Marzà suspende: Un estudiante vasco recibe un 55% más que un valenciano  

Frente a los 8.976 euros por alumno que invierte el País Vasco, la conselleria de Educación valenciana que dirige el nacionalista Vicent Marzà no invierte ni el 55% de esa cantidad. Así al menos queda reflejado en el informe  hecho desde el Sindicato Independiente de Funcionarios CSIF, a nivel nacional.

Así según denuncia esta central sindical, el sistema educativo español ha perdido un total de 6.293 docentes en los últimos cinco años, a una media de tres al día, según consta en el último informe analizado por el Consejo Escolar, correspondiente al curso 2015-2016. Mientras tanto, el alumnado ha crecido en 364.045 (7.747.253 alumnos del curso 2010-2011) frente a los 8.111.298 del último informe.

Según CSIF estos datos deben ponernos en alerta “sobre el retroceso que ha sufrido el  sistema educativo público durante los últimos años, lo que se traduce en pérdida de calidad educativa, pérdida en la equidad y pérdida en las condiciones laborales del personal docente”.

La inversión en educación en el conjunto de las administraciones educativas (datos cerrados a 2016 por parte del propio Ministerio de Educación) se sitúa en los 36.185 millones de euros, cifra que si bien es “levemente superior a la del año anterior, nos coloca en el nivel presupuestario de 2010, lo que nos sitúa fuera de los estándares europeos” según denuncia CSIF.

Con 4.995 euros por  alumno, la Comunidad Valenciana se situar a la cola de la inversión por alumno y año,  con un 55% menos de lo que reciben los alumnos del País Vasco. En el resto de autonomías, el gasto público por alumno es el siguiente: Andalucía (4.510), Aragón (5.372), Asturias (6.435), Islas Baleares (5.592), Canarias (5.017), Cantabria (6.539), Castilla y León (5.981), Castilla-La Mancha (4.591), Cataluña (4.746), Extremadura (5.881), Galicia (6.241), Región de Murcia (4.841), Navarra (6.866) y La Rioja (5.649)

CSIF considera que estas “brutales” diferencias en la inversión que se producen entre comunidades autónomas, rompen “el principio de equidad e igualdad de oportunidades que marca la Constitución Española”.