Honestidad Política o intereses partidistas en la Diputación Permanente

Este martes, la Diputación Permanente del Congreso, un órgano de las Cortes Generales que durante los periodos de sesiones inhábiles o en épocas de la disolución de las cámaras como consecuencia de la celebración de las elecciones generales, se reúne a con el fin de analizar las causas, las consecuencias y todo lo relacionado con el accidente ferroviario de Urda, que ha causado 69 muertos y sin duda, la mayor tragedia ferroviaria de España, diez meses después de que el accidente de Aldamuz, se cobrara 46 fallecidos.

En esta reunión, el Ministro de Fomento y Transportes, Oscar Puente, comparecerá ante los diputados para esclarecer las causas del accidente de Urda, la situación del mantenimiento de la línea Madrid Sevilla y su relato exculpatorio de lo sucedido apenas 6 h después de producirse la tragedia, culpando a un operario del Centro de Control de Atocha, con la particularidad de que su relato, fuera respaldado por una filtración de audios a medios afines al gobierno, rompiendo elementos esenciales para la investigación judicial y que pretendían generar una especie de “juicio social” hacia los trabajadores de ese centro de control, lo que de alguna manera pretendía ser un elemento elemento exculpatorio de responsabilidades.

Precisamente, este hecho de la filtración, que pretende condicionar el relato de lo sucedido para crear una opinión en la sociedad, debe ser uno de los importantes aspectos que las formaciones políticas representadas en la Diputación Permanente deben abordar, puesto que veremos a las claras, tanto el nivel de honestidad política que tiene el gobierno respecto a la tragedia, y comprobaremos si sus socios, esos que durante 8 años han mantenido a Sánchez en el poder, actúan en su papel de representantes de los españoles, o si sólo juegan a defender sus intereses de partido, como lo han hecho durante todo este tiempo, como albañiles del muro que separa la realidad y la ideología, de las necesidades de los españoles.

Esta Diputación Permanente, que para el gobierno pretende ser un mero acto de “quedar bien” ante la sociedad, debe ser la de la honestidad política, la de la comprobación por parte de los españoles, que la política, no está podrida del todo, en una democracia de papel, que sirve para camuflar una gestión caudillista y autócrata desde un gobierno que toda su gestión, se ha basado en cubrir sus intereses, estar alejado de la realidad, escondiendo una corrupción sistémica y despreciando a los españoles, una vez más, en momentos de dolor por las constantes desgracias que ha sufrido España en estos 8 años.

Si los políticos y particularmente los socios que han mantenido al gobierno, no muestran su responsabilidad ante lo sucedido y no cumplen con las obligaciones para las que han sido designados, deben ser apartados y marginados en su representación, ya que su complicidad, quedará evidente ante unos ciudadanos que están hartos de que sólo busquen el poder por el poder, lo que provoca una degradación social, un descrédito para un país que dice ser una democracia liberal y un desprecio a quienes con estupor, impotentes, contemplan el espectáculo dantesco que supone esa guerra entre el gobierno y el estado, utilizando todos los resortes inimaginables para ocultar la realidad.

Lo que no veremos los españoles en esta Diputación Permanente, es que en la misma, los grupos políticos puedan votar la dimisión o cese del Ministro de Transportes Oscar Puente, porque este organismo, no puede votar la dimisión de un ministro, aunque haya mayoría que lo solicite, porque esa decisión, sólo corresponde al Presidente del Gobierno, según el artículo 100 de la Constitución, lo que da lugar a que cualquier iniciativa de los diputados al respecto, sólo tenga un mero valor simbólico, lo que nos llevaría a preguntarnos qué mecanismos de control reales quedan con el Congreso disuelto para exigir responsabilidades políticas, cuando el órgano decisorio no está operativo.

Por su parte, aquellos grupos políticos que desde la oposición pretenden gobernar España a partir del 29 de Noviembre, deben fiscalizar al gobierno sin contemplaciones con todos los datos que se conocen, pero de cara a la sociedad, deben abrir un compromiso de gestión de la tragedia, con la certeza para la sociedad de que se abrirá una comisión de investigación que deje claras las responsabilidades, que se llevará a cabo una auditoria que cuantifique los niveles de inversión en el mantenimiento de la alta velocidad durante estos años, así como el esclarecimiento que se precisa para saber donde ha ido el dinero que desde la UE se ha destinado a la mejora de la alta velocidad, su seguridad, por un gobierno que sospechosamente ha destinado ingentes cantidades de dinero en materia de ferrocarril a otros países, en detrimento de las necesidades de los españoles en este medio de transporte, en el que queda destruido y que puede ver agravada la situación, si se pretende cerrar por dos años, la linea Madrid Barcelona.