inicio de esta semana, en un debate decisivo sobre la reestructuración de la deuda pública. Según Financial Times, el monto podría ascender a 240.000 millones de dólares, una cifra superior al doble del PIB estimado del país. Para una población de unos 28 millones de habitantes, esto equivale, de forma aproximada, a 8.500 dólares por venezolano. Antes de los terremotos, esa noticia ya era, retóricamente, un terremoto para cualquier esfuerzo de recuperación.

El reto de renegociar una deuda de esa escala solo puede compararse con experiencias excepcionales, como la de Iraq en 2004, cuando, bajo fuerte acompañamiento de Estados Unidos, logró una quita cercana al 80% de su deuda. Venezuela necesitará una operación diplomática, financiera y técnica de enorme sofisticación. Pero ahora esa negociación ocurre bajo una presión moral y material todavía mayor: no se trata solo de restaurar solvencia, sino de liberar capacidad fiscal para reconstruir un país golpeado en sus cimientos.

La resiliencia venezolana volverá a ponerse a prueba. Pero conviene decirlo con claridad: la resiliencia no puede ser una excusa para abandonar a la gente a su suerte. Ningún país se reconstruye solo con épica ciudadana. Se reconstruye con instituciones, financiamiento, planificación, asistencia internacional, liderazgo político y una administración capaz de convertir la ayuda en obras, servicios y soluciones.

Esta es la dimensión que intento abordar desde Reconstruyendo País (reconstruyendopais.substack.com), el boletín que dirijo, dedicado a pensar cómo reconstruir Venezuela con evidencia, rigor y sentido práctico. La tragedia de este 24 de junio obliga a elevar la ambición. Ya no hablamos únicamente de transición, estabilización o reforma. Hablamos de levantar nuevamente un país.

Venezuela no necesita administrar el desastre. Necesita organizar su reconstrucción.