El calvario socialista continúa al confirmarse que Pedro Sánchez tiene un hermano delincuente

Resulta difícil creer que en un país perteneciente a la Unión Europea nos encontremos un día sí y otro también con que un alto cargo del Gobierno o del partido político en el poder sea formalmente acusado por los Tribunales de Justicia por la comisión de delitos ligados a la corrupción, al tráfico de influencias, al fraude fiscal e, incluso, al contrabando, todo lo cual no es precisamente cuestión baladí, sino más bien todo lo contrario. Pues bien, por más inverosímil que resulte, esto es exactamente lo que está ocurriendo en España desde la llegada de Pedro Sánchez al poder allá por 2018, de tal forma que, salvo que uno se dedique en exclusiva a ello, resulta prácticamente imposible seguir el ritmo delictivo del socialismo patrio, como demuestra el hecho de que en el momento actual el PSOE tenga más imputados que diputados. En consecuencia, a estas alturas de la película resulta casi imposible dudar de que el PSOE ha dejado de ser un partido político stricto sensu, para convertirse en una suerte de organización criminal situada, para más inri, en la cúpula del poder político.

Inicialmente, cuando la mayoría de los casos se hallaban en la fase de instrucción, las cloacas socialistas bajo la dirección del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la fontanera de Ferraz, Leire Diez, así como los medios de opinión sincronizada se lanzaron de manera coordinada a desarrollar una feroz campaña de agitación y propaganda orientada a desacreditar a los jueces, fiscales anticorrupción y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encargados de llevar la investigación de los casos de corrupción socialista, especialmente los referidos a la esposa y al hermano de P. Sánchez. Obviamente, la mayoría de la población española observó atónita el brutal ataque al Estado de Derecho perpetrado por el partido socialista y los medios de comunicación afines, si bien la izquierda más radical persistió en el error, como habitualmente tiene por costumbre hacer, y defendió a capa y espada la honorabilidad tanto de Begoña Gómez como de David Sánchez. Como consecuencia de todo ello se ha llegado en España a la estrambótica situación de que el mamporrero mayor del reino, esto es, Patxi López, ha convertido su lema “Yo con Begoña” en el santo y seña de todos aquellos socialistas unidos por una adoración casi religiosa hacia un psicópata como P. Sánchez, el cual, lejos de ejercer como presidente del Gobierno, realiza tareas propias del líder de una secta satánica. Por esta razón no sería particularmente extraño que comenzaran a producirse suicidios en masa de socialistas irredentos si finalmente Begoña Gómez es declarada culpable de los múltiples delitos por los que ha sido acusada y que habrán de juzgarse por un jurado popular, tal y como acaba de confirmar la Audiencia Provincial de Madrid, a partir de la evaluación pormenorizada del auto del injustamente vilipendiado juez de instrucción Juan Carlos Peinado.

En cualquier caso, la situación penal que rodea al partido socialista va empeorando de forma paulatina, ya que lo que inicialmente eran tan solo investigaciones judiciales, ha dado lugar a sentencias condenatorias en algunos casos concretos, los cuales sin duda alguna irán en aumento con el paso del tiempo. Así, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como consecuencia directa de su sumisión a los intereses del régimen sanchista, fue condenado por el Tribunal Supremo a la pena de 2 años de inhabilitación para ejercer su cargo por la comisión de un delito de revelación de secretos con el objetivo de desacreditar personal y políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Poco tiempo después el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como su chico de los recados, Koldo García, también fueron condenados por el Tribunal Supremo, en este caso a 24 y 19 años de prisión respectivamente, por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en el llamado “caso de las mascarillas”.

Sin embargo, la condena no más grave pero sí más llamativa que hasta el momento se ha producido en el entorno socialista es la que afecta de lleno al círculo familiar de P. Sánchez. Así, la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez y al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 9 y 18 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, debido en este caso a la comisión de un delito de prevaricación. Dicho delito consistió en la concesión a dedo del cargo de Coordinador de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz al hermano de P. Sánchez cuando éste ya era secretario general del PSOE, provocando tan impresentable actuación un evidente perjuicio al resto de aspirantes que se presentaron al falso proceso de selección. Sin embargo, más allá de la ilegalidad de este proceso selectivo, concurren en el hecho distintos matices que es necesario aclarar, ya que desmontan de forma rotunda la presunta guerra sucia que según el entramado político-mediático socialista está llevando a cabo el Poder Judicial contra la figura del Presidente del Gobierno español. Así, en primer lugar, la acusación partió de Podemos Extremadura y por lo tanto no se puede acusar a la Audiencia Provincial de Badajoz de lawfare, o lo que es lo mismo, de realizar un uso abusivo de instrumentos legales para inhabilitar a un adversario político. A su vez, en segundo lugar, el juez del caso, demostrando su falta de hostilidad hacia los imputados, les ha aplicado la pena más baja que por el delito de prevaricación contempla el código penal. Asimismo, en tercer lugar, el juez no ha condenado a los investigados a pena alguna por el delito de tráfico de influencias, tal y como pedían las acusaciones particulares, debido a que ha aplicado el in dubio pro reo al no encontrar pruebas físicas que demostraran la comisión de dicho delito, si bien resulta lógicamente evidente que haberlas las ha habido. Finalmente, el juez no ha condenado a David Sánchez a devolver los emolumentos indebidamente percibidos por no acudir ni un solo día a su puesto de trabajo, debido a que la Fiscalía y la Diputación de Badajoz, haciendo una absoluta dejación de responsabilidades, no han considerado procedente pedir su devolución, dejando así al juez incapacitado para incluir tal concepto en la sentencia. En definitiva, la benevolencia de la sentencia judicial resulta evidente, ya que el juez se ha limitado a condenar a David Sánchez a seguir haciendo lo mismo que ya hacía, es decir, a no trabajar y vivir del cuento, y es que, justo es reconocerlo, no hay nada como ser socialista con pedigrí para vivir a costa del erario público sin dar un palo al agua.

No obstante, de cara al futuro no resulta aventurado pensar que el calvario socialista no ha hecho más que empezar, ya que la lista de imputados dentro de sus filas es de tal magnitud que más pronto que tarde veremos primero en el banquillo de los acusados y después en la cárcel a la flor y nata de un régimen corrupto e incompetente como es el régimen sanchista. Tal situación nos parece no solo adecuada sino también reconfortante y no por afán de venganza, sino porque, como bien señala el filósofo italiano Cesare Beccaria partiendo de una visión contractualista de la sociedad, “La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito”. Por esta sencilla razón, y tomando en consideración el impresionante historial delictivo del partido socialista y sus terminales empresariales, cabe afirmar con rotundidad que el incumplimiento de dicho precepto es algo que la sociedad española no puede permitirse, salvo que obtusamente pretenda ser esquilmada sin que ello conlleve repercusión penal alguna.