La Justicia investiga los lujos, gastos ocultos y excesos de Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Pedro Sánchez está a punto de recibir un nuevo varapalo judicial por un asunto que lleva más de dos años persiguiéndole como una sombra incómoda: sus vacaciones. Y no unas vacaciones cualquiera, sino 88 días de descanso distribuidos entre 2020 y 2023 en las residencias más exclusivas del Estado: Las Marismillas (Doñana), La Mareta (Lanzarote) y Quintos de Mora (Toledo).

El problema ya no es que el presidente del Gobierno y Begoña Gómez disfrutaran de estas estancias con toda su amplitud de comodidades; el problema es que no quiere explicar cuánto costaron ni quién le acompañaron, a pesar de estar obligado legalmente a hacerlo.

Según una investigación de Antonio R. Naranjo en El Debate, Moncloa lleva dos años desobedeciendo las resoluciones del Consejo de Transparencia, una institución independiente cuya orden —revelar gastos y acompañantes— se hizo firme al no ser recurrida.

Ese desacato administrativo, reiterado y sin justificación creíble, ha acabado por elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ahora deberá decidir si obliga al presidente a mostrar la información que ha mantenido sepultada desde agosto de 2020.

Cuando Transparencia exigió los datos, Moncloa respondió con un papel en el que solo figuraban los destinos y el número de días. Nada más. Ni un euro de gasto, ni un nombre, ni una relación de huéspedes.

Una respuesta calculada para ganar tiempo y evitar el verdadero núcleo del asunto: con quién viajó Sánchez, quién se benefició de alojarse en palacios del Estado… y cuánto pagaron los españoles por ello.

La excusa oficial fue que recopilar cuatro años de información “paralizaría” la actividad del Gobierno.

El Consejo de Transparencia desmontó el argumento con un solo párrafo: se trata de trece estancias en cuatro destinos, una tarea perfectamente asumible para cualquier administración.

Y añadió algo más: la obligación de detallar el nombre, el cargo o el vínculo personal de los acompañantes del presidente.

Ante la negativa continuada,  el caso ya están en el TSJM.

Para los expertos, el principio es claro: quien usa recursos públicos debe rendir cuentas públicas. Y eso incluye saber quién duerme, veranea o viaja en las residencias costeadas por todos.

Especialmente cuando hay precedentes delicados: Pedro Sánchez ha evitado aclarar quiénes viajaban con él en 122 vuelos del Falcon, en algunos casos coincidiendo con figuras vinculadas a escándalos que afectan al propio Gobierno.

Moncloa mantiene un férreo mutismo sobre la última estancia de Sánchez en La Mareta, donde coincidieron su esposa, sus dos hijas; sus padres; y familiares políticos.

La explicación para no dar detalles ha sido que el presidente “traslada su domicilio familiar” a esas residencias oficiales.

Pero eso no resuelve la pregunta clave: ¿quiénes se alojan allí a costa del contribuyente?

Y es precisamente ese punto —la opacidad sobre el uso privado de bienes públicos— el que ha llevado la batalla al tribunal.

El Falcon como vehículo “multitarea”

La investigación destapa además una práctica consolidada: mezclar actos de partido con actos oficiales para justificar el uso del Falcon.

Así ocurrió en 2023, cuando Sánchez viajó a la Cumbre Iberoamericana acompañado de 25 personas, entre ellas Begoña Gómez, aprovechando que ese desplazamiento coincidía con un foro de la Internacional Socialista, que él preside.

Lo mismo ha sucedido con viajes a eventos culturales como el concierto de despedida de Serrat o la entrega del Premio Donosti a Almodóvar.

Solo tras la presión judicial Moncloa admitió que Begoña Gómez había volado en el Falcon en viajes estrictamente personales.

El contraste entre los discursos públicos de Sánchez —“Transparencia y punto”— y la realidad administrativa es cada vez más evidente.

Desde 2020 presume de rendición de cuentas y de una España “abierta y moderna”, pero mientras tanto mantiene bloqueada la información sobre sus vacaciones, sus acompañantes y los costes derivados.