Pedro Sánchez, el hombre que corrompe todo lo que le rodea

Si le preguntamos a una persona que vive en la España vaciada y que no sigue el día a día de la política ¿qué le parece que el presidente del Gobierno tenga a su hermano, a su fiscal general del Estado y a al secretario de Organización de su partido condenados por delitos de corrupción, que asimismo tenga a su esposa investigada por la comisión de múltiples delitos relacionados con prácticas mafiosas y que, además, el partido en el Gobierno del cual él mismo es secretario general tenga más imputados que diputados?, sin duda la respuesta sería que le parece imposible. 

Pues bien, Pedro Sánchez, en sus ocho años al frente del Gobierno, ha demostrado con creces tener la capacidad de corromper todo lo que le rodea, haciendo de esta forma posible lo que a priori parecía imposible.

Por tanto, no debe extrañar a nadie el que ya desde el principio de su mandato P. Sánchez tuviera una particular obsesión en controlar la actividad de jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ya que de esta forma podía tener en sus manos las riendas no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, sin importarle lo más mínimo que ello supusiera vulnerar uno de los pilares básicos de la democracia parlamentaria, como es la separación de poderes.

En consecuencia, el autócrata monclovita trasmitió a su mano derecha, Santos Cerdán, su interés en crear una estructura subterránea que le permitiera alcanzar su propósito, concibiéndose así lo que se ha dado en llamar las “cloacas del PSOE”. Así, como los deseos del señorito son órdenes para sus secuaces, el presunto delincuente que en ese momento ocupaba la Secretaría de Organización del PSOE se puso inmediatamente manos a la obra, colocando al frente de este trama con aromas delictivos a una presunta periodista tan indocumentada como atrabiliaria, llamada Leire Díez, también conocida como la “fontanera del PSOE”. Finalmente la banda de facinerosos quedó formada por la propia Leire Díez, el exjuez Luis Sáenz de Tejada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra.

Rápidamente este grupo, que representa la viva imagen del régimen sanchista debido a su incoercible tendencia a perpetrar actividades ilícitas, se dedicó a obtener información personal, familiar y profesional sobre personas relacionadas con las investigaciones judiciales que afectaban al entorno familiar y político del psicópata monclovita, con la espuria finalidad de desacreditar a todos ellos y así paralizar las causas judiciales en curso.

Pues bien, uno de los múltiples casos en los que estaba involucrado este grupo de malhechores, tal y como ha desvelado la UCO en un pormenorizado informe, es el que hace referencia a David Sánchez, por su ilegal nombramiento como director de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Badajoz, a resultas del cual fue condenado a 9 años de inhabilitación por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Así, la UCO ha desvelado una serie de actividades coordinadas, todas ellas encaminadas a apartar a la juez Beatriz Biedma de la instrucción de la causa abierta contra el hermanísimo.

Dentro de estas actividades, a todas luces indecentes, cabe destacar, en primer lugar, la presentación por parte del exjuez Sáenz de Tejada de dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado, acusando a la juez Biedma de la comisión de delitos relacionados con el ejercicio de su cargo, siendo finalmente archivadas ambas denuncias. A su vez, nos encontramos con que el ínclito ex juez llegó al extremo de publicar cerca de 100 videos en YouTube, en los que lanzaba falsas acusaciones contra la juez, para, de esta forma, erosionar su credibilidad. 

Paralelamente, Joaquín Parra, hoy condenado a 10 años de cárcel por falsedad documental, fraude fiscal, y blanqueo de capitales, inició una pertinaz búsqueda de contactos en ambientes poco recomendables, para obtener información que pudiera poner en duda la honorabilidad de la juez y así cuestionar su legitimidad para ejercer su cargo. Asimismo, la UCO recogió en su informe un testimonio de Joaquín Parra, donde se decía que personas próximas a Sáenz de Tejada estaban realizando labores de seguimiento de la juez, para obtener algún dato de su vida privada que pudiera comprometerla. 

Finalmente, y esto es lo más grave por traspasar todo límite moral, dos miembros de las cloacas del PSOE se pusieron en contacto con Cintia Rocho, perteneciente a una banda de delincuentes dedicada al narcotráfico, para decirle que la juez Biedma era “un puto grano en el culo” y que había que causarle un daño física e incluso “eliminarla”, algo a lo que la interpelada se negó en rotundo por no fiarse de su interlocutores, lo cual resulta hasta cierto punto escalofriante, ya que refleja el inmenso grado de deshonestidad que anida en las entrañas del partido socialista.

Como consecuencia de todo ello la Audiencia Nacional ha abierto una causa para investigar las presuntas actividades delictivas llevadas a cabo por la cloaca del PSOE, de tal forma que la juez Biedma se ha visto obligada a declarar ante el juez Santiago Pedraz para aportar información relativa al trabajo de la UCO. En su declaración la juez ha señalado que los agentes de la UCO que actuaban como policía judicial en la investigación sobre David Sánchez le manifestaron que estaban recibiendo fuertes presiones por parte del director general y del director adjunto operativo de la Guardia Civil, habiendo llegado incluso a ser amenazados con la apertura de expedientes sancionadores si no se ponían de perfilen el curso de sus investigaciones y concluían con celeridad que no habían encontrado ningún tipo de irregularidad.

Resulta obvio que del análisis de los hechos hasta aquí narrados se puede inferir que la UCO no está describiendo simplemente una campaña de críticas más o menos falsas contra un juez, sino que lo que está poniendo de manifiesto es que la cloaca del PSOE llevaron a cabo una campaña de acoso y derribo contra la juez Beatriz Biedma absolutamente despiadada, con la exclusiva finalidad de que el hermano de P. Sánchez se escapara de la acción de la Justicia, viéndose así vulnerado el “principio de igualdad ante la ley” que constituye la base de todo Estado de Derecho que se precie de tal.

Durante las dos últimas legislaturas han sido los jueces, fiscales y policías judiciales el dique de contención de las ansias dictatoriales de P. Sánchez. Durante este tormentoso periodo hemos podido comprobar como este pequeño Napoleón de tres al cuarto, conocedor de la importancia de acabar con la independencia del Poder Judicial para así campar a sus anchas, ha cometido todo tipo de tropelías, llegando al extremo de organizar un entramado presuntamente criminal para atemorizar a unos jueces, fiscales y guardias civiles que simplemente estaban armados del valor y la honestidad que su código deontológico les infunde. Sin embargo toda resistencia tiene un límite y ese límite ha llegado. 

Por eso, el próximo 29 de noviembre los españoles tenemos una cita ineludible con las urnas, en la cual se va a dilucidar el futuro de la nación española, y con ello no solo me refiero a qué partido político va a estar representado en la bancada azul del Congreso, sino que, más allá de eso, lo que estoy señalando es que en esta batalla electoral lo que está en juego es si vamos a vivir bajo el acogedor abrigo de la democracia, la libertad y la prosperidad o bajo la siniestra losa de la autocracia, la opresión y la miseria.