Ceuta: ¿Estamos protegiendo a los menores marroquíes o reteniéndolos?

Hace casi dos meses escribí en ESdiario “Ceuta: ante una situación excepcional, se requieren respuestas excepcionales”. Entonces, el propio presidente del Gobierno calificó lo ocurrido en Ceuta como una «violación» y un «ataque a la integridad territorial» de España.

Fueron las palabras utilizadas por Pedro Sánchez el 31 de julio, cuando aseguró que el Estado emplearía todos sus recursos para garantizar la seguridad de los ceutíes.

Dos meses después, las palabras han ido cambiando, pero los problemas siguen ahí. Lo que comenzó siendo una violación de nuestra integridad territorial pasó a denominarse crisis migratoria. Y mientras el ministro del Interior hablaba de una «sensación de inseguridad subjetiva», desde finales de julio, los juzgados de Ceuta han abierto 37 procedimientos por agresiones sexuales.

Y algo parecido ha ocurrido con los menores. Primero, el Gobierno habló de devolver y repatriar al mayor número posible. Después llegó el debate sobre su reparto por las comunidades autónomas. Y ahora la ministra Sira Rego asegura que la mayoría quiere quedarse en España y «se van a quedar».

España tiene la obligación de proteger a cualquier menor que se encuentre bajo su jurisdicción. Pero en algún momento hemos parecido confundir proteger a un menor con garantizar su permanencia en España. Y no son lo mismo.

España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Marruecos lo hizo en 1993. Ambos Estados están jurídicamente obligados a garantizar la protección y el interés superior del menor.

Es más: España y Marruecos tienen un acuerdo internacional específicamente destinado a prevenir la emigración irregular de menores, protegerlos y hacer posible su retorno concertado. Marruecos asumió obligaciones para identificar a los menores y sus familias y colaborar en esos retornos. 

¿No habrá también cierta soberbia en asumir que nosotros podemos proteger a sus menores mejor que su propio país?

Marruecos no es un Estado fallido. Tiene Gobierno, Administración, fuerzas de seguridad, sistema judicial e instituciones de protección. Lo consideramos socio estratégico. Confiamos en él para cooperar en seguridad, combatir el terrorismo y controlar una de las fronteras exteriores de Europa. Y en cuatro años lo consideraremos perfectamente capacitado para organizar, junto a España y Portugal, un Mundial de fútbol.

Pero cuando hablamos de sus propios menores parece que, de repente, desconfiamos de la capacidad de sus instituciones para hacerse cargo de ellos. Es una contradicción curiosa.

Porque una cosa es exigir garantías para el menor y otra muy distinta convertir esas garantías en una presunción permanente de incapacidad del país de origen. Especialmente cuando existe una familia que puede recibirlo o unas instituciones capaces de hacerse cargo de él.

Lo que resulta difícil de entender es que el debate público haya terminado centrándose mucho más en cómo repartir a los menores por España que en cómo conseguir que Marruecos asuma la responsabilidad que también le corresponde.

Quizá hemos interiorizado una idea bastante peculiar: España tiene obligaciones porque es España; Marruecos parece tenerlas solo cuando decide ejercerlas. No debería funcionar así.

Ceuta es España. Proteger a los menores que llegaron a ella es nuestra obligación. Proteger a las mujeres y niñas que ya viven en ella también. Garantizar nuestras fronteras y nuestra seguridad, también.

Y exigir a Marruecos que proteja a sus menores no es falta de humanidad. Es exigir a un Estado soberano que ejerza sus propias responsabilidades. Es tratar a Marruecos como lo que decimos que es, un Estado soberano y funcional.

España debe cumplir sus obligaciones. Marruecos también.