| 27 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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Una mujer sostiene una pancarta durante una concentración en apoyo al vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Una mujer sostiene una pancarta durante una concentración en apoyo al vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Puigdemont, Comín y Ponsatí, más cerca de ser detenidos: todas las claves

La justicia europea ha retirado la inmunidad a los tres políticos independentistas y ahora comienza un largo proceso que podría acabar con ellos sentados en el banquillo.

| Pablo de Palacio Opinión

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado los recursos planteados por los europarlamentarios catalanes frente a la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entiende que los líderes soberanistas catalanes no quedan protegidos por la inmunidad del Parlamento Europeo dado que no corresponde a éste “analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, dado que esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”.

El TGUE recuerda que la adquisición de la condición de miembros del Parlamento Europeo no se produjo hasta el 13 de junio de 2019, esto es con carácter posterior a su procesamiento por el Tribunal Supremo en el año 2018. La justicia europea complica el futuro de los líderes independentistas.

Y es que tras esta resolución, Pablo Llarena puede emitir nuevas euroórdenes de detención y entrega que, interpretadas a la luz de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales planteadas por el magistrado instructor de la causa del “Procés”, harían prácticamente inviable su no retorno a España.

 

Cronología de la retirada de la inmunidad parlamentaria

En primer lugar, ha de recordarse que la figura de la inmunidad parlamentaria confiere al diputado electo una protección consistente en que no puede ser detenido ni procesado por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de un delito flagrante. Para que cualquier autoridad judicial pueda proceder penalmente contra un diputado que esté bajo el paraguas de la inmunidad, debe solicitar previamente a la Cámara legislativa a la que pertenezca la retirada de esa protección (es lo que recibe el nombre de “suplicatorio”).

En el caso que nos ocupa, el magistrado instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena, remitió en enero de 2020 tres suplicatorios al Parlamento Europeo para que les fuera levantada la inmunidad a Puigdemont, Ponsatí y Comín. El 9 de marzo de 2021, tras la parálisis del proceso ocasionada por la pandemia de Covid-19, el Parlamento Europeo decidió por una amplia mayoría retirar la inmunidad a los tres líderes soberanistas.

Esta decisión que fue recurrida ante el TGUE y los recursos han sido desestimados en el día de hoy. Durante este lapso de tiempo, los europarlamentarios solicitaron en fecha 26 de mayo de 2021 al TGUE que se les mantuviera provisionalmente la inmunidad hasta que se resolvieran sus recursos para evitar posibles detencionesEn un primer momento (2 de junio de 2021) el TGUE admitió su solicitud de conferirles provisionalmente la inmunidad, aunque poco tiempo después (30 de julio de 2021) acordó su retirada al no apreciar “riesgo de que fueran detenidos y encarcelados”.

 

No obstante, en fecha 23 de septiembre de 2021 el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue detenido en el municipio de l’Alguer (Cerdeña); detención que llevó consigo un nuevo recurso ante el TJUE en el que los líderes soberanistas solicitaban la concesión provisional de la inmunidad para evitar detenciones como la sufrida por Puigdemont, habiendo admitido esta petición el TJUE en fecha 24 de mayo de 2022.

Es por este motivo que durante todo este tiempo el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha evitado emitir nuevas euroórdenes; dado que con la inmunidad provisional conferida por el TJUE éstas hubieren sido directamente rechazadas.