Arranca una nueva etapa de la transición venezolana

Esa idea resume mejor que ninguna otra lo que empieza a ocurrir en Venezuela hoy sábado, 1 de agosto. Durante meses, el debate público giró alrededor de la legitimidad, el respaldo ciudadano y el liderazgo político. Pero llega un momento en toda transición en el que la popularidad deja de ser el único activo decisivo. Entonces importa también la capacidad de construir instituciones, sostener acuerdos y estar presente allí donde se toman las decisiones.

La agenda que comienza a desarrollarse entre representantes del rodrigato y de la Asamblea Nacional elegida en 2015 va mucho más allá de la celebración de unas futuras elecciones. Sobre la mesa estarán la reinstitucionalización del Estado, las garantías para la competencia política, la renovación del Consejo Nacional Electoral y, en último término, las reglas bajo las cuales funcionarán la política y la economía venezolanas durante los próximos años. Porque si algo incide en la economía son los arreglos institucionales.

Los economistas sabemos que ningún mercado funciona adecuadamente sin reglas previsibles. La inversión no llega porque un dirigente sea popular ni porque un Gobierno anuncie buenas intenciones. Llega cuando existen razones para confiar en que los contratos serán respetados, que los árbitros actuarán con independencia y que las decisiones económicas no dependerán del capricho del poder.

Por eso, la negociación que ahora comienza no es un asunto exclusivamente político ni un debate reservado a constitucionalistas. Sus resultados incidirán directamente en la confianza que Venezuela pueda generar para atraer la inversión necesaria para reconstruir el país.

La tragedia de los terremotos del 24 de junio aceleró esa realidad. Cuando la prioridad pasa a ser la reconstrucción de viviendas, hospitales, carreteras y servicios públicos, la discusión deja de ser simbólica y se vuelve brutalmente institucional. Ya no basta con formular promesas: hacen falta organizaciones capaces de coordinar recursos, ejecutar presupuestos y responder ante la sociedad.

Desde mi perspectiva, esta urgencia ha debido pesar en el cálculo de Marco Rubio y del equipo estadounidense que acompaña el proceso. Washington parece haber privilegiado interlocutores que, además de cierta legitimidad institucional, cuentan con estructuras partidistas, cuadros técnicos y redes internacionales capaces de sostener una negociación compleja.

Se construyen instituciones, no liderazgos personales

La composición conocida del equipo encabezado por Dinorah Figuera expresa esa prioridad. Entre los primeros nombres vinculados a la delegación aparecen Juan Miguel Matheus, Ramón López y Jorge Millán, de Primero Justicia, así como Marco Aurelio Quiñones y Sergio Vergara, de Voluntad Popular.

La fotografía organizacional resulta evidente: Primero Justicia y Voluntad Popular han conseguido una posición dominante en el núcleo inicial de la negociación. Esto coloca en una posición de especial relevancia a los centros de dirección política relacionados con Juan Pablo Guanipa, por una parte, y con Leopoldo López, por la otra.

No hace falta convertir esta constatación en una teoría conspirativa. Es la consecuencia natural de una dinámica habitual en los procesos de transición: rara vez coinciden en las mismas manos la mayor legitimidad popular y la capacidad organizativa necesaria para participar simultáneamente en todos los frentes.

María Corina Machado sigue siendo la dirigente opositora con mayor capital político y electoral. Sin embargo, su sector no aparece representado directamente en el núcleo conocido de la mesa. La paradoja es difícil de ignorar: quien concentra buena parte de las expectativas de cambio no está sentada, al menos de momento, en el espacio donde podrían definirse las reglas de ese cambio.

Quiero traer brevemente a la Transición española porque ofrece una referencia ilustrativa. Ninguno de sus principales protagonistas negociaba únicamente en nombre propio. Adolfo Suárez intervenía desde el Gobierno y desde las estructuras del Estado; Santiago Carrillo estaba respaldado por el Partido Comunista de España, y Felipe González por un PSOE que se encontraba en pleno proceso de reorganización y expansión territorial.

Hubo, naturalmente, muchas más fuerzas políticas, sociales y económicas involucradas. Pero quienes disponían de organizaciones más robustas podían intervenir con mayor eficacia en los asuntos sensibles, distribuir responsabilidades y convertir los acuerdos entre dirigentes en decisiones ejecutables.

Venezuela no es España, y ninguna transición puede reproducir mecánicamente otra. Pero la lógica organizativa resulta familiar: los liderazgos movilizan a la ciudadanía; los partidos forman equipos, negocian artículos, seleccionan funcionarios y ocupan instituciones. Machado tiene una gran organización electoral, pero no un partido con todas las de la ley para actuar de forma doctrinaria y estratégica en múltiples frentes de forma unívoca. Todo recae en el ancho de banda de su eficaz núcleo de líderes, pero eso no alcanza, al parecer. Las próximas semanas dirán si eso persiste y MCM incorpora a sus representantes.

Una legitimidad escogida por razones pragmáticas

Al escoger a la Asamblea Nacional de 2015 como contraparte, Estados Unidos buscó revestir de legitimidad institucional la negociación con el rodrigato. Esa decisión responde también a razones jurídicas y prácticas, dado que Washington continúa reconociendo a aquel Parlamento como una institución legítima y lo considera relevante para asuntos relacionados con activos venezolanos en el exterior.

Pero la fórmula contiene una contradicción política. Al recurrir a la legitimidad parlamentaria de 2015, la negociación deja en segundo plano el mandato ciudadano expresado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y excluye de su conducción directa a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, principales depositarios políticos de aquel resultado.

Machado ha afirmado que no será un obstáculo para una negociación que produzca resultados concretos, como la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y la celebración de elecciones libres. Al mismo tiempo, ha marcado distancia respecto de un proceso en cuyo diseño no ha participado.

Esa posición es comprensible, pero entraña riesgos. Los espacios políticos que se abandonan suelen ser ocupados por otros. Y quienes no participan en la redacción de los acuerdos pueden terminar obligados a escoger entre aceptar unas reglas que no ayudaron a construir o enfrentarse a una institucionalidad ya consolidada.

El entorno de Machado tendrá que evaluar con honestidad sus capacidades organizativas. Su eventual llegada al poder podría producirse en un escenario dominado por maquinarias partidistas con experiencia parlamentaria, cuadros distribuidos por áreas y relaciones internacionales consolidadas. Sin una organización capaz de operar con autonomía respecto del liderazgo central, controlar la agenda gubernamental sería extraordinariamente difícil.

Aquí también conviene recordar la experiencia española. La Unión de Centro Democrático permitió a Adolfo Suárez articular electoralmente a numerosas familias políticas y conducir la primera etapa de la democratización. Sin embargo, su heterogeneidad, sus tensiones internas y la ausencia de una identidad partidista suficientemente cohesionada dificultaron posteriormente la acción de gobierno y contribuyeron a su descomposición. Y eso fue así porque la UCD se formó para ganar elecciones, no había una doctrina y disciplina partidista que les amalgamara.

La lección no es que los partidos electorales estén condenados al fracaso. Es que una plataforma construida para ganar unas elecciones no necesariamente posee la cohesión, los cuadros y los procedimientos internos necesarios para gobernar.

La economía depende de las instituciones

En paralelo, se abre una discusión aún más profunda sobre los efectos económicos de los acuerdos políticos. La dolarización de facto ha permitido a los venezolanos proteger parcialmente sus ingresos y ha facilitado determinadas transacciones, pero no sustituye una política monetaria ni resuelve por sí misma la fragilidad institucional.

La estabilidad de una economía dolarizada depende todavía más de la calidad de las instituciones fiscales, bancarias y jurídicas. Sin disciplina presupuestaria, supervisión financiera, seguridad contractual y un sistema judicial creíble, el uso del dólar puede contener algunos síntomas, pero no corregir las causas de la inestabilidad.

Venezuela tendrá que decidir qué modelo monetario y financiero quiere construir, cómo recuperará el crédito, quién supervisará a la banca y bajo qué condiciones administrará sus activos externos. Ninguna de esas decisiones puede separarse de la arquitectura política que empiece a negociarse ahora.

El riesgo consiste en creer que la recuperación económica puede adelantarse indefinidamente a la liberalización política. La reconstrucción exige rapidez, pero también controles. Una economía puede crecer durante algún tiempo bajo instituciones débiles; lo que difícilmente puede hacer es convertir ese crecimiento en prosperidad sostenible.

Cualquier despegue económico nacido de los acuerdos de 2026 podría ser dilapidado si no existen estructuras institucionales capaces de garantizar lo pactado. El capital puede regresar con rapidez, pero también puede marcharse en cuanto perciba que las reglas vuelven a depender de personas y no de instituciones.

En estos meses no se decidirá únicamente quién concurrirá a las próximas elecciones. Se decidirá quién redacta el nuevo contrato institucional venezolano, cómo se distribuirá el poder y qué garantías tendrá la sociedad frente a quienes lo ejerzan.

Dentro de algunos años quizá pocos recuerden quién ocupaba cada silla en la mesa que comienza a trabajar este 1 de agosto. Lo que sí permanecerá serán sus decisiones.

Porque los dirigentes protagonizan las transiciones, pero son las instituciones que dejan detrás las que determinan si un país avanza o vuelve a fracasar.