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La aparición de imágenes de funcionarios retirando trozos de vía y las nuevas revelaciones sobre fallos conocidos en la seguridad ferroviaria agravan la crisis de ADIF y del Ministerio.

La aparición de imágenes de funcionarios retirando trozos de vía y las nuevas revelaciones sobre fallos conocidos en la seguridad ferroviaria agravan la crisis de ADIF y del Ministerio.

Las fotos de la Guardia Civil sobre Adamuz cercan a Óscar Puente y disparan el escándalo en Transportes

La aparición de imágenes de funcionarios retirando trozos de vía y las nuevas revelaciones sobre fallos conocidos en la seguridad ferroviaria agravan la crisis de ADIF y del Ministerio.

Luis Sordo
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La tragedia ferroviaria de Adamuz sigue creciendo como escándalo político y judicial. Lejos de apagarse, el caso suma ahora un nuevo episodio explosivo tras la publicación de unas fotografías que, según ha desvelado El Debate, mostrarían a funcionarios de Transportes retirando trozos de vía de la zona del siniestro, presuntamente saltándose además el precinto policial.

Se trata de una revelación de enorme gravedad. No solo por lo que implica en plena investigación de un accidente con 46 fallecidos, sino porque añade nuevas sospechas sobre la gestión posterior al siniestro y sobre la posible manipulación de elementos que podían resultar esenciales para esclarecer lo ocurrido.

La gran cuestión ya no es solo qué falló antes del accidente, sino también qué se hizo después y bajo órdenes de quién.

Las imágenes que vuelven a incendiar el caso Adamuz

Las fotografías conocidas colocan todavía más presión sobre el Ministerio de Transportes y sobre ADIF. Si se confirma que esos fragmentos de vía fueron retirados de una zona ya intervenida por la Guardia Civil, el golpe sería demoledor para la versión oficial y para la credibilidad de los responsables del área.

Porque no se trata de un detalle menor. El material ferroviario afectado por un accidente debe quedar preservado para facilitar la investigación técnica y judicial. Cualquier actuación fuera de ese marco abre un escenario muy delicado y obliga a aclarar de inmediato quién tomó la decisión, quién la ejecutó y con qué justificación.

Las imágenes, además, refuerzan la tesis de la Guardia Civil, que viene aportando indicios, informes y pruebas en una dirección muy distinta a la que intenta sostener ADIF. Frente al discurso gubernamental que tantas veces despacha las críticas como bulos o campañas interesadas, los investigadores estarían documentando hechos concretos.

ADIF y Guardia Civil chocan por la causa del siniestro

En paralelo a esta nueva polémica, sigue abierta la batalla entre ADIF y la Guardia Civil. Los informes conocidos del Instituto Armado apuntan a una posible negligencia clara en el estado de la vía y en los sistemas de control. ADIF, por el contrario, intenta poner en cuestión esas conclusiones y rebajar el alcance de las responsabilidades.

En esa línea se sitúan las declaraciones del presidente de ADIF, que ha corregido públicamente a la Guardia Civil al asegurar que aún no existen pruebas concluyentes sobre la rotura de la vía. Una afirmación que contrasta con los informes adelantados semanas atrás, en los que se indicaba que la fractura del carril pudo haberse producido hasta un día antes del accidente.

Ese dato es esencial. Porque, de confirmarse, significaría que el riesgo existía con antelación suficiente como para haber sido detectado y corregido antes de que se produjera la tragedia. Y eso llevaría la investigación a un terreno muy comprometido para Transportes: el de las negligencias previas evitables.

Transportes sabía desde 2022 que su sistema no detectaba roturas

A este escenario se añade otra información especialmente comprometedora. ESdiario publicó en los últimos días, a través de una exclusiva de Francisco Mercado, que Transportes sabía desde 2022 que su sistema no detectaba roturas de carril.

La documentación revelada resulta demoledora. En ella se recoge que el circuito de vía TTC no tenía como requisito detectar ese tipo de fracturas. Dicho de otro modo: había constancia técnica de una limitación crítica en el sistema de control, pero no se adoptaron medidas eficaces para corregirla.

Esto agrava de forma notable la posición del Ministerio. Ya no se trataría únicamente de un accidente puntual o de una fatalidad, sino de una amenaza conocida con antelación que no fue atendida como debía. Es precisamente ahí donde el caso Adamuz adquiere una dimensión política de primer orden.

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