editorial
Sánchez cruza otra línea roja: abre una crisis con el CNI para salvarse él
La desclasificación de los documentos previos al asalto de Ceuta ha dejado al descubierto lo que el Gobierno negó durante semanas: el CNI avisó
Pedro Sánchez está cada vez más cercado
Pedro Sánchez ya no se conforma con negar la realidad. Cuando los papeles le desmienten, dispara contra las instituciones que deberían proteger al Estado. La desclasificación de los documentos previos al asalto de Ceuta ha dejado al descubierto lo que el Gobierno negó durante semanas: el CNI avisó. El 29 de julio advirtió de un llamamiento en redes para un asalto “por valla y mar”, de dos grupos con 180.000 seguidores y del riesgo coincidiendo con la Fiesta del Trono. Lo trasladó a la Delegación del Gobierno, a la Guardia Civil y hasta a la inteligencia marroquí. No era un “ligero pico”. Era una alerta.5
La respuesta de Moncloa no ha sido la autocrítica. Ha sido el descrédito. Sánchez exigió en TVE unos servicios “más sofisticados” y, horas después, La Moncloa difundió un comunicado insólito -atribuido al CNI, pero enviado por el Gobierno- para afirmar que no se anticipó “la magnitud y la naturaleza” de lo ocurrido y que no hubo aviso “formal” a la cadena de mando, sino un WhatsApp “ambiguo a un cargo menor”. Es la primera vez que un Ejecutivo señala en público a su propio servicio de inteligencia por no haber leído una amenaza a la integridad territorial. No defiende al CNI: lo usa de parachoques.1
El patrón es el de siempre. También el Supremo sirve de coartada. Sánchez atribuye el efecto llamada a la sentencia que impide las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado y, el mismo día, discrepa abiertamente de otra resolución del Alto Tribunal sobre la ley de nietos. Cuando la verdad institucional incomoda, el presidente no asume el error: lo externaliza. El relato manda más que la frontera, más que los agentes y más que los jueces.
Abrir una crisis con el CNI no es transparencia. Es una huida hacia delante. El Gobierno desoyó alertas durante 72 horas y ahora pretende que paguen quienes sí advirtieron. Un presidente que, para salvarse él, enfrenta al Estado consigo mismo no está gobernando: está sobreviviendo. Y cada línea roja que cruza deja a España más desprotegida.