España no es una finca de nadie. Y la vida no admite prueba y error

¿Qué es prioritario en nuestras vidas? ¿Y qué debería ser prioritario para quienes administran nuestro dinero, nuestras infraestructuras y nuestra confianza?

Hay momentos en los que una sociedad tiene la obligación de detenerse, mirar a su alrededor y hacerse preguntas incómodas. No por alimentar enfrentamientos políticos, no por buscar culpables antes de tiempo, sino por algo infinitamente más importante: la vida, la seguridad y el futuro de las personas.

España ha sido durante años un referente internacional en alta velocidad ferroviaria. Hemos presumido, con razón, de nuestra capacidad tecnológica, de nuestras infraestructuras y de una red ferroviaria que nos situaba entre los países más avanzados del mundo.

Éramos un ejemplo de modernidad, de desarrollo y de progreso.

Pero ¿qué está pasando? ¿En qué momento hemos dejado de preguntarnos si aquello que construimos se conserva, se mantiene y se actualiza como merece? ¿Cuántas señales de advertencia hacen falta para que la prevención deje de ser una promesa y se convierta en una prioridad real?

Porque las infraestructuras no se mantienen con discursos, fotografías ni inauguraciones. Se mantienen con inversión, planificación, controles rigurosos, mantenimiento adecuado y decisiones responsables.

Y cuando hablamos de ferrocarriles, no hablamos únicamente de trenes, vías, tecnología o presupuestos. Hablamos de personas. De trabajadores que cumplen con su jornada, de familias que viajan para reencontrarse, de estudiantes, de ciudadanos que se desplazan confiando en que los medios de transporte que utilizan ofrecen las garantías de seguridad exigibles.

Hablamos, en definitiva, de vidas humanas.

¿Qué ha fallado para que tengamos que preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario para protegerlas?

ESPAÑA, ESA GRAN FINCA CUYOS ADMINISTRADORES DEBEN RENDIR CUENTAS

Permitidme una comparación.

España es una gran finca. Los ciudadanos aportamos los recursos, pagamos nuestros impuestos y depositamos nuestra confianza en quienes reciben el encargo de administrarlos.

Pero no son los propietarios de esa finca. Son sus administradores.

Y un buen administrador sabe que no basta con disponer de dinero: hay que saber establecer prioridades, anticiparse a los problemas, cuidar lo que se tiene y evitar que el deterioro de hoy se convierta en la desgracia de mañana.

Por eso, resulta legítimo preguntarse qué criterios se siguen al decidir el destino de los recursos públicos.

La cooperación internacional puede ser necesaria y beneficiosa. Nadie discute que España tenga compromisos y responsabilidades fuera de sus fronteras. Pero ¿podemos permitirnos desatender nuestras propias necesidades esenciales? ¿Podemos hablar de solidaridad mientras los ciudadanos reclaman respuestas sobre el estado y la seguridad de infraestructuras estratégicas?

No se trata de enfrentar a España con otros países. Se trata de exigir que las decisiones presupuestarias sean transparentes, justificadas y compatibles con la obligación fundamental de proteger a quienes viven aquí.

Administrar no es repartir dinero sin más. Administrar es decidir qué es prioritario y responder por esas decisiones.

Y la seguridad de los ciudadanos debe ocupar un lugar incuestionable entre esas prioridades.

¿CUÁNTAS SEÑALES MÁS NECESITAMOS?

Cuando aparecen advertencias, incidencias o indicios de deterioro en una infraestructura, la pregunta no debería ser quién consigue el mejor titular ni quién sale mejor parado en la batalla política.

La pregunta debería ser: ¿qué hay que hacer para prevenir un accidente?

Si existían advertencias, queremos saber cuáles fueron. Si se detectaron deficiencias, queremos conocer qué medidas se adoptaron. Si hubo decisiones que pudieron retrasarse o actuaciones que no se realizaron, queremos explicaciones documentadas.

Y si se acreditan responsabilidades, queremos que se asuman.

Porque una sociedad seria no espera a que ocurra una tragedia para empezar a tomarse en serio las advertencias.

¿Cuántas más pruebas y errores vamos a tener que soportar? ¿Cuántas veces tendremos que escuchar explicaciones después de que el daño ya esté hecho?

¿En qué momento alguien va a dar un golpe en la mesa y decir basta?

No podemos aceptar que la prevención se convierta en una asignatura pendiente ni que la exigencia de responsabilidades se diluya entre declaraciones, reproches partidistas y el paso del tiempo.

No se trata de condenar sin investigar. Se trata de investigar sin excusas, de informar sin ocultaciones y de actuar sin esperar a que la siguiente advertencia sea demasiado tarde.

LA RESPONSABILIDAD NO ES UNA OPCIÓN

Y llegamos a una cuestión que va más allá de las vías, los trenes y los presupuestos: la ejemplaridad de quienes nos representan.

Cuando se produce una tragedia, las víctimas y sus familias merecen respeto. Merecen respuestas, transparencia y la certeza de que se hará todo lo necesario para esclarecer los hechos y evitar que vuelvan a repetirse.

Por eso cuesta comprender que asuntos de semejante gravedad puedan convertirse en escenario de frivolidades, polémicas superficiales o espectáculos que hieren la sensibilidad de quienes están sufriendo.

El humor tiene su espacio en una sociedad libre. La crítica política también. Pero hay momentos en los que la prudencia, la empatía y el respeto institucional deberían imponerse a cualquier estrategia de comunicación.

Y cuando hablamos de un ministro, hablamos de una responsabilidad pública de primer orden.

La pregunta es inevitable: ¿dónde ha quedado aquella vergüenza torera que llevaba a dar un paso al frente cuando las cosas salían mal?

¿En qué momento hemos normalizado que nadie asuma responsabilidades políticas, que las explicaciones se eternicen y que parezca que basta con resistir hasta que la opinión pública se canse?

Un cargo público no es un privilegio personal. Es una obligación con los ciudadanos.

Y la responsabilidad política no debería empezar cuando se agota la paciencia de la sociedad. Debería estar presente desde el primer día en que se acepta el cargo.

No toda tragedia implica necesariamente una responsabilidad política o penal, y las causas deben determinarse con rigor. Pero tampoco podemos aceptar que la investigación de los hechos se utilice como excusa para eludir las explicaciones políticas que legítimamente corresponden.

Los ciudadanos no pedimos espectáculos. Pedimos seriedad. No pedimos condenas anticipadas. Pedimos verdad. No pedimos promesas vacías. Pedimos medidas concretas y resultados verificables.

¿HASTA DÓNDE LLEGA NUESTRA PACIENCIA?

Esta es, quizá, la pregunta más incómoda.

¿Hasta dónde estamos dispuestos a consentir que nuestras preocupaciones se conviertan en un asunto secundario? ¿Cuántas veces vamos a aceptar que las prioridades de los ciudadanos queden relegadas frente a los intereses de quienes ejercen el poder?

Y también debemos preguntarnos qué papel desempeñamos nosotros mismos.

Porque la democracia no consiste únicamente en acudir a las urnas cada cierto tiempo. Consiste en informarnos, exigir explicaciones, reclamar transparencia y recordar que el poder pertenece a los ciudadanos y que quienes lo ejercen deben rendir cuentas.

Votar no es una obligación de fidelidad a unas siglas. Es un derecho que nos permite valorar la gestión, examinar las decisiones y elegir libremente a nuestros representantes.

Por eso, ante una cuestión tan importante como la seguridad de nuestras infraestructuras, no deberíamos dejarnos llevar únicamente por los discursos, las consignas o las emociones del momento.

Debemos mirar los hechos. Examinar las actuaciones. Preguntar quién hizo qué, cuándo lo hizo y con qué resultados.

Y después, decidir en conciencia.

EL 29 DE NOVIEMBRE: LA RESPONSABILIDAD TAMBIÉN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

El próximo 29 de noviembre tenemos una cita que nos invita a reflexionar sobre el país que queremos y sobre la responsabilidad que corresponde a quienes nos representan.

Que cada ciudadano ejerza su derecho con libertad, con memoria y con conocimiento. Que valore las decisiones adoptadas, las explicaciones ofrecidas y las responsabilidades asumidas. Que no olvide que detrás de cada política pública hay consecuencias reales para la vida cotidiana de millones de personas.

No se trata de votar desde el rencor ni de convertir una tragedia en un arma partidista. Se trata de comprender que la gestión pública tiene consecuencias y que la confianza ciudadana no puede darse por garantizada.

Que nadie confunda nuestra paciencia con indiferencia. Ni nuestro respeto por las instituciones con una renuncia a exigir responsabilidades.

España merece infraestructuras seguras. Merece administradores responsables. Merece instituciones que estén a la altura de sus ciudadanos.

Y merece que la prevención, el mantenimiento y la seguridad dejen de ser asuntos secundarios para convertirse en compromisos permanentes, medibles y exigibles.

Porque hay inversiones que pueden aplazarse, decisiones que pueden rectificarse y errores que pueden corregirse.

Pero hay vidas que no se pueden devolver.

Por eso, cuando hablamos de seguridad, no hablamos de un gasto más en un presupuesto. Hablamos de una obligación moral, política y social.

Hablamos de personas que tienen derecho a desplazarse sin que su seguridad quede relegada frente a cualquier otro interés.

Y hablamos de administradores que deben recordar que el dinero público no es suyo, que el cargo no les pertenece y que la confianza de los ciudadanos exige responsabilidad.

ESPAÑA NO ES PROPIEDAD DE QUIENES LA GOBIERNAN. ESPAÑA ES DE LOS ESPAÑOLES.

Y quienes administran nuestros recursos tienen la obligación de servir a los ciudadanos y rendir cuentas por sus decisiones.

El 29 de noviembre, recordemos qué país queremos construir, qué exigencias debemos plantear y qué importancia tiene nuestra voz en una democracia.

Porque, por encima de cualquier partido, de cualquier cargo y de cualquier interés político, está la vida.

Y LA VIDA NO ADMITE PRUEBA Y ERROR.