El juez Villegas alerta de un posible "coladero" para los presos de ETA y exige más control

El juez Villegas ha puesto el foco en el riesgo de que la flexibilidad de la legislación penitenciaria se utilice para favorecer a presos de ETA por razones políticas. En su nueva intervención en "ES de Ley", el programa de los sábados de ESdiario TV, el magistrado reclama decisiones individualizadas y controles más claros para evitar que las medidas de reinserción se conviertan en recompensas ajenas a la ley.

Su advertencia llega con motivo del decimoquinto aniversario del anuncio del cese de la actividad terrorista. Villegas recuerda que aquel comunicado del 20 de octubre de 2011 no supuso la disolución de ETA, anunciada el 3 de mayo de 2018, ni extinguió las responsabilidades de sus integrantes por los crímenes cometidos.

Sin deuda política

"Esto no es como si firmáramos un tratado de paz con un ejército extranjero", sostiene. El juez rechaza presentar el final de ETA como un acuerdo entre partes equiparables y defiende que el Estado no contrajo una deuda política con quienes decidieron dejar de asesinar.

Recuerda los centenares de asesinatos pendientes de esclarecer y exige mantener la investigación de los delitos que puedan perseguirse. Admite que puede haber casos prescritos o dificultades para reunir pruebas, pero insiste en que esos obstáculos no justifican renunciar a buscar a los responsables. Atribuye el final del terrorismo a la presión de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el conjunto del Estado de derecho.

Caso por caso

La intervención se adentra después en los acercamientos de presos al País Vasco y en la gestión penitenciaria vasca. Villegas sostiene que el destino de cada interno y las medidas que se le concedan deben responder a su situación personal, a su evolución y a los requisitos legales, en lugar de integrarse en una política de recompensas a la organización terrorista.

El magistrado menciona los apoyos de EH Bildu al Gobierno al explicar el contexto político de su preocupación. Sin embargo, cuando se pregunta si se están concediendo ventajas indebidas, delimita el alcance de su denuncia: "Yo no lo sé". Reclama examinar con lupa si existe un trato más favorable en las prisiones vascas y comprobar los datos antes de extraer conclusiones.

El artículo 100.2

Uno de los puntos centrales de su análisis es el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este precepto permite combinar aspectos de distintos grados de clasificación dentro de un programa específico de tratamiento. No establece una reducción automática de la condena: la medida puede ejecutarse de inmediato, pero necesita la posterior aprobación del juez de vigilancia.

Villegas advierte de que una herramienta flexible puede convertirse en un "coladero" si se utiliza para beneficiar a condenados que no cumplen las condiciones que justifican su aplicación. Su crítica se dirige al eventual uso político de la norma, no a impedir las medidas de reinserción que correspondan legalmente a cada preso.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo también ha cuestionado esta fórmula. En una denuncia publicada en abril, alertó del riesgo de que funcione como una vía encubierta de acceso a condiciones propias del tercer grado y reclamó reforzar el control judicial y la participación de las víctimas.

Más claridad legal

El juez reconoce que las decisiones penitenciarias están sometidas a revisión judicial y recuerda que los tribunales han rechazado algunas. Su objeción es que el control resulta más difícil cuando la regulación deja un margen excesivamente amplio a la Administración: "El riesgo de abusos existe".

Por eso propone revisar la legislación. "No quiero decir más severa", precisa, antes de reclamar que sea "más clara, más fácil de controlar, más objetiva". Su planteamiento busca reducir las zonas grises para distinguir las decisiones fundadas en la reinserción de aquellas que pudieran responder a intereses políticos.

Independencia y Constitución

Villegas también establece una distinción entre defender la independencia y tratar de conseguirla fuera de la legalidad. Considera legítima la aspiración independentista dentro de la libertad de expresión, pero advierte de que el carácter pacífico de una iniciativa no basta para hacerla conforme a derecho: "Que sea pacífica no lo legaliza".

El magistrado sostiene que una eventual separación territorial tendría que seguir las vías constitucionales y recuerda las consecuencias judiciales del proceso independentista catalán de 2017. Critica la posterior amnistía y rechaza que de ella pueda deducirse una garantía de impunidad para nuevos desafíos. Su aviso final es que ni el abandono de la violencia borra las responsabilidades por los crímenes de ETA ni un objetivo político permite situarse por encima de la ley.