Las tragedias ferroviarias desnudan a Pedro Sánchez y provoca un vuelco electoral

La estrategia política de Pedro Sánchez ha pivotado sobre tres grandes cuestiones, todas ellas muy apartadas de la resolución de los problemas de la ciudadanía. Así, en primer lugar, P. Sánchez ha buscado de manera prácticamente compulsiva obtener el apoyo parlamentario de comunistas e independentistas, para lo cual no ha tenido reparo alguno en plegarse a sus exigencias. Ello le ha llevado, por un lado, a ir radicalizándose progresivamente hasta posicionarse en la extrema izquierda y, por otro lado, a blanquear a los herederos políticos de ETA y a conceder la amnistía a los golpistas catalanes. En consecuencia, la desdibujada acción de gobierno de P. Sánchez ha traído consigo un notable adelgazamiento de la clase media, acompañado de la reactivación de las tensiones territoriales y el fortalecimiento de los movimientos independentistas en Cataluña y el País Vasco.

A su vez, en segundo lugar, a falta de programa de gobierno, P. Sánchez ha centrado su actividad política en la búsqueda de un relato que ocultara la realidad nacional y culpara a otros de los males que, de manera cada vez más evidente, se dejaban notar en el seno de la sociedad española. Este relato básicamente ha consistido en criminalizar a la derecha, tildándola de fascista sin aportar ni una prueba mínimamente convincente de tal consideración. Debido a ello los españoles hemos tenido que soportar durante los últimos ocho años un discurso guerracivilista por parte del Gobierno sanchista que nos retrotrae a épocas pretéritas que estaban felizmente superadas. De esta forma, la sociedad española volvió a dividirse maniqueamente entre los buenos (la izquierda) y los malos (la derecha), contribuyendo esta aberrante dicotomía moral a la polarización de la ciudadanía y al socavamiento de la convivencia y la armonía social. Asimismo, y dado que los casos de corrupción dentro de las filas socialistas no hacían otra cosa que multiplicarse de manera permanente, P. Sánchez decidió introducir en su discurso el ataque a los jueces, fiscales y policías judiciales encargados de la investigación de las delictivas actuaciones de su entorno familiar y político, culpándolos de formar parte de una supuesta organización ultraderechista decidida a acabar con el Gobierno socialcomunista. Esta brutal agresión a la separación de poderes y, por consiguiente, al Estado de Derecho, se vio amplificada por los medios de opinión sincronizada al servicio del Ejecutivo sanchista, actuando como punta de lanza de todos ellos RTVE, a pesar de su deber deontológico como ente público que es de ofrecer una información objetiva, veraz y ajena a intereses partidistas.

Por último, para garantizarse un suelo electoral como punto de partido para la cita con las urnas, P. Sánchez se ha dedicado a regar con millones de euros procedentes del erario público a todo tipo de organizaciones privadas de marcado carácter izquierdista, con la evidente intención de que los individuos en ellas encuadrados estuvieran dispuestos a servir a sus intereses, ya sea haciendo propaganda, manifestándose, incendiando las calles o ejerciendo su derecho al voto. Obviamente, este indecente batallón de estómagos agradecidos no solo es capaz de generar un considerable impacto en la opinión pública, sino que también constituyen redes clientelares de voto cautivo, por lo que, si bien su rentabilidad social es paupérrima, su importancia electoral no es en absoluto desdeñable. Asimismo, en esta línea de potenciar su suelo electoral, el Gobierno sanchista promulgó la llamada “Ley de nietos”, posteriormente modificada ilegal e ilegítimamente por obra y gracia de la directora general de Seguridad Jurídica y hermana del ministro de Transportes, Sofía Puente, en virtud de la cual podían acceder a la nacionalidad española y votar en las elecciones generales todos los residentes en el extranjero que fueran descendientes de un antepasado español que emigrara entre 1936 y 1955 con independencia de la inicialmente exigida condición de exiliado político. Afortunadamente el Tribunal Supremo, auténtico baluarte de la democracia, consiguió frenar dicho intento de adulteración del censo electoral y el consiguiente fraude electoral, emitiendo un auto que exigía la comprobación de la condición de descendiente de exiliado político. Para que nos demos cuenta del feroz ataque a la democracia perpetrado desde el PSOE, tras la obligada comprobación consular de los 163.355 expedientes tramitados resulta que tan solo 901 personas cumplían con los requisitos exigidos por la ley en su formulación original.

Con este siniestro telón de fondo la legislatura iba avanzando mientras el Gobierno se hallaba sumido en la impotencia administrativa (por la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado), en la parálisis legislativa (debido a su insuficiente apoyo parlamentario) y en la corrupción galopante (derivada de la codicia de los líderes del partido socialista). No obstante, a pesar de la lamentable situación en la que se encontraba el país, P. Sánchez, ávido de poder y con las encuestas demoscópicas en contra, se resistía a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, dos hechos vinieron a cambiar el escenario político. El primero de ellos fue el descubrimiento por parte del UCO de nuevas pruebas incriminatorias que hacían más que probable la imputación del PSOE por financiación ilegal, mientras que el segundo fue el desahucio por orden judicial de Maricarmen. Así, intentado eludir la imputación del PSOE y aprovechando el revuelo armado por la anciana desahuciada, P. Sánchez creyó oportuno dese un punto de vista electoralista echar el cierre a la legislatura y llamar a los españoles a las urnas. Para preparar la campaña electoral P. Sánchez, inútil para todo menos para aferrarse al poder, movilizó a sus bases, respondiendo éstas con una acampada ilegal en la madrileña Puerta del Sol y múltiples disturbios callejeros en las principales ciudades españolas. No obstante, la burda campaña de agitación y propaganda, cuyo lema era “La vivienda no es un negocio, es un derecho”, se les vino abajo al conocerse que la portavoz nacional del PSOE, Montserrat Mínguez, en el colmo de la hipocresía poseía junto a su pareja sentimental numerosos pisos en régimen de alquiler. Siendo la cuestión francamente negativa para la campaña socialista, más contraproducente fue el que saliera a la luz los más de 150.000 desahucios llevados a cabo durante los ocho años de Gobierno socialcomunista, sin que el autócrata monclovita moviera un solo músculo para dar respuesta al grave problema que tan amargo trance supone.

Al comprobar, por tanto, que el tema de la vivienda no le daba los réditos esperados, fue cuando P. Sánchez, con la habilidad propia de un tahúr del Mississippi, decidió cambiar de estrategia y comenzar una campaña que se movía entre la puerilidad propia de un jardín de infancia y el tono festivalero característico de un grupo de adolescentes “farmeando aura”. Sin embargo, una vez más, todo lo diseñado con esmero por el partido socialista se fue al traste debido al trágico accidente ferroviario de Urda que se saldó con la muerte de 69 personas. Inicialmente tanto P. Sánchez como Óscar Puente trataron de parar el golpe quitándose de en medio y acusando directamente a un operario de ADIF de ser el responsable directo del accidente. Sin embargo, en cuestión de horas la ignominiosa coartada se demostró falsa, al comprobarse que había sido un triple fallo del sistema de seguridad el causante de la catástrofe. Los principales factores que han contribuido a tamaño despropósito, han sido la perversa sustitución en la cúpula de ADIF de personas altamente cualificadas y con gran experiencia en el sector por comisarios políticos afines al PSOE con escaso conocimiento de la materia y la drástica disminución de la partida económica dedicada por el Ministerio de Transportes a la conservación y renovación de la red ferroviaria y sus sistemas de seguridad.

Como consecuencia de todo ello las encuestas demoscópicas realizadas después del accidente han coincidido en señalar en una holgada victoria de la derecha y una importante caída en intención de voto del PSOE y el Frente Amplio. Por lo tanto, todo hace pensar que tras la celebración de las elecciones del 29-N tendremos un nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, si bien todos los que anhelamos el triunfo de la alternancia política y la vuelta al espíritu del 78 mal haríamos en dar la contienda electoral por resuelta, ya que de P. Sánchez puede esperarse cualquier tropelía que le sirva para mantenerse en el poder.