A Sánchez se le cae su estrategia con Ceuta: dimite un peón clave y canta la verdad de lo sucedido

La estrategia de Pedro Sánchez para tratar de cerrar la crisis de Ceuta se le está derrumbando. La desclasificación de documentos, concebida por Moncloa como un ejercicio de transparencia que debía apuntalar su versión, ha terminado abriendo una grieta mucho más difícil de tapar. Y ahora llega un episodio especialmente comprometedor: la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

Sanz era el hombre que recibió comunicaciones del CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Y al marcharse ha dejado una versión incómoda: sostiene que trasladó ese mismo día la información al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Éste, sin embargo, asegura que no fue informado.

Pero, en el fondo, ese enfrentamiento de versiones no resuelve la cuestión fundamental. Porque, avisara o no Sanz personalmente a su jefe, el Estado recibió información sobre lo que estaba ocurriendo. El aviso llegó a la estructura del Gobierno en Ceuta. Y no fue una señal aislada: la documentación conocida refleja comunicaciones e informaciones previas sobre posibles entradas, contactos con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil e incluso comunicaciones con los servicios de inteligencia marroquíes.

Si después hubo una negligencia, un fallo o una ruptura en la cadena de mando, eso no puede convertirse en una coartada política. Al contrario: agravaría el problema. Porque significaría que las alertas existieron, llegaron a órganos del Estado y, por una razón u otra, no provocaron una respuesta capaz de impedir lo sucedido.

Ésa es la cuestión que Moncloa intenta diluir en una discusión sobre llamadas, mensajes y quién informó exactamente a quién. La pregunta importante es mucho más sencilla: ¿por qué, existiendo avisos previos, el Gobierno no actuó con eficacia? Y la responsabilidad política no puede desaparecer entre despachos. Alguien debe asumirla. Empezando por el delegado del Gobierno en Ceuta y llegando hasta el máximo responsable político de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez quiso que la desclasificación fuera su cortafuegos. Le está ocurriendo lo contrario. Los documentos no cierran el caso, abren nuevas preguntas; las versiones se contradicen y ya se ha producido una dimisión. El Gobierno puede discutir ahora por dónde se rompió la cadena. Lo que no puede discutir es quién estaba al final de ella.