Europa también necesita desenredarse: la simplificación legislativa prometida por Von der Leyen avanza más despacio de lo previsto

El Instituto Juan de Mariana y el CEU CEFAS han presentado esta semana la segunda entrega de Desenredar España, una auditoría de las 598 leyes aprobadas en nuestro país entre 2004 y 2025 que concluye que tres de cada cuatro -453 normas- deberían derogarse, simplificarse o reformarse en profundidad, y que cifra en 90.000 millones de euros anuales el coste directo del exceso regulatorio. Entre sus propuestas figura revisar 99 normas que van más allá de lo que exige el derecho europeo, lo que apunta a que buena parte de la maraña normativa que sufren empresas y ciudadanos nace en Bruselas.

Bruselas sigue legislando más de lo que simplifica

Un estudio de Gesamtmetall, la patronal alemana del metal, calculó que, en 2025, el año en que Ursula von der Leyen prometía una reducción "sin precedentes" de la burocracia, la Comisión impulsó 1.456 actos legislativos -21 directivas, 102 reglamentos y más de 1.300 actos delegados y de ejecución- la cifra más alta desde 2010. Es cierto que la Comisión ha empezado a corregir el rumbo: ha presentado ya doce paquetes ómnibus de simplificación y su programa de trabajo para 2027, anunciado el pasado 4 de noviembre, confirma que continuará con la desregulación (prevé la retirada de 18 propuestas pendientes, la derogación de 14 actos y la revisión incluso de las Directivas de Aves y de Hábitats).

Sin embargo, para muchos Gobiernos el avance es insuficiente. En septiembre, trece Gobiernos europeos encabezados por Austria -entre ellos Alemania, Italia, Dinamarca, Polonia y Portugal- firmaron un documento que propone un año europeo dedicado exclusivamente a aplicar y consolidar la legislación vigente, centrado en simplificar y evaluar la carga acumulada con una "limpieza profunda” para decidir qué normas siguen siendo necesarias. España no figura entre los firmantes.

El informe Draghi ya advirtió de que el exceso de normas frena la competitividad

Mario Draghi lo denunció hace dos años en el informe sobre la competitividad europea que le encargó la propia Comisión. Entre 2019 y 2024, la UE aprobó unos 13.000 actos legislativos, frente a unas 3.500 leyes y 2.000 resoluciones del Congreso de Estados Unidos en el mismo periodo. Draghi vincula ese exceso regulatorio con una brecha de PIB con Estados Unidos que, a precios constantes, ha pasado de poco más del 15% en 2002 al 30% en 2023, y una fuga constante de talento empresarial: de los 147 unicornios fundados en Europa entre 2008 y 2021, 40 trasladaron su sede fuera, la mayoría a Estados Unidos. Draghi señaló expresamente que el enfoque legislativo europeo hacia las empresas tecnológicas frena la innovación y criticó también la carga que suponían las nuevas obligaciones de información y diligencia debida en sostenibilidad.

La respuesta institucional de la Comisión sigue siendo que las normas no se derogan, sino que se actualizan o se sustituyen por otras más modernas que unifican criterios. En cualquier caso, el ritmo de la reducción burocrática es lento: un año después de su informe, el propio Draghi calculaba que apenas se había aplicado en torno al 14% de sus recomendaciones y reprochaba a los dirigentes europeos su "complacencia".

El caso del Reino Unido demuestra que derogar es posible cuando hay voluntad política. Independientemente de la más que cuestionable decisión del Brexit, Londres ha realizado una verdadera “limpieza profunda”: ha inventariado las normas de origen europeo que conservaba - 6.925 - y las ha sometido a revisión norma a norma, informando periódicamente al Parlamento. Según el último informe del Gobierno británico, 2.700 de esas normas han sido ya derogadas o reformadas y el proceso se ha mantenido tanto con Gobiernos conservadores como laboristas. 

El caso de la legislación ambiental

La legislación ambiental es uno de los ejemplos más denunciados del exceso regulatorio. Las directivas de información sobre sostenibilidad y de diligencia debida, aprobadas en 2022 y 2024, obligaban a decenas de miles de empresas a elaborar informes con cientos de indicadores; apenas dos años después, Bruselas ha tenido que modificar la primera para que se aplique solo a compañías con más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación -antes se aplicaba a partir de 250 trabajadores- y la segunda a empresas de más de 5.000 empleados. El reglamento contra la deforestación importada, aprobado en 2023, ha necesitado dos aplazamientos y una reforma para rebajar sus obligaciones antes de llegar a aplicarse por primera vez (previsiblemente entraría en vigor el próximo 30 de diciembre).

El gold plating multiplica la carga legislativa

Al exceso europeo de normativas se suma el que añaden los Estados al trasponer las directivas, lo que en la jerga comunitaria se conoce como gold plating: ampliar el ámbito de aplicación, endurecer los requisitos o sumar trámites que Bruselas no exige. España ha sido alumna aventajada en esta práctica. La Ley 7/2022 de residuos, que trasponía la directiva marco y la de plásticos de un solo uso, aprovechó para crear dos impuestos -sobre los envases de plástico no reutilizables y sobre el depósito e incineración de residuos- y para restringir los plásticos de forma más exigente de lo que contemplaba la propia directiva, de modo que las empresas españolas compiten en el mercado único con requisitos más estrictos.

Por ello, uno de los anuncios más relevantes del programa de la Comisión para 2027 es el pacto contra el gold plating: los Estados deberán ser transparentes sobre los requisitos que añaden al trasponer el derecho europeo y sobre su impacto para las empresas y el mercado único, y se establece un mecanismo de "revisión y eliminación" para suprimir las cargas injustificadas. Este punto ha sido polémico porque el artículo 193 del Tratado permite medidas nacionales más exigentes, pero la realidad es que la propuesta no prohíbe medidas adicionales: solo se pide que se explique qué se añade y qué beneficio aporta.

Conclusión

Un factor clave en la pérdida de competitividad de Europa ha sido la fragmentación interna: según el FMI, las barreras dentro del propio mercado único europeo equivalen a un arancel del 45% para la industria y del 110% para los servicios, cifras muy superiores al arancel general del 10% que Estados Unidos aplica hoy a los productos europeos.

Desenredar España pasa por dejar de usar Bruselas como coartada de las administraciones para esconder sus propias ocurrencias detrás de la excusa "lo exige Europa". Acabar con el gold plating sería una magnífica noticia que pondría fin a una práctica que ha tenido consecuencias muy negativas al convertir una misma directiva en una veintena de regulaciones distintas, en un mercado que pretendía tener reglas comunes.