No es el cambio climático, es el abandono del medio rural

Durante este recién terminado mes de julio hemos asistido con angustia y desesperación a como la España rural ardía por los cuatro costados. Así, ciento de focos activos, fundamentalmente en las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, han provocado que más de 200.000 hectáreas de masa forestal hayan sido calcinadas por las llamas y alrededor de 150.000 personas hayan tenido que ser evacuadas de sus hogares. Todo ello ha provocado que España sea con diferencia el país de la Unión Europea más afectado por el fuego, lo cual evidentemente habla por sí solo de la escasa capacidad de prevención y extinción de incendios por parte de las distintas administraciones españolas.

Para solucionar este grave problema de cara al futuro a Pedro Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que proponer un pacto nacional contra el cambio climático, lo cual quiere decir que o bien no conoce cuales son las causas que provocan los incendios ni tampoco sabe la manera de prevenirlos o bien tan solo quiere marear la perdiz hasta que la indignación popular vaya cediendo con el paso del tiempo.

En este sentido es necesario señalar que en España, según las estadísticas oficiales, entre el 80% y el 90% de los incendios forestales se deben a la acción directa del ser humano, ya sea de forma intencionada o por negligencias o accidentes, mientras que un 5% son provocados por rayos y el 5% restante son de origen desconocido. Por lo tanto, en base a estas cifras, el cambio climático no es para nada el causante de los incendios, por lo que la medida propuesta por P. Sánchez carece de todo sentido y de cara a proteger a nuestros bosques constituye en la práctica un brindis al sol.

En cuanto a la rápida propagación de los incendios también el gobierno socialista ha pretendido echar la culpa de la misma al cambio climático, pero tampoco ello es cierto, ya que durante los últimos 10 años la temperatura media del planeta ha subido un 0,2%, lo cual, en el tema específico que nos concierne, es una cifra tan exigua que utilizarla para justificar la rápida propagación de los incendios parece una broma de mal gusto. De hecho, apoyando la nula influencia del cambio climático en los incendios forestales, nos encontramos con que en los distintos países de la Unión Europea, incluyendo a aquellos que presentan un clima semejante al español, la magnitud e intensidad de los incendios ha sido mucho menor que en España.

Por lo tanto la pregunta que cabe hacerse es ¿qué es lo que en España se esta haciendo mal en materia de gestión, prevención y extinción de incendios? En este punto, cabe destacar que todas las administraciones públicas -ya sean estatales, autonómicas o municipales- tienen su cuota de responsabilidad, ya que todas ellas participan, de una manera u otra en la lucha contra el fuego. 

Así la Ley de Montes tiene rango estatal, la gestión de la prevención de incendios corresponde a las Comunidades Autónomas y municipios y las tareas de extinción cuando el incendio escala al nivel 3 de emergencia corresponden tanto a las CC.AA. (mediante los equipos de bomberos y agentes forestales dirigidos por el Centro de Cooperación Operativa) como al Estado (a través de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, la Unidad Militar de Emergencias y los aviones anfibios del Ministerio de Transición Ecológica). 

Asimismo, una vez declarado el nivel 3 de emergencia, -como ha ocurrido en la gran mayoría de los incendios ocurridos a lo largo del mes de julio- el Ministerio del Interior asume la dirección de la crisis y ordena y coordina las actuaciones y recursos estatales, autonómicos y locales.

Pues bien, por lo que respecta a la Ley de Montes de su lectura solo se puede sacar la conclusión de que es una ley absolutamente hiperreguladora y que exige una multitud de trámites burocráticos, todo lo cual en la práctica dificulta sobremanera la elaboración e implementación de medidas de prevención del riesgo de incendios. A ello se suma, que la influencia de ecologistas de salón que en su vida han pisado el campo, más allá de hacer alguna excursión con fines lúdicos, provoca la prohibición de facto de numerosas actividades que limitarían considerablemente la magnitud de los incendios. 

Entre las principales actividades que se han abandonado en buena medida nos encontramos el desbroce selectivo, la poda de árboles, la retirada de vegetación en zonas de alto riesgo, las quemas controladas por personal especializado, el mantenimiento de infraestructuras preventivas como cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua y acceso para los equipos de extinción, cámaras de vigilancia y drones para la detección precoz de los incendios, pastoreo dirigido a mantener baja la vegetación en áreas estratégicas y determinadas costumbres tradicionales como la ganadería extensiva, el aprovechamiento de la madera y la biomasa o la recogida de leña.

A la drástica disminución de todas estas actividades de prevención de incendios se une el total abandono del mundo rural por parte de la clase política, así como al descenso de la actividad agrícola y ganadera, como consecuencia de unas políticas que, derivadas de un falso ecologismo, dificultan sobremanera la viabilidad del sector primario, provocando de esta forma un progresivo vaciamiento de la España rural.

Sumándose a su deficiente gestión en la parte que le toca, el Gobierno socialista a través del Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de haber declarado urgente e imperativo en marzo de 2022 modernizar la flota de aviones anfibios de élite mediante la renovación del software lleva años con el proceso paralizado, debido a que el fabricante de los mismos encareció su precio en 2 millones de euros, de tal forma que de los 14 grandes hidroaviones disponibles tan solo 10 están actualmente en funcionamiento, viéndose así mermada considerablemente la capacidad de extinción del fuego. 

Ello quiere decir, que si bien P. Sánchez tiene dinero de sobra para dar varias veces la vuelta la mundo en el Falcon, resulta que no tiene dinero para mantener en condiciones óptimas la ya de por sí escasa flota de hidroaviones que el Estado tiene, demostrándose de esta forma que su apuesta por el pacto contra el cambio climático para mitigar los efectos del fuego veraniego es tan solo un discurso político estéril y vacío de contenido real, cuyo único propósito es engañar a incautos y así obtener un rédito político, de tal forma que los graves problemas que acucian al mundo rural, entre los que obviamente se encuentran los incendios forestales, quedan fatalmente relegados a un segundo plano.

Por todo lo expuesto, parece no ya necesario, sino imprescindible un Plan Rural de Ayuda Contra los Incendios, que contemple sentar en la mesa de negociaciones al Gobierno y a las CC. AA. para coordinar la prevención, asegurar la financiación y minimizar el impacto de los incendios en los pueblos de la España vaciada. 

Sin embargo, más allá de todo eso ha llegado el momento de que, tomando como punto de referencia el Plan Rural, sean los propios lugareños junto con los agentes forestales los que vuelvan a ocuparse sin trabas burocráticas del cuidado y mantenimiento del campo y sus bosques, tal y como se ha venido haciendo desde hace siglos con excelentes resultados, porque al final es el amor al propio terruño, ya sea este escarpado y boscoso o árido y estepario, lo único que puede salvar a la España vaciada de su completa desaparición.