A Sánchez se le complica el futuro judicial: Julito Martínez empieza a cantar y compromete a Moncloa

En medio de las celebraciones del Mundial, a Sánchez le ha estallado este mismo lunes una auténtica bomba. Julio “Julito” Martínez, el testaferro de Zapatero, ha remitido al juez José Luis Calama un escrito que supone mucho más que un giro procesal. En él confirma por escrito, que José Luis Rodríguez Zapatero medió activamente en el rescate de Plus Ultra desde mayo de 2020, marcó los pasos a seguir, fue informado de cada movimiento y se benefició de contratos que preveían una comisión del 1% sobre la financiación obtenida.

Julito detalla cómo los directivos de la aerolínea contactaron con él por indicación de Zapatero, cómo se constituyó Análisis Relevante para canalizar el asesoramiento y cómo, el 26 de febrero de 2021, Zapatero ya comunicaba que la SEPI concedería el crédito. El 9 de marzo, el Consejo de Ministros lo aprobaba. Todo encaja: el expresidente no era un consultor pasivo; era el eje de la operación.

Este documento supone el jaque mate judicial a Zapatero. Tráfico de influencias, pagos encubiertos a través de sociedades instrumentales y una estructura montada para cobrar sin dejar rastro. La “consultoría” y la “boutique financiera” se revelan como lo que siempre parecieron: el mecanismo para cobrar la mordida.

Pero el jaque mate a Zapatero apunta directamente a Moncloa. Porque quien tuvo la capacidad de aprobar —o de bloquear— los 53 millones de euros públicos no fue el expresidente. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue el Consejo de Ministros el que dio luz verde contra toda lógica: Plus Ultra arrastraba deudas con la Seguridad Social que se maquillaron para aparentar que cumplía los requisitos; los informes técnicos externos (Deloitte incluido) levantaban serias dudas sobre su viabilidad, y la compañía tenía capital venezolano en un contexto especialmente sensible.

Además ni era estratégica para el sector de las aerolíneas -representaba menos del 1% de los vuelos en España- ni daba empleo a un significativo número de personas. No había motivos reales de peso para regalarle 53 millones de los que no ha devuelto ni un céntimo.

¿Sánchez lo aprobó gratis? ¿Debía favores al régimen de Maduro o a la propia aerolínea? ¿A cambio de qué se ignoraron los controles y se forzó una operación que, sin influencias, nunca habría prosperado? Son preguntas que el presidente del Gobierno debe responder y que el juez Calama tiene la obligación de investigar hasta el final.