Invasión, traición, mentiras y tiempos convulsos

Primero fue la invasión de Ceuta planificada, dirigida y ejecutada por el Gobierno marroquí. Luego vino la traición a los ceutíes por parte del Gobierno socialcomunista al permitir sin oposición alguna la entrada en territorio español de decenas de miles de magrebíes y subsaharianos por tierra y mar en tan solo unas horas. Finalmente, una vez terminado su periodo vacacional en plena crisis migratoria, llegaron las mentiras de Pedro Sánchez con la intención de ocultar bajo el velo construido con la falsificación de la realidad tanto su desprecio hacia el sufrimiento ajeno como la inoperancia de su propio Ejecutivo.

Con afán clarificador el 31 de julio la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón requirió al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF) un informe que determinara si la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta fue un hecho espontáneo o una acción concertada por una organización criminal. A su vez, la jueza ordenó a los policías involucrados que no trasladaran el contenido del informe a sus superiores ni al Ministerio del Interior, para así proteger la investigación de presiones externas e interesadas. 

El 1 de septiembre la jueza recibió un informe de 55 páginas, el cual trascendió al día siguiente, provocando un enorme revuelo en el Ministerio del Interior y el enfado de su titular, Fernando Grande-Marlaska, por no haber sido informado de su existencia, a pesar de que, como jurista que es, debería saber que todo juez puede ordenar que las pesquisas de la policía judicial se mantengan bajo estricta reserva.

Esencialmente, según el CENIF la invasión de Ceuta fue un proceso planificado a partir de una campaña en redes sociales que inducía a traspasar la frontera española, detectando a su vez la participación activa de gendarmes marroquíes uniformados y agentes vestidos de paisano. En consecuencia, el CENIF consideró que dada la magnitud y características del movimiento migratorio éste no pudo realizarse de manera espontánea, sino que debió contar con la participación del Gobierno marroquí.

El 3 de septiembre, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, P. Sánchez no solo negó que su Ejecutivo tuviera información alguna procedente del CNI en relación a la avalancha migratoria, tal y como sostenía su propia ministra de Defensa, Margarita Robles, sino que, condicionado por su permanente sumisión a los intereses de Mohamed VI, restó veracidad al informe del CENIF, garantizando que el Gobierno marroquí lejos de impulsar la invasión se había comportado como un excelso colaborador del Gobierno español. 

Evidentemente, como toda persona con un mínimo sentido común puede comprender, la descalificación del trabajo del CENIF por parte de aquel que durante la fase álgida de la crisis ha preferido seguir veraneando en lugar de asumir sus responsabilidades ya no es solo que sea grotesca, sino que definitivamente resulta indecente.

Sin embargo, para saciar su patológica ambición de poder -derivada no solo del trastorno narcisista de la personalidad que padece, sino también del horizonte penal que tienen por delante su esposa, su partido e incluso él mismo si finalmente se demuestra que es el jefe en la sombra de la inmensa trama de corrupción que le rodea- mucho nos tememos que P. Sánchez recurrirá al desarrollo de toda una batería de actuaciones orientadas a confundir a la ciudadanía para conseguir su voto, a satisfacer las exigencias de las fuerzas independentistas para mantener su apoyo y a alterar el normal funcionamiento del proceso electoral para lograr la victoria.

Así, en los próximos meses podremos ver el desarrollo de campañas de intoxicación de la opinión pública elaboradas en el seno del PSOE, vehiculizadas a través de los medios de información sincronizada y dirigidas a desprestigiar a la derecha en su conjunto, con la finalidad de ganar la batalla del relato y así estar en disposición de mantener el apoyo electoral de ese 25% de votantes que, a pesar de los pesares, aún sigue confiando en el partido socialista, probablemente por adolecer de una alarmante vacuidad intelectual o de una tremenda falta de honestidad.

También seguiremos viendo un recrudecimiento de la guerra sucia contra jueces, fiscales y policía judicial, semejante a la protagonizada por las llamadas cloacas del PSOE dirigidas de Leire Díez y Santos Cerdán. De hecho ya hemos empezado a ver una muestra de ello a raíz de las declaraciones del ministro de Transportes, Oscar Puente, el cual, ni corto ni perezoso, ha arremetido contra la investigación llevada a cabo por la policía, poniendo en tela de juicio tanto la imparcialidad de la jueza M. Tardón como la veracidad del informe del CENIF, con lo cual ya podemos imaginar lo que nos espera cuando llegue el juicio de Begoña Gómez y la más que probable imputación del PSOE por blanqueo de capitales y otras lindezas delictivas.

Asimismo, con la finalidad de mantener incólume el Frente Popular ya constituido en esta legislatura y así seguir contando con el apoyo de los partidos independentistas, el Gobierno socialcomunista -a pesar de contar con el rechazo de todas las Comunidades Autónomas del régimen común excepto Cataluña y Canarias- ha decidido a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que beneficia particularmente a la región catalana en detrimento del resto de comunidades, viéndose de esta forma conculcado el principio constitucional que establece la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de origen y residencia.

Por otra parte, P. Sánchez ya ha abierto las hostilidades contra la Casa Real al señalar, para defenderse de su vergonzosa inhibición ante la crisis migratoria, que el rey Felipe VI en sus 20 años al frente de la Jefatura de Estado no ha acudido ni una sola vez a Ceuta, lo cual, obviamente supone un premeditado y ladino ataque a la monarquía. A este respecto cabe señalar que si en el fondo supone un disparate político de tremendas consecuencias dadas las tensiones territoriales que asolan a España, en las formas encierra dos mentiras, la primera que Felipe VI tan solo lleva reinando 12 años y la segunda que la agenda del rey está controlada por el Gobierno de España, por lo que el hecho de no visitar Ceuta está en el debe de P. Sánchez y no del monarca. 

En cualquier caso, la Caja de Pandora ya se ha abierto y las consecuencias de ello no serán inocuas, ya que dicha actuación lleva a suponer que P. Sánchez, en un desesperado intento de movilizar a su potencial electorado, planteará las elecciones como si de un plebiscito entre Monarquía y República se tratara, a pesar de que ello pueda suponer la destrucción de la institución que durante siglos lleva simbolizando la unidad de la nación española y vertebrando sus diferentes sensibilidades.

La última de las estratagemas a la que pretende recurrir el régimen sanchista para perpetuarse en el poder básicamente consiste en adulterar el censo electoral con la finalidad de encontrar votantes en el extranjero, habida cuenta de cada vez son menos los que tiene en España. Así, en 2022 el Gobierno de P. Sánchez aprobó una disposición adicional de la infausta Ley de Memoria Democrática, conocida como “Ley de Nietos”, según la cual tienen derecho a la nacionalidad española y a participar en los procesos electorales los hijos y nietos de aquellos que se exiliaron entre 1936 y 1955, siempre y cuando fuera por razones políticas. 

Tan solo habían transcurrido seis días desde la aprobación de la ley cuando el Ministerio de Justicia emitió una instrucción por la cual se permitía que todo solicitante fuera incluido en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con independencia de las causas que motivaron el exilio de sus antepasados. Así, de consumarse tal aberración jurídica alrededor de 2,5 millones de personas obtendrían la nacionalidad española y el derecho al voto, a pesar de no haber pisado el territorio español más allá de unas soleadas vacaciones.

Ante tamaña arbitrariedad el Tribunal Supremo (TS) ha decidido suspender de forma cautelar el derecho al voto de todos aquellos que se han acogido a la Ley de Nietos, exigiendo además la acreditación de que los demandantes sean descendientes de exiliados políticos para que dicho derecho les sea concedido. De esta forma, la Justicia ha parado, al menos de momento, el intento de pucherazo electoral con el que el PSOE pretende torcer la voluntad del pueblo español, siguiendo el más puro estilo de los dictadores latinoamericanos.

Dice un proverbio chino que “Cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros molinos de viento”. Pues bien, parece evidente que P. Sánchez, como no podía ser de otra forma dada su diabólica condición, ha optado por levantar un muro tras los que arrinconar a la derecha, con el espurio objetivo de impedir el correcto funcionamiento de la democracia, razón por la cual solo cabe concluir que a España le esperan tiempos convulsos.