A Sánchez le acecha un gran problema: un importante ministro está en el alambre y puede ser imputado

La declaración ante el juez Santiago Pedraz del que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha añadido una pieza decisiva al puzle de la cloaca que deja al ministro del Interior a los pies de los caballos. Llamas confirmó que el 29 de noviembre de 2024 recibió una llamada directa de Fernando Grande-Marlaska, para pedirle explicaciones por un informe de la UCO en el que se citaba un correo electrónico asociado a Begoña Gómez. Esa misma mañana ya le había llamado para eso mismo la directora general, Mercedes González. Cinco días después, el 4 de diciembre, Llamas ordenó abrir una información reservada sobre los agentes de la UCO que elaboraron aquel atestado en el marco de la investigación judicial al hermano del presidente, David Sánchez.

El dato no es menor. Llamas no es un mando cualquiera: es un hombre de máxima confianza de Marlaska, ascendido y colocado en la cúpula operativa por decisión directa del ministro. Que el titular de Interior llame personalmente a interesarse por el contenido de un informe policial remitido a un juzgado constituye, en sí mismo, una injerencia incompatible con la independencia de la Policía Judicial. Más aún cuando esa llamada desembocó en una investigación interna que acabó con una propuesta de amonestación verbal al agente responsable.

Ahora Llamas y la propia directora general han sido citados como investigados por Pedraz en el llamado “caso Leire” (o “caso Hermanísimo”) por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia. Los testimonios de los exjefes de la UCO Rafael Yuste y Alfonso López Malo refuerzan la tesis: órdenes de “ponerse de perfil” en investigaciones con “afectación política”, especialmente las que tocaban al entorno de Sánchez, y la apertura de informaciones reservadas que los agentes perciben como herramientas de presión.

Todos los caminos —la llamada ministerial, la cadena de mando, la confianza personal de Marlaska en Llamas y el objetivo compartido de contener las pesquisas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez— conducen al ministro del Interior. La imputación formal de Marlaska, sin embargo, no llegará de inmediato. Pedraz está instruyendo en la Audiencia Nacional un procedimiento que, cuando concluya con indicios suficientes contra un aforado, elevará al Tribunal Supremo para que asuma la investigación. Ese momento, previsiblemente cuando la instrucción esté madura, convertirá al titular de Interior en investigado ante el alto tribunal.

Pedro Sánchez afronta así un nuevo frente grave: la posible imputación de su ministro de Interior por presunta obstrucción a investigaciones judiciales que afectan directamente a su mujer y a su hermano. La independencia de la Policía Judicial y la separación de poderes están en juego. Y, una vez más, el Supremo será el que tenga la última palabra.