La novela negra de la transición venezolana

Las novelas negras no comienzan con un crimen, sino con una verdad que todos conocen y que nadie quiere pronunciar. La verdad incómoda de la transición venezolana es que Estados Unidos ha conseguido inmovilizar a la estructura que heredó el poder de Nicolás Maduro, pero todavía no ha decidido desmontarla.

Después del 3 de enero de 2026, Washington optó por administrar la continuidad del Estado a través del interinato de Delcy Rodríguez y por convertir a su hermano Jorge en el interlocutor central del proceso político. Es lo que en Venezuela comienza a conocerse como el rodrigato: la concentración del poder remanente del chavismo alrededor de los hermanos Rodríguez.

La apuesta de Marco Rubio tiene una lógica reconocible. Estados Unidos quiere evitar que el derrumbe del régimen produzca una implosión institucional, militar o territorial. Para ello ha buscado una contraparte opositora con existencia jurídica y continuidad verificable: la Asamblea Nacional elegida en 2015, último poder público venezolano que Washington continúa reconociendo como democráticamente legítimo.

Esa decisión ha llevado a Dinorah Figuera a encabezar la representación opositora frente a Jorge Rodríguez. Su delegación está integrada por dirigentes de Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP).

La fórmula puede ofrecer continuidad institucional. Lo que no ofrece es legitimidad popular suficiente. Además, la representación opositora liderada por estos partidos ha entrado en la mesa sin objetivos verificables, sin calendario y, aparentemente, sin una alternativa preparada para el fracaso.

La silla vacía de María Corina Machado

Existe una anomalía democrática imposible de ignorar: la contraparte que negocia en nombre de las fuerzas democráticas no fue escogida por los venezolanos para conducir esta transición.

En octubre de 2023, María Corina Machado obtuvo 2,25 millones de votos y el 92,35% de los sufragios contabilizados en las primarias opositoras. El 28 de julio de 2024, la candidatura de Edmundo González, construida y defendida por la plataforma política encabezada por Machado, obtuvo una mayoría ampliamente documentada mediante las actas recopiladas en los centros de votación.

Sin las primarias de 2023 no habría existido el 28 de julio de 2024. Sin aquella victoria electoral y sin la operación que permitió preservar y publicar las actas, Maduro no habría quedado deslegitimado ante el planeta. Y sin esa deslegitimación no se entiende el desenlace del 3 de enero de 2026.

Excluir a Machado porque no forma parte de la Asamblea Nacional de 2015 convierte una decisión política en una supuesta imposibilidad administrativa. Washington podía reconocer a la Asamblea como contraparte institucional y, al mismo tiempo, exigir una fórmula que incorporase a Machado, a Edmundo González o a representantes designados por ambos. La inclusión no dependía de una curul parlamentaria, sino de voluntad política.

El propio Departamento de Estado sostiene que el diálogo debe ser inclusivo. Sin embargo, la mesa comienza sin las dos figuras asociadas directamente con el mandato electoral de 2024. Washington la describe como un proceso dirigido por venezolanos, pero fue Estados Unidos quien respaldó a la institución escogida como contraparte y quien ha acompañado su puesta en marcha.

La contradicción es evidente: se emplea la legitimidad jurídica de 2015 para desplazar la legitimidad política más reciente, expresada en 2023 y 2024.

Machado también tiene una responsabilidad

Reconocer la injustificable exclusión de María Corina Machado no obliga a ignorar su principal debilidad.

Machado construyó una mayoría electoral, una extensa red de movilización y una dirección política capaz de derrotar al chavismo en su propio terreno. Pero no ha avanzado en transformar completamente esa fuerza en una organización institucional preparada para actuar de manera unívoca en todos los frentes de una transición.

Vente Venezuela depende todavía en exceso de su liderazgo personal. No dispone, al menos con suficiente visibilidad y capacidad de sustitución, de órganos de gobernanza, mecanismos sucesorios, equipos negociadores reconocidos, disciplina territorial y estructuras técnicas capaces de representar su autoridad cuando ella no puede hacerlo directamente.

Esa deficiencia explica parte de lo ocurrido. No justifica que otros la aparten, pero facilita que puedan hacerlo.

Una eventual presidencia de Machado tendría que conducir un Estado fallido, contener facciones armadas, reconstruir la Administración, negociar con los militares, coordinar la ayuda internacional y mantener cohesionada una coalición heterogénea. Ningún liderazgo personal, por extraordinario que sea, basta para semejante tarea.

Aquí aparece la lección de Rómulo Betancourt. Su mayor creación política no fue uno de sus gobiernos, sino Acción Democrática: el instrumento que convirtió a un grupo de dirigentes en una organización nacional capaz de competir por el poder, gobernar, formar cuadros y sostener el predominio civil frente a amenazas militares y presiones extranjeras. AD nació formalmente en 1941 y fue concebida como una estructura para democratizar y modernizar Venezuela, no simplemente como una maquinaria electoral al servicio de un individuo.

La enseñanza no consiste en idealizar a Betancourt ni a Acción Democrática. Consiste en comprender que una mayoría sin institución puede ganar unas elecciones y, aun así, perder la transición posterior.

Machado diseñó la estrategia que derrotó electoralmente al chavismo. No construyó con la misma eficacia el instrumento político que debía administrar la etapa siguiente. Esa es su responsabilidad.

Los que regresaron desde las gradas

Pero una cosa es aprovechar una debilidad organizativa y otra muy distinta estar preparado para reemplazar el liderazgo desplazado.

Los partidos que controlan la delegación opositora (Primero Justicia y Voluntad Popular) han recuperado, gracias a esta mesa, una centralidad política que habían perdido. Detrás de su presencia aparecen inevitablemente los nombres de Julio Borges, Juan Pablo Guanipa y Leopoldo López, aunque ellos no ocupen personalmente las sillas de negociación son los caciques.

El principal beneficiario interno es Leopoldo López. La incorporación dominante de dirigentes de Voluntad Popular devuelve relevancia a una carrera política que había quedado opacada por la emergencia de Machado y por hechos de corrupción durante el Interinato de Juan Guaidó. Primero Justicia también recupera una capacidad de intermediación que el voto opositor había desplazado hacia otro liderazgo.

Sus aspiraciones son legítimas. Toda persona dedicada a la política aspira al poder. El problema comienza cuando la recuperación de espacios internos se convierte en el objetivo tácito de una negociación destinada, en teoría, a restablecer la soberanía popular.

Apartar a Machado habría sido menos grave si sus sustitutos hubiesen presentado una estrategia superior. Hasta ahora no lo han hecho.

Negociar no es sentarse a conversar

Una negociación política seria debe comenzar antes de que las partes entren en la sala. Requiere preparación, representatividad, objetivos precisos, secuencia, verificación y una distribución clara de funciones. No simplemente presentarse como un “mandao”.

Mi paso por la función diplomática me indica que la delegación democrática debía llegar con siete piezas previamente definidas y de las cuales adolecen.

La primera es un mandato político: quién la autoriza, a quién representa, qué puede conceder y qué asuntos necesitan ratificación. Nada de eso está suficientemente claro cuando los representantes pertenecen a dos partidos, pero pretenden hablar en nombre de una mayoría que votó por otro liderazgo.

La segunda es un estado final inequívoco. No basta con “fortalecer la democracia”. El objetivo debe ser la restitución de la soberanía popular, la sustitución de las autoridades ilegítimas, la celebración de elecciones verificables y la transferencia constitucional del poder.

La tercera es una agenda secuenciada. Primero deberían exigirse medidas inmediatas y comprobables: liberación de presos políticos, garantías para los exiliados, cese de la persecución y apertura del espacio informativo. Después vendrían la recomposición del poder electoral y judicial, el cronograma de elecciones y las reglas de observación. Las concesiones económicas, diplomáticas o sancionatorias, el principal objetivo del rodrigato, deben producirse por etapas, únicamente después del cumplimiento verificado de cada obligación.

La cuarta es un calendario. Cada compromiso necesita fecha, indicador de cumplimiento, responsable y consecuencia automática ante el incumplimiento. Una transición sin plazos no es una transición: es una prórroga.

La quinta es una arquitectura de roles. Debían existir negociadores políticos, equipos técnicos, asesores jurídicos, responsables electorales, especialistas en seguridad, un secretario del proceso, verificadores independientes, garantes internacionales y un único portavoz autorizado. No todos deben estar sentados en la mesa, pero todos deben saber qué decisión les corresponde. Hoy sabemos que no se han definido los equipos técnicos. Así las cosas.

La sexta es un protocolo de comunicación. No se filtra información para alimentar egos. Se comunica para aumentar el coste del incumplimiento. Después de cada ronda debe existir un comunicado que indique qué se discutió, qué se acordó, qué permanece pendiente y cuál es la siguiente fecha. Cuando una parte incumpla, la información verificable debe llegar ordenadamente a los medios y a los gobiernos garantes. La opacidad sólo favorece a quien desea ganar tiempo.

La séptima pieza es el BATNA, la mejor alternativa disponible si no se alcanza un acuerdo. Una delegación que no sabe qué hará cuando la contraparte diga que no, ya ha comenzado a negociar desde la derrota. El BATNA determina cuándo continuar, cuándo suspender el proceso y qué condiciones hacen preferible abandonar la mesa antes que firmar un mal acuerdo. Y aquí el considerar el devenir de la política interna estadounidense y su postura hacia Venezuela es clave.

La alternativa democrática debía incluir la preservación de la coalición nacida en 2024, la continuidad de la presión internacional, la aplicación condicionada de sanciones, la defensa de los activos externos, la documentación de incumplimientos y una estrategia para impedir que el rodrigato obtenga reconocimiento político sin entregar resultados institucionales.

No se conoce que la delegación de Figuera haya presentado públicamente nada parecido. Van como unos “mandaos” a sentarse sin saber cómo proceder.

Una agenda donde cabe todo porque no obliga a nada

La agenda preliminar contiene tres grandes materias: atención a las víctimas de los terremotos, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. Son asuntos relevantes, pero están formulados con tal amplitud que permiten conversar durante meses sin modificar una sola estructura de poder.

No aparece como objetivo principal un cronograma electoral con garantías; tampoco están claramente incorporados la formación de un nuevo poder electoral, la liberación de los presos políticos, la restitución de la independencia judicial, el regreso seguro de la diáspora política ni la participación efectiva de Edmundo González y María Corina Machado.

Incluir la emergencia humanitaria es indispensable. Convertirla en el primer gran paraguas de una negociación política es farragoso. El rodrigato puede utilizar la reconstrucción, la necesidad de cooperación y la urgencia social para diluir el conflicto fundamental: Venezuela no atraviesa solamente una emergencia material, sino una ruptura de la soberanía popular. Dejar que ello entrase en la agenda es aceptar que se correrá en un lodazal.

La ayuda debe llegar sin convertirse en moneda de cambio. La democracia, en cambio, necesita obligaciones, fechas y mecanismos de ejecución.

La ventaja del rodrigato

Jorge Rodríguez conoce perfectamente los procesos de negociación venezolanos. Ha participado en ellos, ha estudiado sus tiempos y sabe cómo fragmentar a la contraparte. Tiene reportes de inteligencia y los usa para crear Kompromats. Del otro lado se encuentra una delegación con legitimidad jurídica derivada de una institución elegida hace once años, pero con una conexión discutible con la mayoría política surgida después.

La asimetría es evidente.

El historial de negociaciones con el chavismo demostró el problema recurrente: compromisos amplios, verificación insuficiente, incumplimientos posteriores y concesiones internacionales entregadas antes de consolidar transformaciones irreversibles.

El rodrigato necesita tiempo. Donald Trump no permanecerá indefinidamente en la Casa Blanca. La atención estadounidense puede desviarse, la emergencia puede alterar prioridades y las coaliciones internacionales pueden desgastarse. Para Jorge y Delcy Rodríguez, prolongar la transición es una estrategia racional.

Por eso la ausencia de plazos no es una omisión técnica. Es una concesión política. Y por ello creo que van a ganar, salvo que la estrategia de Leopoldo López, Borges y Guanipa cambie.

Una responsabilidad compartida, pero no equivalente

Mi perspectiva no es halagüeña. Tal como ha sido concebida, esta negociación puede terminar convirtiéndose en una victoria definitiva del rodrigato: reconocimiento, tiempo, acceso a recursos y progresiva normalización internacional a cambio de reformas parciales que no desplacen realmente al núcleo de poder.

María Corina Machado será responsable por no haber convertido su mayoría electoral en una organización suficientemente institucionalizada para impedir que otros administraran su mandato.

Pero la mayor responsabilidad recaerá sobre quienes decidieron ocupar ese espacio sin encontrarse mejor preparados.

Leopoldo López, Julio Borges y Juan Pablo Guanipa han permitido que los partidos vinculados a sus liderazgos aparten a Machado del centro del proceso. Lo han hecho sin presentar una arquitectura negociadora visible, sin explicar la lógica de la agenda, sin establecer plazos públicos y sin demostrar cuál es su alternativa ante un nuevo incumplimiento.

Machado no construyó a tiempo el instrumento que necesitaba para la transición. Sus rivales, sin embargo, confundieron la oportunidad de sentarse en la mesa con la capacidad para conducirla.

Una falló al institucionalizar su liderazgo. Los otros pueden fracasar por algo más elemental: creer que acceder a la negociación equivale a tener una estrategia.

Así comienza esta nueva escena de la novela negra venezolana.