Proponen que los Inspectores de educación tengan rango de autoridad

Tras la polémica surgida estos días con Escola Valenciana y la Plataforma per la Llengua, como impulsoras de la agenda escolar repartida gratuitamente en unas 60 escuelas (entre las que hay varias de la provincia de Alicante) de lo que denominan de los "Països Catalans”, el Partido Popular ha movido ficha legislativamente hablando.

Los diputados populares, tanto nacionales como autonómicos, han registrado en Les Corts y en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para que se dote de más autoridad, a la Alta Inspección Educativa.

Así, en el texto, que ahora buscará especialmente el apoyo de los representantes de Ciudadanos, se recogen  las denuncias “de adoctrinamiento en las aulas” llegadas a los inspectores de educación de Cataluña, pero también “de las comunidades de Valencia y Baleares” sobre casos de acoso escolar, “cuyas víctimas son menores de edad, por no compartir iniciativas de apoyo a la secesión catalana”.

La  PNL denuncia como hechos “muy graves” y de “trato vejatorio”, el que se estén “identificando y catalogando” a estos alumnos. A juicio de los populares “resulta muy grave que las víctimas del acoso sean niños, que no tienen aún capacidad de decisión, ni son responsables de lo que sucede en su entorno”. Y todo ello prosiguen, “sin perjuicio de que se trate de algunos profesores, directores o inspectores que han hecho un uso indebido o una omisión deliberada de su tarea como educadores, lo que de ninguna manera puede mermar la consideración del colectivo de docentes”.

Con el fin, que se pueda actuar de forma “rápida y pertinente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad” el grupo popular del Congreso  y de Les Corts, solicita entre otras medidas, “que los funcionarios del estado, de la Alta Inspección, “gocen de la consideración de autoridad pública”, y que actuando, ya sea de parte o de oficio, “realicen requerimientos e inspecciones en centros educativos”.

Según recuerda el texto de la PNL, que en el caso de la Comunidad Valenciana deberá someterse a la consideración del plenario en unos quince días, la Alta Inspección educativa, no tiene potestad de supervisar centros, ni el trabajo que los docentes realizan en cada autonomía, ya que esta función es competencia de la función de la inspección de educación de cada comunidad autónoma, recogida en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación. Para su aprobación se necesita la mayoría simple de la cámara. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Inspección General de Educación es una unidad dependiente de la Secretaría Autonómica de Educación, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo que dirige Miguel Soler. Casualmente, Soler fue en su día Director de la Alta Inspección de Educación del Estado, en la Comunitat Valenciana.