| 28 de Noviembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano y miembro de Compromís, Aitana Mas y demás consellers.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano y miembro de Compromís, Aitana Mas y demás consellers.

El Botànic aprueba cuatro nuevos impuestos más... pero para quien venga después

La tasa turística y los tres impuestos 'verdes' (a los vehículos contaminantes, gases de efecto invernadero y grandes superficies) se aplicarán a partir de 2025.

| Sonia García Edición Valencia

Pagar por las emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes y las grandes superficies que generen movilidad. Estos son los tres nuevos tributos enmarcados en la Ley de Cambio Climático aprobada en el pleno de Les Corts junto con la polémica tasa turística.

Estos impuestos 'verdes' aprobados por el Botànic con el rechazo de todos los grupos de la oposición (PP y Vox votando en contra y Cs absteniéndose) no se aplicarán el próximo año, sino a partir de 2025. Con esta dilatación el tripartito dejará un legado a quienes logren gobernar en la próxima legislatura.

Durante el debate en el pleno de Les Corts, la oposición ha advertido de que con esta ley se está llevando a cabo una invasión de competencias estatales. 

Pese al pacto previo, los socialistas han sorprendido planteando en solitario varias enmiendas para rebajar el impacto fiscal en el sector azulejero, afectado por la crisis energética. Algo que no ha sido de buen recibo para sus socios, quienes han reprochado esta acción y han pedido "coherencia" con el pacto de gobierno. 

El acuerdo de los grupos del Botànic a priori permitía a las empresas desgravarse durante el 100% del impuesto a las emisiones para las empresas que emitan menos de 20.000 kilotoneladas de CO2 al año durante cinco años "siempre y cuando hagan inversiones potentes en eficiencia energética orientadas al control, prevención y corrección de la contaminación certificadas medioambientalmente por una entidad acreditada". También se estableció una moratoria para su aplicación a partir del 1 de enero de 2025.

Con la Ley de Cambio Climático se espera reducir las emisiones hasta un 40% en 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050. Contempla mecanismos para agilizar la implantación de instalaciones renovables promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o ayuntamientos, junto a la creación de una red pública de puntos de recarga y la introducción de la educación ambiental en el currículo escolar.

Siete años de debate para la tasa turística

La tasa turística se ha aprobado también durante el pleno de Les Corts Valencianes con los votos de los tres grupos del Botànic. Un hito que llega después de siete años desde el primer momento en el que fue planteada en 2015.

De nuevo, PP, Ciudadanos y Vox han insistido en su rechazo a la tasa. La portavoz popular, María José Catalá, ha recordado que el sector no está de acuerdo y que este impuesto no debería haberse planteado nunca; Ruth Merino (Cs) ha considerado que la tasa es una "puñalada trapera" al turismo y que nace de la "turismofobia" y Ana María Cerdán (Vox) ha aseverado que el impuesto tiene "afán recaudatorio".

No solo la oposición está en contra de la tasa turística, también el propio Ximo Puig, quien no se ha sumado a los aplausos en el pleno después de haber manifestado en diversas ocasiones que no es el momento para aplicar el tributo. También el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, que ha promovido campañas en contra del impuesto y llegó a amenazar con presentar su dimisión, aunque por el momento no lo ha hecho. De este modo, se ha puesto el punto y final a la tramitación parlamentaria de esta iniciativa que sale adelante más para contentar a los socios del Botànic que por consenso.

La tasa turística, tampoco se hará efectiva durante esta legislatura; se aplicará a partir de 2024 y a petición de los socialistas tendrá una moratoria de un año. El máximo se ha fijado en dos euros por noche y el mínimo en 50 céntimos por pernoctación. Serán los municipios quienes decidan si la aplican en su jurisdicción o prescinden de ella.