PP-VOX: el pacto que desafía el cordón sanitario a la derecha española

Veintidós años después de celebrarse aquel fatídico "Congreso de Valencia", en el que el centroderecha español se partió en dos mitades, lo que a lo largo del tiempo ha dado lugar a que España haya sido gobernada más tiempo desde el centroizquierda y la izquierda que desde el centroderecha, el acuerdo alcanzado este lunes entre el Partido Popular y Vox, con el objetivo inicial de echar a Sánchez y conseguir los 3/5 del Senado para intentar que la izquierda no pueda bloquear el nombramiento de representantes en distintas instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, supone el ensayo de una nueva relación política entre ambas formaciones que pone a prueba sus diferencias ideológicas, la etiqueta de ultraderecha para Vox y la capacidad que demuestren ambos partidos para construir una alternativa de gobierno estable.

Este acuerdo entre el PP y Vox para las elecciones al Senado abre un nuevo escenario político en España que va mucho más allá de seis provincias. Tras años de competencia por una parte del mismo electorado, ambas formaciones han decidido explorar una fórmula de colaboración electoral, lo que plantea si este primer paso puede servir para la consolidación de una relación política más amplia o si, por el contrario, sólo es una mera operación táctica.

Este debate afecta tanto a las direcciones de ambas formaciones como a su electorado, ya que una cosa es que las cúpulas políticas encuentren motivos para coordinar sus candidaturas y otra, la interpretación que hagan los electores de esta decisión.

Si tenemos en cuenta que a Vox se le califica como "ultraderecha", lo que no es una etiqueta políticamente irrelevante pero tampoco basta por sí sola para explicar las consecuencias de un acuerdo, el PP afronta el reto de mantener su identidad mientras decide hasta dónde puede cooperar con Vox. Para esta segunda formación, la cuestión fundamental está en explicar qué pretende conseguir mediante esos pactos y hasta qué punto está dispuesta a negociar sin renunciar a sus principios.

Este entendimiento entre ambos partidos abre un debate sobre el futuro de la derecha española: ¿puede una colaboración limitada al Senado servir de precedente para otros acuerdos? ¿Qué puede suceder si, después de las elecciones, PP y Vox necesitan negociar para formar gobierno o aprobar determinadas medidas parlamentarias?

El PP tendrá que explicar qué acuerdos considera compatibles con su programa y cuáles no estaría dispuesto a asumir, desde la claridad, a fin de evitar que una decisión circunscrita al Senado se considere una adhesión general a todas las posiciones de Vox. Para la formación de Santiago Abascal, este acuerdo puede facilitar su participación en determinados acuerdos institucionales, ampliando su capacidad de influencia, aunque para ello está obligada a precisar ante la sociedad lo que pretende obtener de esa relación política.

Hay que tener en cuenta que, si esta colaboración se extendiera a la formación de gobierno, la negociación podría ser mucho más compleja al tener que acordar prioridades presupuestarias y medidas legislativas, además de dejar claro qué compromisos se consideran irrenunciables.

No podemos olvidar que la dimensión sociológica del acuerdo resulta especialmente importante, dado que, aunque ambas formaciones compiten por una parte del mismo electorado, sus electores no constituyen un bloque homogéneo.

Según una encuesta publicada el pasado lunes por el diario El País y la Cadena SER, el 21% de quienes declaran votar al PP descarta por completo votar a Vox, mientras que 4 de cada 10 votantes del PP consideran a Vox como su segunda opción. También existe rechazo entre los votantes de Vox hacia el PP: 1 de cada 5 descarta votar a los populares.

Si nos ponemos en la tesitura de una cooperación de gobierno, necesaria si hacemos caso a las encuestas, en Economía tendrían que explicar sus propuestas fiscales, el coste de las medidas de gasto público y su financiación. En inmigración, deberían clarificarse sus planteamientos sobre fronteras, residencia, integración y cooperación europea. En cuanto al modelo territorial, deberían precisar qué cambios pretenderían introducir en las competencias autonómicas, además de alcanzar una posición clara de compromiso sobre transparencia, rendición de cuentas y funcionamiento de los órganos constitucionales.

En definitiva, este acuerdo para el Senado entre el PP y Vox debe ser un compromiso irrenunciable con la necesidad de cambio que solicita la sociedad española, demostrando la apertura de una nueva etapa que dé lugar a que posiciones no de izquierdas sean capaces de gobernar de una manera eficaz y democrática una sociedad que, desde el comienzo de la democracia, ha sido regida durante tres décadas por una izquierda que, abandonando sus parámetros de compromiso con España, se ha convertido en una caricatura de demócrata cuando, en realidad, es un claro ejemplo de una forma de gobierno autócrata que pone en peligro la convivencia y la igualdad y levanta muros entre españoles que piensan diferente.