Sánchez desafía al Supremo para consumar su trampa: el Gobierno juega con fuego con la ley de nietos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la inacción administrativa en un instrumento político. Treinta y seis días después de que el Tribunal Supremo ordenara identificar a los 163.000 nacionalizados por la “ley de nietos” cuyas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes podían estar viciadas, el Ministerio de Exteriores no ha remitido ni un solo dato a la Oficina del Censo. Ni uno. El casillero sigue a cero, como ha constatado la propia Junta Electoral Central y ha comunicado al Alto Tribunal.

No se trata de un retraso técnico ni de un problema de volumen. El Supremo ya advirtió que la Administración no puede alegar imposibilidad material cuando ella misma provoca el incumplimiento, y exigió movilizar los recursos necesarios para certificar, caso a caso, quiénes acreditan ser descendientes de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual —lo que exigía la Ley de Memoria Democrática— y quiénes se beneficiaron de la interpretación expansiva de la instrucción de 2022, que presumió el exilio de cualquiera que abandonara España entre 1936 y 1955.

Al retener esa información, Exteriores impide que se ejecute la medida cautelar. Sin datos consulares resulta imposible distinguir quién puede votar el 29-N y quién no. El resultado es que la suspensión ordenada por el Supremo queda en el limbo, mientras el Gobierno insiste en que no hay tiempo para depurar el censo.

Esto no es negligencia. Es un desafío calculado a la autoridad del Tribunal Supremo para consumar la trampa electoral que se diseñó con la ampliación de la “ley de nietos”. El Gobierno juega con fuego porque desafiar de esta manera al Alto Tribunal puede tener consecuencias graves si los magistrados deciden hacerse respetar y exigir el cumplimiento de sus resoluciones. Quizá es precisamente lo que buscan: que el Supremo adopte medidas más expeditivas para alegar después una persecución política inédita del Gobierno por parte del Tribunal. 

No hay nada que le guste más a Sánchez que llevar las situaciones al extremo para polarizar al máximo a la sociedad y, con ello, tratar de estimular la movilización de la izquierda. En una democracia, el derecho de voto no puede depender de la voluntad del Ejecutivo de obedecer o no a los jueces. Sánchez lo está poniendo a prueba. El precio puede ser muy alto.