Del disparo por la espalda al banquillo de los acusados
Un migrante venezolano herido de bala por un agente de ICE termina enfrentando cargos criminales, mientras las cámaras corporales del operativo permanecen apagadas.
Se supone que en las democracias consolidadas, el aparato de justicia existe para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger las libertades individuales y poner freno a los excesos del poder. Sin embargo, cuando las instituciones se doblegan ante la línea ideológica o peor aún ante un hombre sobre la institución, el sistema judicial sufre una mutación peligrosa: deja de ser un árbitro para transformarse en un mecanismo de represión, presión e intimidación contra el ciudadano.
El caso del migrante venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, ocurrido recientemente en Austin, Texas, condensa de manera dramática esta peligrosa deriva. Garcés Pérez recibió un disparo en la espalda a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba en su vehículo. Con el proyectil aún alojado en su cuerpo y severas lesiones físicas, el joven no solo fue trasladado a un centro de detención, sino que la fiscalía federal procedió a imputarle cargos criminales pesados: agresión, resistencia y obstrucción a la autoridad, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de prisión.
De víctima a victimario en cuestión de horas. Un libreto que nos resulta familiar.
La ausencia aparentemente deliberada de cámaras corporales
Lo más alarmante de este episodio no es únicamente el uso desproporcionado de la fuerza letal contra un civil, sino la abrumadora falta de transparencia que rodea todo el procedimiento. Los agentes de ICE involucrados en la detención no tenían encendidas sus cámaras corporales durante el operativo, dejando en la penumbra los instantes cruciales en los que se percutó el arma de fuego.
Es inaceptable que, en pleno siglo XXI y bajo los estándares de auditoría que exige una agencia de aplicación de la ley en Estados Unidos, la prueba reina de la actuación policial se esfume bajo el conveniente argumento de "fallas o falta de registro". Cuando las cámaras se apagan, la impunidad se enciende. La ausencia de registros audiovisuales no es un descuido administrativo insignificante; es una grave omisión que vicia la investigación y vulnera el derecho a la legítima defensa de cualquier procesado.
Sin imágenes que respalden la versión de los agentes, la maquinaria estatal opta por la salida más agresiva: criminalizar a la víctima para blindar la actuación de la agencia federal.
Extorsión judicial: La estrategia del terror ante el error institucional
Existe una preocupante analogía entre la situación de Wilber Garcés Pérez y el emblemático caso del salvadoreño Abrego García. En ambos episodios se observa el mismo patrón de conducta por parte del aparato estatal: la utilización del sistema judicial como una herramienta de presión y chantaje procesal para neutralizar el escándalo provocado por un procedimiento nefasto de lCE y el DHS.
En el caso del ciudadano salvadoreño, la agencia optó por acusarlo después de una deportación que violó el debido proceso. En el caso del venezolano, la estrategia subió de tono: ante la gravedad de haber herido de bala por la espalda a un ciudadano, la respuesta institucional consiste en abrumarlo con imputaciones penales desproporcionadas. El mensaje es tan claro como perverso: "Si la agencia comete un exceso, te procesamos penalmente para forzar una negociación, doblegar tu capacidad de denuncia y justificar el uso de la fuerza".
Convertir la acusación penal en una forma de extorsión institucional para tapar las faltas operativas de los funcionarios es un atentado directo contra el debido proceso.
El espejo venezolano que nadie quiere mirar
Para quienes hemos vivido la erosión institucional en América Latina, presenciar el uso político del sistema de justicia en suelo estadounidense genera un escalofrío inmediato. La pérdida de independencia de los jueces y fiscales frente a las directrices de la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional no es una simple falla técnica; es una práctica absolutamente antidemocrática.
Es inevitable seguir haciendo paralelismos con la tragedia institucional vivida en Venezuela. El uso del Tribunal Supremo de Justicia bajo la dirección de figuras como Maikel Moreno, el instrumentalismo de la Fiscalía General liderada por Tarek William Saab, o el papel que desempeñó en su momento Luisa Ortega Díaz, demostraron cómo un poder judicial sumiso se convierte en el garrote más efectivo del poder ejecutivo. Cuando los tribunales dejan de evaluar evidencias objetivas y comienzan a fallar bajo la consigna política o la presión de la narrativa gubernamental, la república se cae.
Ver que en Estados Unidos se replican dinámicas donde la narrativa oficial de una agencia de seguridad pesa más que las inconsistencias de un procedimiento teñido de sangre, confirma que ningún país es inmune a la degradación autoritaria si se permite que la política contamine los juzgados.
Preguntas urgentes para el Estado de derecho
El juzgamiento de Wilber Garcés Pérez no es un hecho aislado; es una prueba de fuego para la integridad del sistema judicial estadounidense:
• ¿Cómo puede garantizarse un juicio justo cuando la principal agencia acusadora oculta o prescinde de las pruebas audiovisuales de su propio operativo?
• ¿Se ha transformado la imputación de cargos criminales en un mecanismo de defensa institucional para encubrir la negligencia y el abuso de poder policial?
• ¿Hasta qué punto la justicia mantendrá su autonomía e independencia frente a la retórica del ejecutivo?
El peligro de normalizar el abuso
Cuando la justicia se aplica con doble criterio y se utiliza para amedrentar a los más vulnerables, toda la sociedad pierde. La fuerza de una democracia no se mide por la capacidad de sus agencias de imponer el terror o la persecución sin contrapesos, sino por su disposición a castigar el abuso de poder dentro de sus propias filas.
Aceptar que un migrante herido por la espalda sea imputado sin transparencia procedimental, simplemente para salvar la reputación de un procedimiento policial fallido, es dar un paso en firme hacia el desmantelamiento de las garantías ciudadanas; o mejor dicho, es un paso más. Si el tribunal no actúa como de contención frente a la arbitrariedad de las agencias federales, la justicia habrá dejado de ser el escudo del inocente para convertirse, definitivamente, en el arma del verdugo.
