El Juez Portillo retrata el expediente a Peinado: “Migajas” del CGPJ al Gobierno y un golpe a la imagen de la Justicia

El magistrado Fernando Portillo advierte en ESdiario TV de que la decisión contra el juez que investiga a Begoña Gómez “parece decidida conforme a criterios puramente ideológicos” y no tendrá efectos reales sobre la causa

El expediente al juez Juan Carlos Peinado ya es una realidad política antes incluso de que pueda ser una realidad disciplinaria. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria la polémica frase del magistrado sobre los escoltas de Begoña Gómez, en una votación partida en dos bloques y resuelta por el voto de calidad de Isabel Perelló.

Una decisión que llega tras un fin de semana de presión máxima desde el Gobierno, con ministros y dirigentes socialistas cargando contra el instructor del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. Y una decisión que, según el magistrado Fernando Portillo, deja una imagen muy preocupante del órgano de gobierno de los jueces.

Portillo: “El Consejo ha dado migajas a quienes reclamaban sangre”

En una entrevista en ESdiario TV, Portillo no se mordió la lengua al analizar el movimiento del CGPJ. A su juicio, el Consejo se encontraba “abocado” a responder a las acusaciones de corporativismo lanzadas contra el Poder Judicial y ha optado por salir al paso con una decisión de fuerte carga simbólica.

“Ha salido al paso concediendo, podemos decir así, estas migajas a aquellos que efectivamente estaban reclamando sangre por la decisión del juez Peinado”, afirmó el magistrado.

Portillo quiso, eso sí, poner el foco donde está jurídicamente el asunto: el expediente no se abre por las medidas cautelares adoptadas contra Begoña Gómez, sino por una frase concreta del auto, en la que Peinado apuntaba a la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta pudieran colaborar, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, en una eventual fuga que impidiera que la acusada quedara a disposición de la Justicia.

Esa frase es la que ha provocado la reacción del CGPJ. Pero para Portillo, el problema de fondo es mucho más grave: la sensación de que una cuestión técnica ha terminado contaminada por la política.

“Parece decidido por criterios ideológicos”

El magistrado lamentó que un asunto que debería limitarse a comprobar si existen indicios de falta disciplinaria haya acabado proyectando una imagen de bloques políticos dentro del Consejo.

“Me produce tristeza que una cuestión que en principio debería ser técnica parezca decidida conforme a criterios puramente ideológicos, según te hayan puesto los vocales del Partido Socialista o del Partido Popular”, denunció.

Sus palabras resumen el gran problema que vuelve a sobrevolar sobre el CGPJ: la sospecha de que el órgano de gobierno de los jueces actúa condicionado por la lógica partidista. Y, en este caso, con una celeridad especialmente llamativa.

Porque la secuencia ha sido fulminante: presión del Gobierno, convocatoria urgente, reunión de la Permanente y decisión de activar la vía disciplinaria. Todo ello mientras el caso Begoña Gómez sigue su curso judicial y mientras Moncloa intenta convertir la polémica sobre los escoltas en el centro del debate para desplazar el contenido del auto de Peinado.

El expediente no afecta al caso Begoña Gómez

Portillo también dejó claro un punto fundamental: la apertura del expediente no tiene consecuencias sobre el procedimiento judicial. Es decir, no tumba las decisiones adoptadas por Peinado ni altera las medidas cautelares ni condiciona lo que tenga que resolver la Audiencia Provincial de Madrid.

“Consecuencias sobre el procedimiento, ninguna”, explicó el magistrado. “El procedimiento que está en curso, las medidas que ha adoptado, siguen manteniéndose en vigor”.

A partir de ahora se abre una tramitación con plazos, alegaciones y posibles diligencias. Será el Promotor de la Acción Disciplinaria quien tenga que valorar si existe base para sancionar al juez. Pero Portillo fue incluso más allá y anticipó que el expediente difícilmente tendrá recorrido efectivo.

Según explicó, Peinado se jubilará antes de que pueda culminar el procedimiento disciplinario. Y una vez jubilado, al dejar de pertenecer a la carrera judicial, ya no podría ser sancionado como miembro de ella.

“Esto se va a ir prolongando durante una serie de meses y ya podemos vaticinar que no habrá nunca sanción”, afirmó.

Por eso habló de “migajas”: mucho ruido político, mucha escenificación institucional, pero escasa eficacia real.

El precedente y la sombra de la presión política

Preguntado por si había visto algo parecido, Portillo recordó que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano nombrado por los partidos políticos y que, por tanto, “bebe también de los defectos del sistema partidista”.

El magistrado citó el caso de la niña Mari Luz, cuando desde el Gobierno se pidió actuar contra un juez y se acabó abriendo un expediente disciplinario que finalmente fue archivado. Pero subrayó que lo más llamativo ahora no es solo la apertura del expediente, sino la rapidez con la que se ha producido.

“Lo que nunca había pasado es esa celeridad”, advirtió. “Parece que se está respondiendo al impulso político, al chasquido de los dedos del ministerio”.

La expresión resume el fondo de la polémica: un CGPJ dividido, una presidenta que deshace el empate con su voto de calidad y un Gobierno que ha puesto toda la carne en el asador para señalar al juez que investiga a Begoña Gómez.

Moncloa cambia el foco: del auto de Begoña al juez Peinado

La ofensiva del Ejecutivo tiene una lectura evidente. El auto de Peinado es especialmente incómodo para el Gobierno porque sitúa de nuevo a Begoña Gómez en el centro de la tormenta judicial. Y, ante ese escenario, Moncloa ha optado por desplazar el debate: no hablar del fondo de la causa, sino del juez.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, volvió a aparecer en un medio afín mientras el CGPJ deliberaba. El mensaje era el mismo que ha repetido el Gobierno durante todo el fin de semana: cargar contra Peinado y convertir la frase sobre los escoltas en el eje de la conversación pública.

Pero el expediente no borra el caso. No afecta al procedimiento. No cambia las decisiones judiciales ya adoptadas. Y tampoco despeja las preguntas que siguen pesando sobre Begoña Gómez.