Gestión frente a propaganda: el cambio necesario

España lleva siete años atrapada en una anomalía. Nunca un gobierno había hecho tanto ruido y había conseguido polarizar tanto a los españoles. Nunca se había confundido tanto gobernar con comunicar, ni la acción con un simple relato. Los gobiernos de Pedro Sánchez han sido un prodigio de propaganda y un fracaso de gestión. Frente a eso, la alternativa no necesita estridencias. Es la del rigor, la honestidad y el respeto al Estado de derecho, sin duda estamos ante el cambio necesario.

El sanchismo ha vivido de la sobreactuación. Cada crisis, en lugar de gestionarse, se ha convertido en una campaña. Cada ley, en un titular. Cada comparecencia, en un acto de partido pagado con fondos públicos. Se han anunciado miles de millones que nunca llegaban, planes que morían en el BOE, y fondos europeos que, tres años después, siguen sin transformar una sola comarca de este país. La propaganda como política de engaño.

El resultado está a la vista y lo pagan los españoles en su día a día. Nunca se habían recaudado tantos impuestos y nunca los servicios públicos habían estado tan deteriorados. No olvidemos que el pasado 5 de noviembre vencía el segundo plazo de pago a Hacienda y la larga mano de Sánchez ha rebañado hasta el fondo nuestros bolsillos. Esa es la paradoja injustificable que deja el sanchismo.

La educación en España está instalada en la mediocridad como pone de manifiesto en todos los informes PISA, con abandono escolar aún por encima de la media europea y con una ley educativa que ha bajado el nivel de exigencia para maquillar estadísticas. Se ha confundido equidad con igualar a la baja, y el esfuerzo con una ofensa.

Tanto la política de seguridad como la Justicia han sido objeto de un ataque reiterado por parte del sanchismo. Así pues, tenemos una Policía Nacional y una Guardia Civil con cuarteles que se caen, con vehículos sin pasar ITV y con falta de efectivos en comarcas enteras. Y, sobre todo, con una política destinada a frenar el principio de autoridad nen las calles.

Pero la situación de la Justicia es mucho peor si cabe, hasta el punto que se está investigando si las “cloacas” sanchistas quisieron “eliminar” a una juez para que no investigara al hermano de Pedro Sánchez. Por otra parte, se ha llegado a “colonizar” al Tribunal Constitucional hasta un límite escandaloso, se ha degradado la Fiscalía General del Estado convirtiéndola en un gabinete de comunicación de Moncloa y con indultos y amnistías usados como moneda de cambio para mantenerse en el poder.

La vivienda, los transportes y la dependencia, son tres claros ejemplos perfectos de la propaganda vacía. Se anunció una ley de vivienda que ha reducido la oferta y ha disparado los precios. Se anunció la gratuidad ferroviaria que ha terminado en trenes que no llegan, averías diarias y vagones de los años 80, con un saldo de 116 muertes que están investigando los Juzgados.

Todo eso no es casualidad. Es consecuencia de un modelo que desprecia la gestión y adora el relato. Un modelo que cree que gobernar es ocupar el BOE y las televisiones, no arreglar lo que no funciona. Se ha despreciado la gestión por una publicación en “Tik Tok”, por bailes y por besos y así están los servicios públicos, absolutamente degradados.

Frente a eso, la propuesta que España necesita es exactamente lo contrario. No es una revolución. Es algo mucho más difícil y más necesario en este momento: normalidad institucional. Tenemos que volver al rigor, lo cual significa volver a hacer lo que cualquier buen gestor hace en su casa o en su empresa: presupuestar con verdad, no con trampas. Es necesario que los españoles sepamos cuánto dinero hay en la caja y en qué se va a gastar; someter los contratos a auditoría y no a dedo; ejecutar los fondos europeos con empresas y ayuntamientos, no con consultoras amigas; y evaluar las políticas públicas por resultados y no por aplausos en redes.

Hay que volver a la honestidad en la gestión, y eso significa no mentir sobre la realidad para ganar un día más en La Moncloa. Significa no prometer 184.000 viviendas públicas que nunca se construyen, ni prometer que no habrá amnistía para luego redactarla. Significa recuperar la palabra dada como activo político. España no necesita un presidente que siempre tenga una frase ingeniosa. Necesita un presidente que diga la verdad, aunque duela, y que haga lo que dice.

Nunca debemos escuchar como un presidente del gobierno dice que va a gobernar sin contar con el Congreso, como ha afirmado Sánchez, o que va a construir muros para separar a los españoles. Lo que tenemos que exigir a un líder político es que respete el Estado de derecho y eso supone entender que el poder tiene límites. Que el Gobierno no es el Estado. Que los jueces no son un obstáculo, sino la garantía de todos. Que la ley es igual para todos, viva en La Moncloa o en cualquier punto de España. Que no se puede negociar la igualdad de los españoles en una mesa paralela. Que no se puede usar el Código Penal como programa electoral, endureciéndolo o vaciándolo según convenga al socio de investidura.

Las elecciones del 29 de noviembre no van solo de izquierdas y derechas. Van de dos formas de entender el poder. Una que cree que España es un plató y otra que cree que España es un país que necesita ser gobernado con decencia.

La alternativa del cambio necesario no es prometer paraísos. Es prometer lo que cualquier ciudadano exige cuando lleva a sus hijos al médico, cuando espera un tren o cuando denuncia un delito: que las cosas funcionen. Rigor, honestidad y respeto a la ley. Después de tanto humo, volver a la decencia es lo que verdaderamente debemos preguntarnos cuando cojamos la papeleta el próximo 29 de noviembre.