Pensiones en peligro: la natalidad cae y los enchufados crecen

Por primera vez en cuatro años, España ha perdido población. A las pocas ganas que tenemos los españoles de tener hijos se ha venido a sumar la pandemia que ha provocado un mayor número de muertes que de nacimientos. La cosa se pone peliaguda para la generación del baby boom de los años sesenta que está a punto de empezar a jubilarse con muy poquitas expectativas de conseguir tener una pensión digna. Mientras se habla, que cuesta muy poco, de mantener unas jubilaciones acordes con el IPC, el número de trabajadores en activo por cada persona que deja de trabajar disminuye de manera alarmante, y es que una cosa es la teoría y otra muy distinta la realidad, y la realidad es que, por mucho que nos empeñemos y por mucho que se pongan en marcha políticas de fomento de la natalidad, que ni siquiera se ponen, a nadie se le puede obligar a tener hijos.

Mientras que el resto de los animales llevan impreso en su ADN que la única manera de que su especie sobreviva es la procreación, el hombre es el único ser vivo que tiene la posibilidad de decidir si quiere o no tener descendencia, y, por lo menos en lo que se refiere a este país que es el nuestro, la decisión está clara. Por lo tanto, la solución no está en clamar en el desierto, sino en buscar la manera de que el Estado apechugue con lo que se le viene encima que no es otra cosa que un gasto descomunal en sanidad y en pensiones. ¿Y cómo se hace eso?. Pues muy sencillo: si no hay ingresos que cubran ese gasto, habrá que recortar de otras partidas, de manera que se pueda hacer un trasvase . ¿Y cuáles son esas partidas?. De entrada, habría que replantearse muy seriamente nuestro sistema político, un auténtico sumidero por el que se van millones de euros empujados por cientos de diputados regionales y nacionales, cada uno con miles de asesores cuyo gasto es un verdadero escándalo. Y es que, por poner un ejemplo, el gobierno central tiene en estos momentos más de 1.200, lo que supone un desembolso de 64,5 millones de euros al año en personal elegido a dedo, que no ha pasado por ningún tipo de oposiciones y que cobra una media de 55.000 euros anuales. Y esto sin contar el ingente número de asesores de que disponen autonomías, diputaciones, ayuntamientos, organismos autónomos y administrativos y otros asesores técnicos que contratan todas las empresas públicas.

La cosa se pone peliaguda para la generación del baby boom de los años sesenta que está a punto de empezar a jubilarse con muy poquitas expectativas de conseguir tener una pensión digna.

En total, hablamos de más de 20.000 personas mamando de la teta pública en el conjunto de las Administraciones sin que haya constancia de la capacidad y el mérito de cada una de ellas. Sin ir más lejos, a fecha de hoy el Congreso cuenta con más personas colocadas a dedo que diputados. Somos el país con más enchufados del mundo y el que menor índice de natalidad presenta. Con estos mimbres ya me dirán qué canastos pretendemos hacer; pero claro, preferimos la demagogia de pedir unas ayudas para fomentar los nacimientos, que nunca van a llegar porque ni siquiera en países como Finlandia, donde tener tres hijos te garantiza vivienda y unos ingresos que aquí serían inimaginables están funcionando, que tenerle que decir al cuñado de turno que se le acabó el chollo.

Evidentemente, el gasto en pensiones no se cubriría solo con la desaparición fulminante de los paniaguados de los distintos organismos nacionales, pero por algo habría que empezar si  no queremos convertirnos en los campeones de los jubilados indigentes.