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Vivienda adjudicó a Crespo Gomar con una cronología "incoherente e imposible"

El Ministerio de la Vivienda que en 2009 dirigía Beatriz Corredor resolvió un contrato con Crespo Gomar con una “cronología incoherente e imposible” según el perito judicial.

| Vicente Climent Edición Valencia

El informe del perito judicial que ha estudiado la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc en período electoral -al que ha tenido acceso ESdiarioCV- concluye respecto de determinadas adjudicaciones que “algunas de las empresas han obtenido contratos públicos en procesos de licitación en los que se han detectado la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito”.

Así lo explicita la Fiscalía Provincial de Madrid en el informe que eleva al Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, competente para el caso de la presunta adjudicación irregular del contrato de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de la Vivienda 2009-2012, adjudicado por el Ministerio de la Vivienda a la empresa Crespo Gomar SL por importe de 126.208 euros.

El informe del perito

El informe realizado durante la instrucción por un interventor de la Intervención General del Estado (IGE) en funciones de perito judicial, a petición del Juzgado 21 de Valencia, extrae del expediente de contratación las siguientes conclusiones:

  • el contrato se licita bajo la forma de urgente declarada por el Director del Gabinete de la Ministra (de la Vivienda). “Más que una urgencia parece una imprevisión”, dice el perito, que añade que “incluso el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señala que no se cumple la motivación que requiere la Ley en casos de urgencia. La duración no se prevé, únicamente se señala que “deberá ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008””.

  • no consta en el expediente el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación.

  • pese a la existencia de documentación incorrecta de las empresas licitadoras no se espera a subsanar ésta para abrir la documentación técnica. En los oficios de remisión para estudio técnico se hace referencia a una empresa que no licitó en este contrato.

  • se procede a la apertura de la oferta económica sin disponer de los informes técnicos

  • una de las ofertas se encuentra en baja temeraria. Se le requiere y se acaba considerando no admisible. Pero la mesa y el órgano de contratación se refieren a un informe que en teoría lo justifica no considerando ni suficiente ni satisfactoria la explicación de baja ofertada, pero ese informe no obra en el expediente examinado.

Cronología “incoherente e imposible”

Buena parte de las conclusiones del perito judicial se basan sin embargo en los plazos con el que se suceden los hechos, que le sorprenden hasta concluir que “toda esta cronología resulta incoherente e imposible”. Hela aquí:

  • El informe técnico y la mesa que propone adjudicación provisional a Crespo Gomar SL está fechado el 11 de diciembre.

  • Se fija mesa para la propuesta definitiva para el 29 de diciembre. Se hace ese día, se firma el contrato también ese día, y se sigue manteniendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre.

  • El acta de recepción es de 30 de diciembre y la factura y la conformidad. Y la solicitud de recepción a la IGAE se hace antes de la adjudicación a nombre de la empresa. “Todo ello no resulta razonable”.

  • La copia del contrato la remite el Ministerio a la empresa el 8 de enero, con registro de salida el día 9.

  • El bastanteo de poderes del Abogado del Estado se hace el 5 de enero de 2009 y se recibe en el Ministerio el día 7. En teoría sin el bastanteo no se puede formalizar el contrato. En él se dice que el bastanteo se hizo el 29 de diciembre.

Cinco contratos más

El perito declara como objeto de su investigación seis contratos licitados de 2005 a 2010, cinco de ellos de creación publicitaria y el sexto de suministros para recibir información ciudadana, dos de ellos tramitados por los ministerios de la Vivienda y Sanidad, otro por el Ayuntamiento de Benidorm, y el resto por Acuamed/Aguas del Júcar. Crespo Gomar es adjudicataria de cuatro de ellos, siendo los otros dos para dos empresas con “diversas vinculaciones con la primera” según el perito.