editorial
El poder de la mujer de Sánchez: Begoña Gómez logró parar un pelotazo inmobiliario de 50 millones
Aldama firmó preveía 50 millones de euros en comisiones ocultas. El negocio olía a corrupción desde el principio. Pero el único veto que funcionó no fue el de la legalidad ni el del interés público: fue el de Begoña Gómez
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La última revelación del caso Koldo deja poco margen para la sorpresa y mucho para la indignación. Según el testimonio de Víctor de Aldama ante el Supremo, la multimillonaria operación de venta del complejo Campos Velázquez -seis edificios en una de las mejores zonas de Madrid, valorados en torno a 250 millones de euros- estaba a punto de cerrarse cuando Koldo García le ordenó retirarla de inmediato. El motivo no fue ningún interés general del Estado ni ninguna mejora de las condiciones de la oferta. Fue porque Begoña Gómez había exigido abortar la venta.
La razón es tan clara como escandalosa: el Instituto de Empresa (IE), la universidad privada donde Begoña Gómez dirigía el Africa Center, tenía su sede alquilada en ese mismo complejo. La entidad incluso contemplaba la posibilidad de adquirir alguno de los inmuebles. Una venta a un fondo privado ponía en riesgo esa posición ventajosa. Y para evitarlo, bastó una llamada de Koldo -el todopoderoso asesor de José Luis Ábalos- para que la operación se paralizara.
No estamos hablando de una gestión rutinaria ni de un interés legítimo defendido por cauces institucionales. Estamos hablando de la esposa del presidente del Gobierno utilizando los resortes del poder -a través de un entramado que ya está siendo investigado por corrupción- para proteger los intereses de la institución que le dio un cargo directivo. El IE la colocó al frente del Africa Center en agosto de 2018, apenas dos meses después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. Desde entonces, su influencia parece haber alcanzado hasta la capacidad de bloquear una venta de patrimonio público millonaria.
Mientras tanto, el contrato paralelo que Aldama firmó preveía 50 millones de euros en comisiones ocultas. El negocio olía a corrupción desde el principio. Pero el único veto que funcionó no fue el de la legalidad ni el del interés público: fue el de Begoña Gómez. Eso es lo que realmente asusta. No el pelotazo que no se hizo, sino el que se impidió porque alguien, desde la más alta esfera del poder, decidió que no convenía a “su” universidad.
España merece saber hasta dónde llega realmente esa influencia y quién responde por ella. Porque una cosa es ser la esposa del presidente y otra muy distinta actuar como si el Estado fuera una extensión de los intereses privados de uno mismo.