El Falcon de la opacidad: 22 vuelos a Suiza sin explicación y un patrón que se repite desde 2021

Siguen apareciendo informaciones que comprometen al Gobierno en el uso del Falcon, el avión presidencial pagado con dinero público. La última, publicada este mismo día por The Objective y firmada por Enrique Morales, eleva el listón de la polémica: 22 vuelos del Falcon a Suiza en los últimos cinco años, la mayoría sin justificación oficial ni rastro en agendas públicas. Un destino, además, especialmente delicado por su histórico vínculo con la opacidad financiera y por ser escenario de negociaciones políticas de alto nivel.

La investigación se apoya en el seguimiento de rutas aéreas y en el contraste con agendas oficiales, movimientos militares y registros públicos. El resultado es inquietante: una parte sustancial de los desplazamientos no tiene respaldo documental, ni explicación razonable accesible a los ciudadanos. “Puede haber una razón legítima, pero no se explica”, subraya Morales. Y cuando no se explica, crece la sospecha.

Suiza, un destino “especial”

No se trata de vuelos a París o Londres. Suiza —aunque haya avanzado en transparencia— sigue siendo un país con un estatus singular en materia bancaria. Además, ha sido escenario de contactos con el independentismo catalán, y alberga a figuras políticas relevantes vinculadas a ese entorno. Todo ello convierte cada desplazamiento no explicado en una pregunta incómoda.

Los datos son aún más llamativos si se mira el calendario: en 2021 y 2022 la opacidad es mayor, y en 2020, año de la pandemia y de los contratos de emergencia, el 100% de los vuelos a este destino carecen de explicación pública. Demasiadas coincidencias para despacharlas con un encogimiento de hombros.

República Dominicana: el precedente

La polémica no nace hoy. Hace apenas unos días, el mismo periodista destapaba viajes recurrentes a República Dominicana, con un 43% de vuelos sin documentar desde 2021. En el caso de Suiza, el porcentaje sube hasta el 70%. Y no vale el argumento del simple repostaje: los tiempos de estancia —de horas o incluso días— descartan esa coartada técnica.

Más aún: los aterrizajes se concentran en aeropuertos secundarios como La Romana o Bocachica, no en los grandes hubs internacionales. Zonas vinculadas a resorts y a intereses empresariales concretos, algunos relacionados con Plus Ultra, aerolínea cuyo rescate sigue bajo sospecha. No es una acusación; es un dato. Y los datos, cuando se repiten, construyen patrones.

Transparencia cero, sospechas al alza

Nadie habla aquí —insisten los investigadores— de corrupción probada. Se habla de transparencia, o mejor dicho, de su ausencia. Un avión presidencial no es un jet privado. Cada vuelo debería estar justificado, documentado y explicado. Bastaría una comparecencia, una respuesta en el Congreso o una nota oficial detallando quién viaja, por qué y con qué objetivo. Pero no ocurre.

Y cuando el Gobierno calla, las especulaciones ocupan el vacío. Más aún cuando el Ejecutivo arrastra múltiples causas judiciales, escándalos previos y episodios nunca aclarados, desde rescates empresariales controvertidos hasta encuentros internacionales envueltos en sombras.

El derecho a saber

La pregunta es sencilla y legítima: ¿para qué se han usado esos vuelos? ¿Quién iba a bordo? ¿Qué interés público los justifica? Ampararse de forma sistemática en la seguridad nacional para decenas de viajes a dos destinos “sensibles” no resulta creíble para una ciudadanía que paga la factura.

El sentido común apunta a que si no hubiera nada que ocultar, se explicaría con normalidad. Pero no se hace. Y esa es la raíz del problema. Porque la opacidad no protege al Gobierno: lo desgasta. Y porque, cuando se trata de dinero público y de medios del Estado, los ciudadanos no solo pueden preguntar: tienen derecho a exigir respuestas.