Comparecientes mudos

Hay momentos que, sin pretenderlo, acaban retratando todo un sistema. Ocurrió en la Comisión de Investigación en el Senado el pasado 6 de abril. A la primera pregunta que le fue formulada sobre si había utilizado sus contactos políticos para facilitar la obtención de ayudas o licencias del gobierno central o del de Aragón para sus proyectos, el presidente de Forestalia, Fernando Samper, lo dejó caer leyendo el papel que traía preparado de casa, con una solemnidad digna de mejor causa: “Las Diligencias previas 150/2025 del Juzgado de Instrucción Central nº 5 de la Audiencia Nacional son secretas y el que habla no tiene ninguna intención alguna de cometer un delito de revelación de secretos y entiendo que sus señorías tampoco, en su caso, de cometer un delito de inducción o provocación al delito”.

Ahí es nada. El compareciente intimidando a sus Señorías, para que ni siquiera osen preguntarle sobre la cuestión. Y continuó: “En relación al Cluster del Maestrazgo, las Diligencias 429/2024 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel , en la actualidad no tienen declaración de secreto pero comprenderán sus Señorías que sin haber declarado ante el Juez no me corresponde declarar ante Vds y, aunque créanme que tengo muchas ganas cuando corresponda, pero por respeto a la división de poderes, permítanme que responda primero ante el Juez”.

Y así cayo el telón. O el muro de silencio. Aunque continuó la función para seguir hablando durante horas sin decir nada.

La escena tiene algo de tragicomedia sofisticada. Se convoca una Comisión de Investigación en el Senado —ese artefacto diseñado, en teoría, para depurar responsabilidades— y el punto neurálgico desaparece por la puerta lateral del procedimiento penal y la división de poderes, con fundamento en una unilateral interpretación jurídica del compareciente. Como si alguien hubiera confundido deliberadamente dos planos distintos: el judicial y el político. Así se lo recordó con meritoria claridad la Senadora interrogante. Pero sin resultados.

En cuanto se le preguntó si conocía a Eugenio Domínguez, volvió a intimidar agresivamente: “Eugenio Domínguez es una persona de la que no voy a decirle absolutamente nada, que está bajo secreto y no voy a decirle nada de Eugenio Domínguez. Vd. cree que yo voy a cometer un delito y Vd. también lo va a cometer”.

Alucinante. Porque, precisamente por respeto a la división de poderes, conviene recordarlo, en una Comisión parlamentaria no se juzga penalmente, se fiscaliza políticamente. No se buscan culpables penales, sino responsables políticos. Y esos, a diferencia de los sumarios, no están bajo secreto de nadie. O no deberían estarlo. Y Eugenio Domínguez era un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que otorgaba las autorizaciones ambientales a Forestalia, ahora investigadas. Y que fue recontratado como asesor, por la entonces Ministra Teresa Ribera, cuando aquel tuvo que jubilarse. Un elemento clave para depurar responsabilidades políticas. Pero no pudo evitar reconocer que conocía al imputado Santos Cerdán, exSecretario de Organización del PSOE y al empresario vinculado a Otegui, Antxón Alonso…para volver a negarse a contestar preguntas sobre esas relaciones.

Con el muro de silencio levantado por el Sr. Samper, lo que vimos fue algo más cercano a una coreografía de evasivas que a un ejercicio de control democrático. El compareciente no habló —no podía, nos dice—pero no respondió a preguntas perfectamente legítimas en el plano de la responsabilidad política que no requieren vulnerar secreto judicial alguno.

Una vez más nos encontramos ante una Comisión de investigación que no investiga porque no puede —o no quiere— distinguir entre lo penal y lo político, y un Gobierno que, amparado en esa confusión, logra diluir su responsabilidad en un limbo procedimental. Quizás el poder judicial, los juzgados, debieran comenzar a tomarse en serio este tipo de comparecencias parlamentarias y hacer recaer responsabilidades, estas sí judiciales, a quienes comparecen en ellas incumpliendo la letra y el espíritu de las leyes que las regulan. Pueden tomar nota de la seriedad con que funcionan en EE.UU.

Porque aquí, entre secretos invocados y responsabilidades evaporadas, el gobierno continúa aplazando sus responsabilidades y extendiendo su manto de silencios. Otro muro que habrá que derribar.

Por cierto, hecho el trabajo, Fernando Samper dimitió como Presidente de Forestalia dos días después.