Menos excusas. Más viviendas

España tiene un problema de vivienda. Grave. Negarlo sería absurdo.

Los precios han aumentado, la oferta resulta insuficiente y demasiados jóvenes encuentran enormes dificultades para emanciparse. Hay familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y trabajadores que no encuentran una vivienda cerca de su lugar de trabajo.

Pero España tiene también otro problema: cada vez que toca explicar por qué hemos llegado hasta aquí, el Gobierno vuelve a buscar al mismo culpable.

El turismo.

Pedro Sánchez volvió a hacerlo esta semana. El presidente del Gobierno reclamó «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico» como una de las respuestas al problema de acceso a la vivienda.

Y creo que ya está bien.

Ya está bien de utilizar al turismo como chivo expiatorio de problemas que tienen causas mucho más profundas. Ya está bien de señalar sistemáticamente a una de las industrias que más empleo, riqueza y oportunidades genera en nuestro país mientras se evita afrontar las responsabilidades de quienes llevan años gobernando.

Empecemos por los datos.

Las viviendas turísticas representan aproximadamente el 1,28% del parque de viviendas existente en España.

¿Significa eso que no existe ningún problema relacionado con ellas? Por supuesto que no.

Hay barrios, ciudades, islas y destinos donde una elevada concentración de viviendas turísticas puede generar tensiones sobre el mercado residencial. Allí habrá que ordenar, regular, inspeccionar y perseguir la oferta ilegal. Cada territorio deberá disponer de instrumentos adecuados a su realidad.

Pero una cosa es reconocer un problema localizado y otra muy distinta convertirlo en la explicación de una crisis nacional.

Porque mientras discutimos obsesivamente sobre ese 1,28%, España lleva años construyendo muchas menos viviendas de las que necesita.

La población crece. Se crean nuevos hogares. Cambian las estructuras familiares. Aumenta la demanda en las grandes ciudades y en las zonas económicamente más dinámicas. El parque público continúa siendo extraordinariamente reducido y la oferta no ha crecido al ritmo necesario.

El resultado lo conocen millones de españoles.

Falta vivienda.

Y cuando falta un bien que cada vez más personas necesitan, su precio aumenta.

No parece especialmente complicado.

Pedro Sánchez lleva gobernando en España desde 2018. En diciembre de 2023 aseguró que su Gobierno utilizaría todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Llegó incluso a afirmar que tenían toda una legislatura por delante para conseguir que la vivienda dejara de ser un problema.

La hemeroteca resulta algunas veces incómoda.

Y el esperpento vivido el martes durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros resulta bastante revelador. La ministra de Vivienda, encargada de explicar las medidas que acababa de aprobar el Gobierno para afrontar uno de los mayores problemas de nuestro país, tuvo dificultades para aclarar algunos aspectos de los propios decretos y reconoció que no tenía delante una de las versiones definitivas de los textos.

Pero para lo que no le faltaron palabras fue para señalar públicamente a una pequeña empresa, a la que llegó a calificar, entre risas, de «pyme buitre, muy carroñera», después de admitir que quizá ni siquiera era el fondo de inversión con el que inicialmente se la había identificado.

Ese es precisamente el problema. Ante una crisis que exige rigor, seguridad jurídica, más oferta y políticas sostenidas durante años, resulta mucho más sencillo repartir etiquetas y buscar culpables lejos de Moncloa.

Pero por muchos responsables que se señalen desde la mesa del Consejo de Ministros, seguirá faltando lo fundamental: viviendas.

Por no tener, no tiene ni unos Presupuestos Generales del Estado presentados en toda esta legislatura.

Y gobernar consiste precisamente en algo más que encontrar a quien señalar.

Consiste en construir viviendas. Movilizar suelo. Agilizar planeamientos y licencias. Generar seguridad jurídica. Facilitar inversión. Aumentar de verdad el parque público. Colaborar con comunidades autónomas y ayuntamientos. Crear condiciones para que la oferta pueda responder a una demanda creciente.

Eso es política de vivienda.

Culpar al turismo no lo es.

Resulta significativo que hasta la propia industria turística reclame desde hace tiempo soluciones mucho más amplias.

FEVITUR, la patronal de las viviendas turísticas, lo ha resumido recientemente de manera muy clara: «Reducir anuncios online no equivale a crear vivienda, ni a abaratar precios, ni a resolver los problemas estructurales del acceso a la vivienda en España».

La organización calculaba además que la salida de 46.000 viviendas turísticas de las plataformas suponía apenas un 0,17% del parque residencial construido.

Pero existe otro dato todavía más interesante.

También los hoteleros reclaman soluciones.

CEHAT, la patronal española del alojamiento, ha defendido la necesidad de ordenar las viviendas turísticas allí donde sea necesario, pero al mismo tiempo ha reclamado un verdadero pacto de Estado para abordar la crisis de la vivienda y ha señalado causas estructurales como la insuficiencia de oferta o la complejidad administrativa.

Porque presentar este debate como una guerra entre turismo y vivienda es un enorme error.

El turismo también necesita vivienda.

La necesitan el camarero que sirve un desayuno a las siete de la mañana, la recepcionista que termina su turno por la noche, el cocinero, la camarera de piso, el guía, el trabajador de un aeropuerto o cualquiera de los millones de profesionales que hacen funcionar nuestra industria turística.

En algunos de nuestros principales destinos, encontrar alojamiento para esos trabajadores se está convirtiendo ya en un serio problema de competitividad.

Y ahí aparece una paradoja que debería hacernos reflexionar.

Estamos culpando al turismo de la falta de vivienda mientras la falta de vivienda se ha convertido también en un problema para el turismo.

Por eso necesitamos abandonar los eslóganes.

España no tiene que elegir entre residentes y turistas.

Tiene que conseguir que sus ciudadanos puedan acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, continuar siendo uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

Ambas cosas son perfectamente compatibles.

De hecho, durante décadas el turismo ha contribuido precisamente a lo contrario de lo que algunos pretenden hacernos creer.

Ha creado empleo. Ha generado inversión. Ha transformado municipios. Ha financiado servicios públicos a través de impuestos. Ha impulsado infraestructuras, aeropuertos, carreteras y conexiones. Ha permitido desarrollar territorios que tenían muchas menos oportunidades económicas y ha sostenido a cientos de miles de pequeñas empresas y autónomos.

El turismo no es perfecto.

Ninguna industria lo es.

Debe gestionarse, planificarse y adaptarse permanentemente. Allí donde genera externalidades hay que corregirlas. Allí donde existe saturación hay que gestionarla. Allí donde una concentración excesiva de alojamiento turístico altera gravemente el equilibrio residencial hay que actuar.

Pero gestionar el turismo no significa demonizarlo.

Y mucho menos utilizarlo para ocultar problemas que la política lleva años sin solucionar.

Hay incluso otra manera de enfocar este debate.

En lugar de preguntarnos cómo reducimos el turismo para solucionar nuestros problemas, podríamos preguntarnos cómo utilizamos mejor la enorme prosperidad que genera para contribuir a resolverlos.

Un destino turístico no es mejor porque expulse turistas.

Es mejor cuando consigue que la riqueza que genera el turismo mejore también la vida de quienes viven y trabajan en él.

Mejores servicios públicos. Mejores infraestructuras. Mejor movilidad. Regeneración urbana. Formación. Seguridad. Espacios públicos de calidad.

Y, naturalmente, vivienda.

España necesita mucha más vivienda. Pública y privada. En alquiler y en propiedad. Para jóvenes, familias y trabajadores. Especialmente allí donde la actividad económica y el crecimiento demográfico están generando mayor demanda.

Ese es el debate que deberíamos estar teniendo.

Porque ningún joven podrá emanciparse gracias a un discurso contra el turismo.

Ninguna familia pagará menos alquiler porque un ministro encuentre un nuevo culpable.

Y ninguna vivienda aparecerá por arte de magia después de señalar a quienes vienen a conocer nuestro país.

Los problemas complejos requieren políticas serias.

Regulemos donde sea necesario. Persigamos la ilegalidad. Ordenemos mejor nuestros destinos. Hagamos compatible la actividad turística con la calidad de vida de quienes viven en ellos.

Pero dejemos de presentar al turismo como el problema cada vez que somos incapaces de encontrar una solución.

España no tiene un problema llamado turismo.

España tiene un problema de vivienda.

Y después de tantos años, tantas promesas y tantos anuncios, los españoles tienen derecho a exigir algo bastante más útil que otro culpable.

Menos excusas. Más viviendas.