El problema que no cabe en un decreto

Bueno, pues ya tenemos acuerdo para tomar medidas con esto de la vivienda. No ha sido fácil, porque ya sabemos que tenemos un Gobierno que es, a la vez, su propia oposición. De hecho, el Consejo de Ministros ha tenido que elaborar dos decretos ley: uno para que Yolanda no se movilice contra sí misma y otro para que Puigdemont se avenga a estampar su firma digital.

Lo curioso es que nadie parece haberse acordado del problema de fondo. La vivienda no escasea porque falte regulación, sino porque falta oferta. Y una de las razones de esa falta de oferta es la inseguridad jurídica. Si alquilar una vivienda puede convertirse en una aventura de resultado incierto, siempre queda la posibilidad de no alquilarla. Es una decisión poco solidaria, pero bastante humana.

También hay cosas que podrían hacerse ya. Por ejemplo, impedir que viviendas protegidas, compradas en su día muy por debajo del precio de mercado gracias al dinero de todos, terminen convirtiéndose en una inversión privada cuando se venden a precio libre. La vivienda social que pagamos entre todos debería conservar su condición social, y si se quiere vender, que solo pueda comprarlo el Instituto de la Vivienda correspondiente, al precio de adquisición actualizado. O eso, o sencillamente, mantenerlas destinadas al alquiler. No digo que con eso se solucionara el problema. Digo que hay cosas que se pueden hacer y no se hacen.

Lo que sí parece urgente es aprobar un decreto de esos que caen bien entre la hinchada partiendo del caso de una señora, ya resuelto a golpe de medidas excepcionales de las que otros en su situación no han podido disfrutar, y de paso, tranquilizar al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos al que está afiliada no vaya a ser que en algún momento alguien tenga la idea de trasladar la acampada de la Puerta del Sol a los mismísimos jardines de Moncloa. A ver entonces quién es el guapo que demuestra que los campistas no son población vulnerable.