La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la familia Pujol para su juicio

El convulso proceso judicial contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su esposa y sus hijos -calificados por el instructor como una "organización criminal"- toca a su fin tras años de dilaciones, parones y hallazgos en cuentas en negro en Suiza y Andorra.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz,  ha acordado la apertura de juicio oral contra Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles.

La Audiencia abre la puerta a juzgar a los Pujol: el clan agota sus cartuchos

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del ex president, Marta Ferrusola -a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa-, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la ex mujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.

De esta forma, el instructor ha seguido los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el grupo familiar, pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, reclamando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, hace ya casi un año, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".