Sánchez, el rey desnudo de Poniente

Mientras Ceuta contaba cadáveres, el presidente del Gobierno, el galgo de Paiporta, deshacía las maletas en el palacio de La Mareta. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, intentó hablar con él aquellos días; no fue atendido. Pensaría Sánchez: “Yo estoy bien” y “son las cinco, y, con tanto viaje en Falcón, aún no he comido”. La prensa europea lo tituló sin adjetivos: "España se hunde en el caos, Sánchez se va de vacaciones".

Lo de Ceuta no es una crisis migratoria; melillenses y ceutíes lo sabemos muy bien. El CNI y la ministra Robles también.

Los días 30 y 31 de julio, más de setenta mil personas cruzaron a nado, trepando o irrumpiendo por el espigón del Tarajal, -la mayor entrada registrada jamás en territorio español-, con al menos sesenta y siete muertos confirmados y más de un centenar según otras estimaciones. Un drama humanitario descomunal se mire por donde se mire, ante la pasividad del reino alauita, cuya prensa oficialista aprovechaba esas mismas horas para reclamar Ceuta y Melilla como "territorios ocupados".

Nuestra Guardia Civil resistió sola y sin instrucciones concretas la primera noche. El abandono inconmensurable. Y ante la tragedia, la inacción de Rabat fue institucional; el de Moncloa, vocacional.

Ni siquiera ha habido acuerdo sobre cuántas personas quedan dentro: el Gobierno habla de dos mil; Vivas, de entre ocho y once mil. Y esto, lamentablemente, no es nuevo. La invasión de mayo de 2021, también de Ceuta, directamente no existe en las estadísticas de Interior: nadie registró las entradas, nos la han ocultado deliberadamente. Un gobierno que no cuenta a quienes cruzan su frontera no es solo un gobierno que oculta cifras, es uno que ha decidido no saberlas, porque saberlas le obligaría a responder por ellas.

La ministra de Defensa despachó la tragedia con un "no volverá a suceder". Ya sucedió. Ya sucedió en 2021, -aunque lo borraran de las estadísticas- con los mismos ministros, en los mismos sillones, y ha sucedido ahora pese a que los servicios de inteligencia habían advertido de la avalancha. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, lo ha llamado por su nombre -"una invasión pura y dura y un ataque a nuestra soberanía"- y ha añadido una frase que debería quitar el sueño en Moncloa: si el Gobierno tuvo constancia de que esto podía producirse y no hizo nada, habrá que empezar a buscar palabras mayores.

En Juego de Tronos hay un momento en que todos comprenden a la vez que el rey ya no manda: manda quien le sostiene. Nuestro “Trono de Hierro” lleva años en esa fase. Un “rey” sin ejército parlamentario, sin oro, -con los presupuestos de 2023 prorrogados por tercera vez- y, lo más grave, sin palabra. Porque la palabra de este “rey” tiene hemeroteca, y aún resuena en los “Siete Reinos”: "Me comprometo a traer a Puigdemont para que responda ante la Justicia". "La amnistía no cabe en la Constitución". "No pactaremos con Bildu". Todas pronunciadas con la misma solemnidad con la que fueron incumplidas. Y una más, que hoy nos golpea de lleno: el giro unilateral sobre el Sáhara, despachado por carta a Mohamed VI, 47 años de consenso de Estado rotos sin pasar por las Cortes y sin avisar siquiera a los aliados.

Quien así trata sus propios compromisos y líneas rojas, ¿qué no entregará con tal de conservar el trono?

Un rey cuya palabra no vale, al que ya nadie fía, solo puede gobernar comprando voluntades ajenas, y ahí entran los señores rebeldes del norte con el cazo: las concesiones a Puigdemont y compañía no son política, son tributo, el vasallaje invertido de un trono que paga a sus vasallos por seguir llamándose trono.

Y como todo rey débil, éste gobierna de espaldas a su propio Consejo: ningún ministro comparecerá en el Senado para rendir cuentas de la mayor quiebra fronteriza de nuestra historia. Ni siquiera el propio Sánchez, que llegó a denunciar una "violación de la integridad territorial" de España -palabras suyas-, ha pisado el Congreso dos semanas después, sigue de vacaciones.

Denunciar la violación de la propia soberanía y no acudir a la sede de esa soberanía a explicarla: ni a los guionistas de Poniente se les habría ocurrido tal dislate.

El sentimiento de orfandad que hoy describe Ceuta lo conocen los valencianos de la Dana, los palmeros del volcán, los murcianos de Lorca y lo conocimos todos los españoles durante la pandemia. La jerarquía de lealtades está invertida y a la vista: el presidente actúa cuando aprietan quienes le sostienen -Puigdemont, Aizpurúa, Mohamed VI-, aunque sea un ataque al interés general y despliega silencio, abandono y tacticismo cuando quien pide auxilio es una ciudad española gobernada por el adversario político. Servil con quienes le sostienen, indiferente con quienes le necesitan: ésa es la firma. “Si quieren ayuda, que la pidan”.

Pero la pregunta de fondo, la que Ceuta ha vuelto inaplazable, no está en el norte sino en el sur. En 2021, el programa Pegasus infectó los móviles del presidente y de los ministros de Defensa e Interior. Nunca se explicó qué se llevaron. Lo que sí vimos fue la secuencia posterior: el giro histórico sobre el Sáhara sin debate ni contrapartida visible, la mansedumbre ante cada humillación y, ahora, un ministro de Exteriores que tras la invasión elogia "el papel colaborador de Marruecos" mientras reserva la dureza para Italia.

No afirmaré lo que no puedo probar; formularé lo que cualquier español tiene derecho a preguntar: ¿qué sabe el "amigo y socio leal" que nosotros no sabemos?

Frente a esto conviene recordar cuál es la primera virtud del gobernante. No es la ideología ni el talento táctico, sino la decencia: dar la cara, dar las cifras, asumir el coste de los propios actos. Difícil ejercicio, hay que admitirlo, para un presidente cuyo entorno más íntimo transita por los juzgados o ya han sido condenados y cumplen pena de prisión.

Si el Gobierno quiere demostrar que lo suyo no es solo relato -ese goteo de ministros repitiendo que "Ceuta y Melilla son españolas" como quien recita un conjuro-, las demandas son tan claras desoídas: refuerzo estructural de Guardia Civil y Policía Nacional en la frontera sur, con los reconocimientos que llevan años reclamando; aplicación del acuerdo hispano-marroquí de repatriación de menores de 2007, que Rabat, por primera vez, dice estar dispuesto a cumplir; actualización del protocolo fronterizo; una frontera europea. Más España, más Europa y más capacidad propia para dos ciudades cuya lealtad a la bandera no está siendo bien correspondida por este infame y desleal gobierno.

España necesita un gobierno que vuelva a comportarse como tal: que dé la cara, que defienda nuestras fronteras, que haga respetar nuestra soberanía y conciba a Ceuta y Melilla como España y Europa. Esa alternativa existe, la representa Alberto Núñez Feijóo, quien devolverá a nuestro país la dignidad y la estabilidad que tanto necesita.

Una advertencia final: esto no solo lo mira Rabat. Lo miran todos los que en el mundo calculan cuánto cuesta violar una frontera europea y comprobar que no pasa nada. El precedente de Ceuta -un Muro que cae, un rey que veranea, una Europa dividida entre suspender Schengen entre socios en vez de defender el perímetro común- es una lección de la que otros están tomando apuntes. El invierno no se anuncia: se presenta. Y cuando vuelva a presentarse, convendría que en el trono hubiera alguien cuyo único proyecto no fuera seguir sentado en él un minuto más.