Pepe, ahora nos vienen a hablar de fondos europeos

Mucho, y no del todo acertadamente, se ha venido hablando de la gran aportación económica que va a hacer Bruselas con el objetivo de paliar los daños económicos generados por la COVID-19. El ya por todos conocido “Plan de Recuperación para Europa” ha visto cómo a nivel administrativo en España ya se están produciendo nombramientos al más alto nivel con el fin de organizar la gestión de estas transferencias de capital.

El Ministerio de Hacienda ha nombrado directora general de Fondos Europeos a Esperanza Teba Samblás; y directora general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a Rocío Frutos Ibor, según publica el BOE de 22 de enero, altas funcionarias que seguro gozan de un amplio conocimiento técnico pero que, sin embargo, mucho me temo que recurriremos a viejos errores endémicos de la estructura española vista desde una perspectiva radial y alejada de los problemas del “milhabitantismo”.

Hablando desde la perspectiva local, la que recoge las quejas vecinales de manera directa con pocos recursos y mucha carga de trabajo, la forma en la que se articulen estos fondos va a ser clave. Un tejido local conocedor de las verdaderas demandas de los vecinos y de aquellos sectores más vulnerables, alejado de los grandes números de Madrid, se revela a todas luces imprescindible para garantizar que los verdaderos receptores del montante económico sean aquellos autónomos, emprendedores, empresas y familias que generen valor añadido en la escala productiva y que la pandemia haya arrasado financiera y comercialmente. Los vecinos quieren soluciones reales a sus problemas reales independientemente de quien los financie.

El apoyo de las diputaciones locales, no solo como entes meramente pagadores, si no como herramientas de gestión centralizada de todos los expedientes representa, a mi juicio, una necesidad imperativa para no provocar el colapso real de los ayuntamientos.

La forma real de articular esta conjunción de entidades,  que no solo recoge los principios fundamentales de cooperación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público si no que también optimiza la gestión, siguiendo con la voluntad legislativa de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y provocaría sinergias de incalculable valor se escapa del contenido de un mero articulo limitativo pero sin lugar a dudas es uno de los grandes retos que tenemos como organizaciones públicas.

Todas las administraciones hemos de ser conscientes de que para vencer esta gran crisis hemos de ceder en aquellas cosas más primarias. El fin no es otro que garantizar que los ciudadanos reciban de nosotros un mejor servicio.

*Economista y Funcionario Habilitado Nacional de la Administración Local