El ataque y violación a España, sostenido y sostenible

Sostenido, porque sigue en marcha. Sostenible, porque persigue crear las condiciones para consolidarlo y ampliarlo cuando toque.

Este gobierno especialista en comunicación soviética, este gobierno maestro de la mentira sistemática que han rebautizado como “relato”, este gobierno antidemocrático que nunca rinde cuentas ni asume sus responsabilidades, hace ahora declaraciones prometiendo que va a hacer en Ceuta lo contrario de lo que viene haciendo desde 2021 con las invasiones desde Marruecos.

Lo hace después de dos semanas de inacción ante la invasión, mientras está sigue a toda máquina y crece la indignación nacional que no han conseguido eclipsar con el eclipse; ¿Queda algún tonto más en España que pueda creerles?

Mientras Sánchez y Aagesen siguen empeñados en dividir y enfrentarse con su farsante Pacto por la Emergencia Climática, huyen como de la peste de cualquier Pacto por la Emergencia de Seguridad Nacional que pueda dar respuesta al ataque y violación iniciado contra España el pasado 30 de julio. Peste que en forma de tuberculosis y sarna nos lleva también a una Emergencia Sanitaria que la ministra del ramo se empeña en ignorar.

Porque no solo no ha cesado la invasión sino que expulsa a 80.000 españoles de la vida normal a la que tienen derecho en sus casas, su ciudad y su país y condena a los millones que aún queremos seguir sintiéndonos orgullosos de serlo, a la vergüenza, la impotencia y la humillación ante nuestros vecinos del sur. Y ante toda la Comunidad internacional

Cuando el diagnóstico es erróneo, el tratamiento no cura. A veces mata al enfermo. Y en Ceuta el enfermo es España. Y el médico que debería cuidar de ella, no yerra su interesado diagnóstico sólo por impericia, sino también para hacer crecer ilegítimamente su negocio. Criminal.

El Gobierno continúa hablando de «crisis migratoria». Quiere hacernos olvidar, -con el desfile de Ministros mientras el One bucea en Lanzarote ya su papi le sirve el enésimo Martini un encorsetado camarero cinco estrellas-, que Pedro Sánchez dijo otra cosa. El 31 de julio calificó solemnemente lo sucedido como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España». No lo dijo Abascal ni un general hace tiempo jubilado después del segundo carajillo veraniego. Lo dijo el actual presidente del Gobierno. Y cabe suponer que un presidente mide sus palabras cuando habla de ataque y violación de la integridad territorial de su país.

Porque «ataque a la integridad territorial» es bastante más grave que «invasión» y muchísimo más que «crisis migratoria». Si España fue atacada, hay que ofrecer respuestas: quién atacó, qué pretendía conseguir y cómo vamos a defendernos.

Thierry Breton, excomisario europeo, acaba de anunciar que Ceuta «cumple todos los requisitos de un ataque híbrido» y reclama que Bruselas investigue su origen. Habla de movilización digital, desinformación y utilización coordinada de flujos migratorios. Y cada día aparecen más indicios de que obligan, como mínimo, a investigarlo.

El propio Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, -que ahora extiende el ataque marroquí a España acusando en la ONU a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de maltrato a los invasores-, reconoce que desplegó equipos de seguimiento el 29 de julio, un día antes del asalto, porque conoció desde semanas antes el aumento de movimientos hacia la frontera. Monitorizaba además 23 grupos en redes, con más de un millón de miembros y unas 1.400 publicaciones diarias. Rabat, desde luego, no parece haber sido sorprendido. Más bien parece que se preparaba el ataque en todos los planos. El Gobierno español, de momento, ha respondido con silencio; bastante menos enérgico que la llamada a consulta del embajador cuando toca regresar a Italia.

Las cifras tampoco ayudan al relato gubernamental. Interior fijó inicialmente las entradas en 72.000. El ministro Ángel Víctor Torres habló después de 80.000 y, horas más tarde, su propio Ministerio corrigió al ministro para regresar milagrosamente a 72.000. Ocho mil personas de diferencia empiezan a ser algo más que un error de Excel. El Presidente de Ceuta, Juan Vivas, que lo vive todos los días, estima que todavía permanece en la ciudad española entre 8.000 y 11.000 invasores , en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. Lo califica de «insostenible» y reclama su expulsión.

La portavoz de Jupol, tras visitar Ceuta, lo resume de manera contundentemente gráfica: «La ciudad está tomada» . Habla de playas convertidas en asentamientos, unas 200 llamadas diarias al 091 y menos de 200 agentes de UIP desplegados.

Es obvio, pero conviene recordarlo; El ataque no terminó el 31 de julio. Sigue dentro y creciendo.

Padece el comercio, padece el turismo, padecen los servicios públicos y padece la convivencia. La Cámara de Comercio calcula ya un impacto económico de 27,7 millones de euros, equivalente aproximadamente al 17,3 % del PIB medio mensual de Ceuta.

Y mientras Moncloa insiste en la «cooperación reiterada, constante y fluida» con Marruecos, Rabat parece empeñado en desmentir a Sánchez y sigue adelante con sus planes para hacer sostenible la invasión. Su ministro de Justicia, en un momento especialmente inoportuno para unas declaraciones de quien el gobierno dice ser vecino leal, acaba de volver a reivindicar Ceuta y Melilla como marroquíes.

Lo hace injustamente, con Ceuta actualmente invadida, y como guinda amenaza con suspender el acuerdo de extradición y culpa incluso a la política española de regularización del efecto llamada: «¿Por qué nos paráis si España nos acepta?», dice que preguntan los invasores que nos envía disfrazados de migrantes. Mientras, Marlaska, con una de las dos ciudades reclamadas asaltada por 10.000 marroquíes que campan a sus anchas en una ciudad sin ley, nos tranquiliza afirmando que son declaraciones “sin alcance”.

Hasta Margarita Robles parece indignada por la inacción de su gobierno y, por tanto, por su propia inacción. «Ceuta y Melilla son españolaísimas y no se las toca» y «esto no puede volver a pasar», dijo esta semana. Magnífico. El problema es que para que algo no vuelva a pasar primero hay que conseguir que termine de pasar.

España debería haber aprendido algo de Marruecos desde la Marcha Verde. Las fronteras no siempre se atacan con tanques o con lanchas neumáticas de gendarmería. En las guerras híbridas se utilizan inmigración, economía, diplomacia, propaganda, redes sociales y hechos consumados. Demasiados episodios traumáticos acaecidos en España en los últimos 25 años han quedado con interrogantes para los que no se supo o no se quiso encontrar respuesta. Precisamente por eso, defenderse tampoco consiste solamente en acordarse de los Leopard o los Eurofighter. Hay medios menos cruentos y más eficientes si se saben desplegar preventivamente a tiempo.

Y si la agresión se consume, hay que neutralizar rápidamente sus efectos: identificar a quienes entraron irregularmente, tramitar y ejecutar las expulsiones que proceden, habilitar los centros de internamiento necesarios —como reclama Vivas— y evitar que Ceuta se convierta en un inmenso campamento provisional hasta que lo provisional termine siendo permanente.

También hay que resolver la situación de los menores. Marruecos acaba de declararse dispuesto a colaborar en su retorno… confiando en que Sánchez lo impida para su miserable utilización avivando el enfrentamiento con las Comunidades Autónomas. España debe utilizar inmediatamente los procedimientos legales de reagrupación familiar y repatriación cuando respondan al interés superior del menor. Y si la legislación convierte lo jurídicamente posible en administrativamente eterno, habrá que reformarla. Para eso sirven los Parlamentos.

Pero al mismo tiempo que la razón humanitaria, habrá que atender al interés nacional de defensor España. Y esta defensa ni empieza ni termina en el Tarajal.

Si Rabat concluye que presionar Ceuta sale gratis, seguirá haciéndolo, como demostrar sus últimas actuaciones. La obligación de un Gobierno serio es conseguir exactamente lo contrario: que cualquier nueva agresión producirá a Marruecos más inconvenientes que beneficios.

Eso exige desplegar todo el poder diplomático español ante Bruselas, Washington y nuestros aliados; revisar ámbitos de cooperación, financiación y privilegios; y hacer comprender a Mohamed VI que la amistad con España resulta incompatible con cualquier utilización de seres humanos como munición política. Y que no puede seguir enmascarando su estrategia expansionista contra España con supuestas acciones de terceros que le eximen de responsabilidad.

Hasta el Mundial de 2030 debe entrar en esa reflexión. La idea de revisar la participación marroquí ya ha unido a dos fuerzas tan poco sospechosas de coordinarse como Vox y Sumar. Algo tendrá el agua cuando la bendicen sacerdotes tan distintos.

No se trata de declarar una guerra a nadie. Se trata justamente de evitarla sin que ello suponga rendirse. La diplomacia sirve para eso: para conseguir que no hagan faltan otros medios. Disuasión significa que quien piensa en atacarte conozca de antemano el precio que pagarán por ello.

Sánchez dijo que España había sufrido un «ataque a su integridad territorial». Su obligación no es administrarlo hasta que nos acostumbremos, sino ponerle fin, reparar sus consecuencias y conseguir que nadie considere rentable repetirlo. Tarea imposible para quien hace mucho tiempo que decidió renunciar a la defensa de nuestro interés general.

El primer acto de defensa de España pasa hoy por la dimisión de Mohamed Sánchez y la convocatoria de elecciones.