Marlaska se refugia en la “ley Feijóo” mientras el Gobierno deja vendidos a los policías ante la okupación

La polémica vuelve a rodear al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. En plena preocupación ciudadana por la inmigración ilegal, la inseguridad y la okupación, una nueva instrucción vinculada al desalojo exprés ha provocado un profundo malestar entre sectores policiales, que ven en el documento una maniobra política más que una solución real al problema.

Así lo denunció en ESpolítica, el espacio de análisis de ESdiario, el subinspector de Policía Alfredo Perdiguero, que cargó duramente contra una instrucción de Interior que, según afirma, llega “sin firma ni sello” y deja a los agentes “a los pies de los caballos”.

“Indignado como cualquier policía”, resumió Perdiguero al explicar el sentir de muchos agentes ante una instrucción que, según asegura, alude a la conocida como “ley Feijóo”, una propuesta del Partido Popular sobre el desalojo exprés de okupas, pero sin ofrecer una cobertura jurídica clara a quienes tendrían que aplicarla en la calle.

Interior cita al PP en una instrucción policial

La clave de la polémica, según Perdiguero, está en que el documento haría referencia expresa a una iniciativa del PP, incluso con las siglas del partido, para orientar la actuación policial ante casos de okupación. Algo que el mando policial considera insólito.

“Es la primera vez que vemos en democracia que un partido hace alusión en una instrucción a otro partido o al partido de la oposición para poder hacer o dejar hacer”, denunció. Para Perdiguero, el Gobierno estaría reconociendo de facto la necesidad de una fórmula de desalojo exprés, pero sin asumir políticamente ni jurídicamente la responsabilidad de impulsar una reforma legal completa.

El problema, subrayó, es que los policías deben actuar con “absoluta neutralidad política e imparcialidad”, tal y como recoge la normativa que regula a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por eso considera especialmente grave que una instrucción formativa cite una propuesta partidista como referencia de actuación.

“Si algo sale mal, responde el policía”

Perdiguero insistió en que el principal riesgo es para el agente que interviene. Según explicó, si una actuación acaba judicializada, la responsabilidad penal no recaería sobre quien elaboró o difundió la instrucción, sino sobre el policía que ejecutó el desalojo.

“Contra quien se va penalmente en caso de una actuación ilícita es contra el policía que obedece, no contra el mando que da la orden”.Alfredo Perdiguero

A su juicio, Interior debería haber impulsado una reforma legal clara, con respaldo judicial y procesal, en lugar de distribuir un documento que, según denuncia, deja margen a la inseguridad jurídica. “Lo que pedimos es algo más que un mero papel”, afirmó.

La okupación, una preocupación creciente

Durante la entrevista, Perdiguero defendió que la okupación es un problema real en numerosas ciudades españolas y criticó que determinados sectores de la izquierda minimicen su impacto. Puso como ejemplo el caso de una mujer de 91 años que, según relató, habría tardado cuatro años en recuperar su vivienda.

El policía reclamó una reforma del Código Penal para endurecer el delito de usurpación y dar a los agentes herramientas reales para intervenir. “Que modifiquen el Código Penal”, pidió, antes de acusar al Gobierno de actuar con cálculos electorales.

Desde ESdiario se planteó también una lectura política de la jugada: si el desalojo exprés funciona, Marlaska podrá presentarlo como una medida de Interior; si fracasa, siempre podrá señalar que se trataba de la “ley Feijóo”. Perdiguero coincidió con ese diagnóstico y denunció que “nadie firma el documento” y, por tanto, “nadie es responsable políticamente”.

La regularización masiva, el otro frente

La conversación abordó también otro asunto especialmente delicado: la regularización de inmigrantes. Perdiguero aseguró que desde ámbitos policiales ya se había advertido del alcance de esta medida y citó estimaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que, según él, apuntarían a que podrían verse beneficiadas hasta 1,25 millones de personas.

El subinspector criticó que no se haya contado suficientemente con policías ni expertos en extranjería para diseñar la norma y puso el foco en un aspecto concreto: la situación de personas extranjeras con antecedentes policiales o penales. A su juicio, cualquier proceso de regularización debería excluir de forma clara a quienes hayan cometido delitos o acumulen antecedentes.

“¿Por qué motivo quieren delincuentes extranjeros en España?”, se preguntó, insistiendo en que el debate no debe centrarse en quien viene a trabajar, sino en quienes puedan aprovecharse del sistema o reincidir delictivamente.

Expulsiones que no se ejecutan

Perdiguero aportó además cifras sobre órdenes de expulsión que, según su exposición, reflejarían un serio problema de ejecución. Aseguró que en 2024 hubo más de 51.000 órdenes de expulsión y que solo se ejecutó una parte minoritaria. También afirmó que en 2025 el porcentaje de expulsiones efectivas habría sido aún más bajo.

El motivo, según explicó, estaría en la falta de documentación o en la negativa de algunos países de origen a reconocer a sus nacionales cuando llegan indocumentados. En ese contexto, alertó de que los nuevos procesos de regularización podrían facilitar documentación a personas que antes no estaban identificadas, pero sin que ello garantice después una expulsión efectiva si procede.

Las ONG y los certificados de vulnerabilidad

Otro de los puntos más duros de la entrevista llegó al hablar de los certificados de vulnerabilidad. Perdiguero sostuvo que algunas ONG estarían gestionando documentos que pueden abrir la puerta a ayudas o trámites administrativos, pero sin capacidad suficiente para comprobar la veracidad de todo lo presentado.

El policía denunció que la saturación de Extranjería, las solicitudes de asilo pendientes y la acumulación de expedientes por arraigo pueden generar un cuello de botella que derive en situaciones fraudulentas o difíciles de controlar.

Marlaska, otra vez en el centro de la tormenta

La entrevista dejó una conclusión clara: para Perdiguero, Interior vuelve a actuar tarde, mal y con una enorme carga política. En el caso de la okupación, porque pretende apoyarse en una propuesta del PP sin ofrecer a los agentes un marco jurídico sólido. Y en materia migratoria, porque impulsa una regularización de gran alcance sin resolver antes el problema de los antecedentes, las expulsiones pendientes y la identificación real de quienes solicitan acogerse al proceso.

Marlaska queda así nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, acusado de buscar una salida a dos de los asuntos que más preocupan a los españoles —la okupación y la inmigración irregular— con medidas que, según denuncian desde el ámbito policial, pueden acabar dejando solos a quienes tienen que aplicar la ley en la calle.